También piensan así los gobernadores, tackleados por el piquete presidencial, que por las dudas les cruzó un camión en el camino hacia el vicepresidente Cobos. Y así opina también la mayor parte de la dirigencia, que sólo plantea la cuestión de discriminar entre chicos y grandes, pampeanos o extrapampeanos, si fijas o móviles, etc. Pero ya no cuestionan su existencia.

En este escenario, las propuestas más favorables lograrían un intermedio entre las retenciones vigentes al 11 de marzo (35% para la soja) y las actuales (cercanas a 46%). Binner y Schiaretti van a proponer el 40%.

Durante muchos años, el ruralismo se había negado a que la cuestión de los derechos de exportación fuera debatida en el Congreso, precisamente para evitar que quedaran avalados por una ley. Tampoco se la quiso llevar a la Justicia, por el temor de que algún fallo los dejara definitivamente en firme. Se prefirió operar sobre el Ejecutivo, tratando de sensibilizar a los funcionarios de turno.

No fue una buena táctica: arrancaron con un 20% en el 2002, porque hacían falta 1.500 millones de dólares para apagar el incendio de la peor crisis social que vivió el país en toda su historia. El año pasado las retenciones agrícolas superaron los 5.000 millones de dólares. Ahora apuntamos a los 13.000 millones, con alícuotas que hoy están en el 46% para la soja y 34% para el maíz. Como se ve, siempre fueron "móviles", para arriba. Así, en seis años se multiplicaron por diez.Y se triplicaron el último año, a pesar de la bonanza de la economía y las mejoras sociales, que obviamente se sustentaban en esta exacción.

Las tasas actuales, que el Ejecutivo pretende convalidar en el Congreso, significan un impuesto a las ganancias del 85%, y lo pagan todos los chacareros, evasores o no, porque al final el gobierno los espera en el puerto. Y, en ese embudo, todos pagan. Porque para exportar, primero hay que poner la plata. Ahora, uno de cada dos camiones de soja, uno de cada tres de maíz y trigo, puestos en el puerto con el flete pago por el productor, que además ya incurrió en todos los gastos de siembra y cosecha.

Por eso finalmente el impuesto a las ganancias se va al 85% para un productor al que le fue bien. No existe en el mundo. Y acá el Gobierno y sus acólitos quieren instalar que las retenciones no son un impuesto&

Con estas tasas, al que le va más o menos, sale hecho. Y el que tiene un rinde bajo, muere. En esto no hay cuestión de pequeños o grandes, de pooles o fideicomisos.

Pero en última instancia no son los chacareros los que más pierden. Carlos Reutemann siempre relata que su padre les enseñó que en las épocas de vacas flacas hay que arreglarse comiendo un puchero de la olla, sin siquiera un plato. El problema es para los que viven de la torta agrícola, las fábricas del interior, los fleteros, los comerciantes. Lo explicaron muy bien los intendentes santafesinos que bajaron a Buenos Aires, exasperados por el parate que enfrentan sus industrias. Como dice Víctor Trucco, los Kirchner se animaron a hacer el experimento, que nunca algún científico social pudo realizar, de paralizar una actividad para verificar los efectos.

Bajo los argumentos de las "superganancias", la "renta excesiva", el "monocultivo sojero" y evitar el pan de 15 pesos el kilo (¿?), el Gobierno se apresta a consolidar un modelo de captura de ingresos de los sectores competitivos. Lo más probable es que lo imponga.

Pero en el seno de la sociedad germinó la semilla de la duda sobre el efecto de las retenciones. El campo es demasiado importante como para cerrar semejante debate en pocos días.

Esto recién empieza