El Gobierno quiso presentar ayer una negociación trunca como un acuerdo que terminaría con la pesadilla de un país cerrado al tránsito, en el que casi no queda combustible a la venta y en el que se agotan las reservas de alimentos.

La ilusión duró minutos. El propio Gobierno lo demostró. Primero montó en el Ministerio de Economía un escenario triunfalista para anunciar el fin de los piquetes de transportistas. Al rato, un solitario y severo Aníbal Fernández compareció en la Casa Rosada para advertir que las fuerzas de seguridad tenían instrucciones de liberar rutas en caso de que los camioneros no acataran el virtual acuerdo.

Entre una escena y la otra se habían empezado a conocer datos esclarecedores. Se hizo evidente la relativa influencia en los piquetes de los empresarios que negociaron ayer con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Pero, sobre todo, quedó expuesto que al pacto le faltaba un actor: el campo.

Néstor Kirchner había urgido el jueves al ministro Julio De Vido a desatascar los caminos, según relataron fuentes al tanto de las gestiones. Al ex presidente le preocupaba detener la crisis antes del fin de semana largo, frente el riesgo de un desabastecimiento grave. Pero interpuso una voluntad política a esas necesidades: quiere la rendición total de los dirigentes rurales, a quienes describe como las caras visibles un movimiento golpista.

De Vido -que desplazó a su rival interno, Alberto Fernández, del papel de negociador- intentó arrancarles a las entidades del campo un compromiso de normalizar el comercio de granos. Eso aliviaría a los transportistas, que exigen recuperar el trabajo que tenían antes del conflicto agrario.

Hugo Moyano negoció varias horas con los ruralistas. Ofrecía, en nombre de De Vido, que se retomaría el diálogo de la Casa Rosada con el sector a cambio de un gesto respecto de la venta de oleaginosas, casi paralizada. Los productores, pese a que levantaron el paro, decidieron limitar al mínimo la venta mientras rija el esquema actual de retenciones móviles.

Esa conversación se cortó drásticamente cuando los ruralistas pidieron que al menos el Gobierno dejara de decir que no tocaría las retenciones. Imposible. El matrimonio Kirchner decidió que de eso no se habla más desde que presentó, el lunes, un plan social atado a la recaudación adicional de ese tributo. Aquel día habían decretado el fin del conflicto con el campo.

Plan B

Mientras la Presidenta repetía en público eso de que "no hay crisis", Jaime y De Vido avanzaron ayer en un plan B: negociar con los transportistas de su confianza y construir un acuerdo virtual. Llegaron a mencionar un supuesto compromiso de los ruralistas -luego desmentido- para volver a vender granos con normalidad. Con eso, se podía descomprimir algo la tensión en las rutas, debilitar a los que quisieran seguir la protesta y justificar una eventual acción represiva.

Hasta anoche los resultados eran inciertos. Se liberaron algunas rutas, pero en muchas otras seguían los acoplados cruzados en el asfalto. El Gobierno enfrenta ahora un desafío desconocido. Como casi nunca en cinco años se expuso a la posibilidad de usar la fuerza ante una protesta.

¿Es un cambio drástico o sólo una presión adicional a los camioneros? Aníbal Fernández anunció que ante un piquete los gendarmes deberán hacer la denuncia a un fiscal y cumplir la eventual orden que emita la Justicia. También involucró a los gobernadores en la sugerencia de actuar. Y dijo que "de ningún modo" se va a reprimir. Si la crisis derivara en violencia en las rutas, el relato oficial tal vez podrá decir que otros tuvieron la culpa.