El Poder Ejecutivo cerró ayer la puerta a cualquier posibilidad de un debate abierto y sin condicionamientos del proyecto de ley con el que la presidenta Cristina Kirchner pretende obtener la convalidación parlamentaria de su controvertida política agropecuaria, y que mantiene en pie de guerra a las entidades del campo.
"Las retenciones móviles no se tocan." La orden emanó del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien atajó así el tibio intento de varios legisladores oficialistas que, en una reunión en la Casa Rosada horas antes del acto en la Plaza de Mayo, pretendieron obtener permiso para modificar el actual esquema de retenciones móviles, eje del conflicto entre el Gobierno y los productores rurales.
La propuesta fue transmitida por dos conspicuos diputados kirchneristas: el titular de la Cámara baja, Eduardo Fellner, y el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi. También estaban en ese momento el presidente provisional del Senado, José Pampuro; el titular de la bancada kirchnerista de la Cámara alta, Miguel Pichetto, y el senador santacruceño Nicolás Fernández.
Cerradas las puertas de cualquier modificación a lo decidido por el matrimonio Kirchner, los parlamentarios oficialistas salieron a actuar en consecuencia y comenzaron a contar los votos que necesitarán para aprobar la iniciativa en cada una de las cámaras legislativas.
En público, sin embargo, las declaraciones fueron contemporizadoras, prometiendo un debate amplio de la iniciativa. "El proyecto tiene varios artículos, que pueden ser suprimidos, modificados o incluso se les pueden incorporar nuevos artículos", señaló Rossi.
Por su parte, Pichetto dijo que "ésta no es una ley cerrada" sino que es un proyecto "como cualquier otro". Sin embargo, aclaró que "la decisión del bloque es acompañar las medidas del gobierno nacional".
En otras palabras, la iniciativa del Poder Ejecutivo no se toca, por lo menos en su primer artículo, que es el que pretende ratificar la resolución 125 del Ministerio de Economía, dictada el 11 de marzo pasado.
Rossi también destacó que el bloque de diputados oficialistas apoyará la iniciativa y explicó que, además de la obvia razón política de ser la bancada del Gobierno, hay "cuestiones técnicas" que hacen impracticable modificar el actual esquema de retenciones móviles.
Estrategia
"Esa es una facultad del Poder Ejecutivo consagrada en el Código Aduanero, razón por la cual el Congreso no tiene atribuciones para cambiarla", afirmó Rossi, muy cercano al matrimonio presidencial.
El argumento es, cuanto menos, rebatible. En realidad, el Gobierno retiene la potestad de fijar el nivel de retenciones a las exportaciones gracias a una de las tantas delegaciones legislativas aprobadas en los últimos años.
El Congreso podría recuperar fácilmente esa facultad mediante una expresión de sus plenos en ese sentido. Claro que para que eso ocurriera debería mediar una decisión política que la Casa Rosada no está dispuesta a tomar en este momento.
Cerrado cualquier margen de maniobra independiente, los legisladores oficialistas convinieron con Alberto Fernández la estrategia a seguir para alcanzar la sanción del proyecto del Gobierno.
Por una propuesta de Rossi y de Fellner, se acordó que, paralelamente a la polémica iniciativa, se discutirán otros proyectos destinados a ofrecer compensaciones a los diferentes sectores del campo.
Entre ellos figuran una nueva ley de arrendamiento y políticas para la industria láctea y los productores de maíz y trigo.
Con este discurso intentarán convencer a los legisladores peronistas "rebeldes" de que también habrá gestos para los pequeños y medianos productores, a pesar de que hasta ahora la Comisión de Agricultura no avanzó en ninguno de los proyectos presentados en ese sentido.
Pequeños productores
Se trata, en definitiva, de un esbozo de la política que piensa aplicar el Poder Ejecutivo mientras los focos de atención estén centrados en el Congreso: quitarle peso a la protesta del campo arreglando con varios sectores para dejar en soledad a los grandes productores sojeros.
Anoche, comenzaban a esbozarse algunos detalles del trámite legislativo en la Cámara de Diputados, que comenzará a discutirse el lunes próximo en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura.
Prometen permitir la participación de las entidades rurales. Lo que el oficialismo no definió aún son los tiempos para llevar el texto al recinto, aunque la intención es apurar los tiempos para evitar la presión de los dirigentes agropecuarios.
Por Gustavo Ybarra
De la Redacción de LA NACION
