En un clima más distendido y sin las acaloradas discusiones que caracterizaron su paso por la Cámara de Diputados, las cuatro entidades rurales volvieron a rechazar ayer ante dos comisiones del Senado las retenciones móviles instauradas por el Poder Ejecutivo el 11 de marzo último.

La presencia de los representantes del campo inauguró la ronda de consulta de las comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que ratifica las retenciones y que la Cámara baja aprobó el sábado por el estrecho margen de siete votos. La discusión en el Senado continuará hoy con la presencia de economistas, técnicos e intelectuales.

Mientras los dirigentes rurales exponían en el Salón Azul, los pasillos y despachos del Senado continuaron siendo escenario de frenéticas negociaciones por parte de chacareros e intendentes en busca de torcer lo que, por el momento, es una mayoría del oficialismo para aprobar sin cambios el proyecto del Gobierno.

Al contrario de lo que ocurrió en Diputados, hasta el momento el oficialismo de la Cámara alta no dio señales de aceptar cambios en el proyecto, una opción que la Presidenta prohibió de manera explícita a su bancada. Es que por reglamento parlamentario una modificación del proyecto que se trate en el Senado deberá volver a ser tratado en Diputados, que fue la cámara de origen, y esto implicaría un nuevo riesgo para el oficialismo.

Los dirigentes ruralistas deslizaron en sus exposiciones este clima de cosa juzgada, a pesar de que mantuvieron la firmeza de su rechazo a la propuesta del Poder Ejecutivo.

"Si se sanciona el proyecto se estará firmando el certificado de defunción de miles de productores", advirtió Eduardo Buzzi, de Federación Agraria. A su lado estaban Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y el vicepresidente de Coninagro, Carlos Garetto.

La postura de las entidades fue reclamar la modificación del actual esquema de retenciones, ya no se puso tanto énfasis en la suspensión de la resolución 125, y su reemplazo por un esquema "segmentado" de alícuotas diferenciales para los productores según la cantidad de toneladas.

"La discusión hoy no es retenciones sí o no, sino la alícuota que se quiere aplicar, que es confiscatoria y deja al campo falto de rentabilidad", afirmó Miguens. Buzzi reclamó una retención del 35%, como era antes del 11 de marzo, para los productores de hasta 3000 toneladas. Así, dijo, se beneficiaría al 96% de los chacareros. El 4% restante, agregó, ostenta el 60% de lo producido. "Ahí están los grandes pools sojeros", indicó.

Garetto (Coninagro) aseguró que el proyecto sancionado por Diputados "tiene falencias en lo técnico, en lo económico y en lo político", tras lo cual reclamó que se le introduzcan cambios "para poder devolver la paz social a los argentinos".

Los representantes del campo acompañaron sus palabras con un estudio según el cual por cada dólar a 3,04 pesos que gasta el campo en insumos, los productores reciben, descontadas las retenciones, $1,64 por cada unidad de la moneda norteamericana que venden de soja. A la vez, en un intento por apelar al federalismo que debería imperar en el Senado, los ruralistas destacaron que por las retenciones la transferencia de fondos de las provincias a la Nación supera los 4500 millones de dólares. Esta cifra fue refutada por el oficialismo. "Ustedes deben contar sólo los productos que se exportan", les replicó Marcelo Guinle (PJ-Chubut). Otro punto de coincidencia de las entidades del agro fue su desconfianza hacia la eficiencia del pago de las compensaciones a los pequeños productores. Cuestionaron que se le haya puesto el 31 de octubre como fecha límite.

Para diluir tanta postura contraria al Gobierno, el kirchnerismo invitó a referentes sociales alineados con la política oficial. Así, el titular de Fedecámaras, Rubén Manusovich, se mostró indignado porque "los disolventes, los que están en contra de las instituciones, la Sociedad Rural, ahora vienen a hablar al Congreso". También hablaron la dirigente de Mujeres de Pie Lucy de Cornelis y el productor sojero Carlos Armando, que agradeció "a Dios y al Gobierno" por las ganancias que está obteniendo.

Por Gustavo Ybarra
De la Redacción de LA NACION