Bill Clinton fue gobernador de un pequeño estado, Arkansas. Saltó a la presidencia de los Estados Unidos y, durante los primeros tiempos, continuó con un estilo de conducción centralizado y personalista, obsesionado por los detalles insignificantes, decidido a seguir tratando a todos los hombres comunes que se le acercaban.
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Al cabo de un tiempo, entendió que el Estado de una nación es demasiado complejo como para estar en las manos de un solo hombre y que la permanencia de ese estilo no les hacía bien a los Estados Unidos ni a los norteamericanos ni al propio presidente. Delegó funciones en sus ministros (que para eso están) y se reservó la fijación de las líneas fundamentales del gobierno y el seguimiento de los problemas más críticos. Sin embargo, Clinton conserva ahora, en el desierto definitivo, envidiables índices de popularidad.
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Más allá de las precisiones sobre la crisis de salud de Néstor Kirchner (que escasearon en boca de un médico chacotero), lo cierto es que un fuerte golpe de estrés fue lo que lo tumbó en un hospital de Río Gallegos. Kirchner es muy parecido al Clinton de los primeros tiempos: sus ministros casi no tienen margen de decisión, sus jornadas no terminan nunca, recibe con la misma dedicación a un embajador y a un tendero del interior que conoció al pasar, el Estado gira en una sola de sus manos.
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Once meses le llevó la necesaria construcción del poder que no tenía. La obra está concluida. ¿Para qué insistir ahora en controlar cada hoja que se mueve en la República? ¿Para qué seguir llenando tribunas con discursos vehementes y usar esos palcos para contestarle a cuanto adversario se le cruza? La institución presidencial necesita también de los ritos que la sostienen y de la preservación del Presidente como una última instancia. El Presidente todoterreno es, como se ha visto en los últimos días, una agresión al propio presidente.
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Nadie sabe en el gabinete, por ejemplo, si los recientes anuncios sobre la colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad serán finalmente bendecidos por Kirchner. El Presidente no ha desautorizado los anuncios, pero tampoco los aprobó ni pública ni reservadamente. Sólo se conoce su vieja renuencia a darles un nuevo papel a los militares.
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Si aceptara las conclusiones de las recientes reuniones del ministro de Defensa, José Pampuro, y del jefe de la seguridad bonaerense, León Arslanian, estaríamos ante un dramático cambio de la opinión presidencial. Si Kirchner las rechazara no bien regrese mañana a la oficina de los presidentes, Pampuro y Arslanian habrán quedado, entonces, peligrosamente desautorizados.
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Es improbable, cuando no imposible, que Pampuro y Arslanian hayan urdido un proyecto que viole la ley de seguridad interior, que prohíbe la participación militar en conflictos internos. Pampuro conoce el pensamiento de su presidente desde la campaña electoral y Arslanian participó de la escritura de aquella ley.
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El programa refiere el alquiler de regimientos desocupados para convertirlos en cárceles (por los que el Ejército cobrará una renta), de la provisión de tecnología avanzada para el control de los vehículos policiales, de helicópteros dotados de tecnología de la que la policía carece y de otros artículos sofisticados que los militares no usan, entre otras cosas por el estilo.
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Gran parte de esos instrumentos dejaron de ser útiles para el Ejército, porque éste se está convirtiendo en una organización de tropas de elite con capacidad de rápido desplazamiento.
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No habrá militares en la calle ni ellos irán a custodiar las fronteras ni las centrales nucleares o hidroeléctricas para descongestionar a la Gendarmería, a cargo ahora de esas tareas. Abogados del Gobierno y de las propias Fuerzas Armadas aseguran que se necesitaría una modificación de la ley de seguridad interior para que los militares pudieran cumplir esas misiones. Aun en las fronteras, toda la gestión de los gendarmes está enfrascada en pescar a contrabandistas o en enjaular a traficantes de drogas.
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Arslanian se llevó a su casa, este fin de semana, los legajos de los 40 máximos responsables de la policía bonaerense, incluidos los que fueron exculpados o sancionados en los últimos tiempos. Con la mirada de un viejo juez, determinará quiénes se irán, quiénes seguirán y hasta quiénes podrían volver.
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La bonaerense viene sacudida por la sospecha pública desde hace muchos años. Ahora se le agregó la Policía Federal en la presunción de delitos aberrantes. Pero más de un ministro nacional barrunta que lo que está sucediendo en la Federal podría ser consecuencia de una feroz pelea interna y de una gresca más antigua aún: la que enfrentó siempre a la Federal con la SIDE, el servicio de espionaje al servicio del Gobierno.
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El Gobierno decidió confiar ciegamente en los informes de la SIDE , aseguró un empinado miembro del Gobierno. Hasta lo que se sabe, sólo hay inferencias y no pruebas de la supuesta implicación de jefes de la Federal con el delito.
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El secretario de Energía, Daniel Cameron, tiene dos virtudes: sabe de lo que habla y es sincero. Por la primera condición sufrió la marginación dentro del oficialismo cuando se convirtió, hace ya mucho tiempo, en mensajero de malas noticias sobre la situación energética. Por la segunda, se transformó en contraventor: dijo que habrá un invierno difícil en materia energética cuando toda la administración aseguraba lo contrario. La crisis energética ha llegado y está golpeando el corazón del crecimiento económico.
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Chile espera una información seria de la Argentina sobre lo que sucederá con las esenciales exportaciones de gas argentino al país trasandino. En Bolivia, las cosas se han complicado: en la tarde del viernes estaba en Buenos Aires una delegación de funcionarios bolivianos tratando de destrabar un acuerdo muy trabado para la importación argentina de gas.
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Hay una discusión eterna entre el Gobierno y las empresas. La administración acusa a las corporaciones de no haber invertido lo suficiente y de no prever el crecimiento de la economía, que, según esa versión de la historia, debía llegar en cualquier momento. Lo cierto es que el conflicto irresuelto de las tarifas (que lleva ya más de un año y medio) lo obligará al gobierno a firmar un decreto por 2000 millones de pesos para compensar a las empresas por la compra de fuel oil, necesario para hacer trabajar sus centrales eléctricas impedidas de usar el escaso gas.
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Las empresas replican que ellas no podían invertir en un país en depresión económica, con una crisis política de final incierto, con los contratos volatilizados por la devaluación y la ruptura y con los precios en un tercio del valor que se paga en Brasil, Chile y Uruguay. La nación política ha pasado de debatir la década del 70 a una vigorosa discusión sobre la década del 90. ¿Qué le dicen a la sociedad que aspira a conocer los trazos del futuro más próximo?
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José Luis Rodríguez Zapatero es el líder socialista que acaba de hacerse cargo del gobierno español en reemplazo del partido conservador de José María Aznar. En su discurso inaugural estampó esta frase: No vengo a perder el tiempo en levantar alfombras o en hablar de Aznar. Voy a hablar de lo que yo haré, buscando el consenso permanente con amigos y adversarios .
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La democracia de España es sólo cinco años más vieja que la de la Argentina. Pero la diferencia entre una y otra tiene la dimensión del océano.