Proceso. Senasag deberá entregar toda la documentación requerida por los propietarios de las 25 reses sacrificadas y a pagar resarcimiento de daños y perjuicios. El monto se calcula en $us 500.000

Los ganaderos mexicanos ganaron la primera batalla que empezó en la justicia por el sacrificio de 25 reses provenientes de México y que fueron retenidas por el Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria (Senasag), supuestamente por no contar con los certificados sanitarios exigidos para ingresar al país.
La Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz declaró procedente el amparo constitucional interpuesto por los propietarios de las 25 reses mexicanas que fueron sacrificadas por el Senasag, hace dos semanas.
El presidente de la Sala, Adolfo Gandarilla y los vocales Juana Molina Paz y Hernán Cortez conminaron al Senasag a entregar toda la documentación solicitada por Fomento Ganadero Mexicano (Fogamex) y pagar el resarcimiento de daños y perjuicios, cuyo monto lo establecerá el Tribunal Constitucional, pero que se calcula en unos $us 500.000.
Los juzgadores indicaron que según el artículo 7 de la Constitución Política del Estado (CPE) toda persona tiene derecho a recibir la información que requiera.
La audiencia empezó a las 16:00 y concluyó luego de dos horas y media. Tiempo en el que los abogados del Senasag, Jorge Asbún y Bernabé Arteaga, insistieron en que sólo se permite el ingreso de animales que cuenten con certificado sanitario, caso contrario son reexportados o sacrificados. “Ellos deberían obtener los permisos antes de traer las vacas, pero el Servicio Sanitario Mexicano solicitó siete días para enviar la documentación, cuando las reses ya estaban en Santa Cruz”, explicó Asbún.
Sin embargo, el abogado de Fogamex, Iván Roncal, precisó que la empresa ganadera cumplió los requisitos previstos en la ley, pero fue el Senasag el que se negó a entregar los permisos de importación. “Ellos ocultan los documentos que presentó Fogamex, dicen que no existen”, señaló.
Los ganaderos solicitaron hacer un estudio sanitario a las reses sacrificadas para demostrar que eran sanas, pero el Senasag se negó argumentando que había 800 toneladas de basura encima. “El Senasag debería demostrar en un estudio que las reses estaban enfermas”, precisó Roncal.
Un proceso aparte por daños y perjuicios no tiene cabida porque en el amparo constitucional ya se determinó el pago, por lo tanto, es parte del juicio. El fallo de la Sala Civil será derivado al Tribunal Constitucional en Sucre y cuando vuelva a Santa Cruz se determina un plazo de ocho días para calcular el monto que ahora es de $us 500.000, pero el Senasag insiste en que no se trata de esa suma, sino de una multa de Bs 1.000 que se le deberá aplicar porque perdieron el juicio.
Por su parte, Hugo Barragán, gerente de Fogamex, afirmó que el fallo demuestra que siempre hablaron con la verdad. “Puede ser que pidamos más de $us 500.000”, adelantó.
Para el gremio de los ganaderos cruceños desde el punto de vista sanitario y de las normas existentes en Bolivia en la materia, no existe ninguna duda de que los animales debieron haberse sacrificado. El presidente de Fegasacruz, Antonio Franco, expresó que si el Senasag cometió un error en la emisión del certificado sanitario, deberá pagar por eso.

“El veredicto es peligroso y nefasto”

El Senasag se ha declarado tristemente sorprendido por el fallo emitido por la Corte Superior del Distrito y que lo consideró como peligroso y un precedente nefasto.
El director nacional de dicha repartición, Mauricio Rodríguez, señaló que de ahora en adelante no podrá obligar a ningún funcionario bajo su cargo a cumplir con su deber, porque un recurso judicial podría revocarlo como ahora ocurre.
“No esperaba este veredicto, porque estábamos convencidos de que actuamos en el marco de la ley. En el futuro, cualquiera puede traer el ganado que quiera y con un papelucho hacerlo ingresar al país”, sostuvo.
En cuanto al supuesto certificado que el Senasag habría emitido pero que no fue entregado y cuya fotocopia fue divulgada por los ganaderos mexicanos, Rodríguez admitió que llegó a elaborarse, pero que no se entregó porque las reses no cumplían con los requisitos que exigía el Senasag.
“Sólo presentaron un certificado sanitario emitido por el Gobierno de México para 13 animales, pero sin firma ni sello del veterinario oficial. Al final ingresaron 25 y muchos de los datos –marca, raza, etc,- de las reses que se consignaban en el documento no coincidían con las que realmente vinieron al país”, dijo el funcionario.
El director nacional del Senasag manifestó que no cree que este fallo pueda afectar el estatus sanitario de Bolivia como país ganadero.

Los hechos

Arribo. Las 25 reses llegan al aeropuerto Viru Viru el 26 de marzo junto a los 11 ganaderos mexicanos que participarían en la feria especializada Agropecruz, pero el Senasag impidió su ingreso, porque asegura que no tienen la certificación sanitaria.
Reexportación. El 5 de abril, el Gobierno de México intercede por primera vez para evitar la eliminación del ganado, gestionando la reexportación de los animales. El Senasag le da un plazo para ello.
Acción. Fogamex recurre a la justicia para evitar que fallen en su contra y que los animales sean sacrificados. Incluso se presentan 10 ganaderos cruceños interesados en comprar los animales. El Senasag se niega a realizar algún análisis.
Sacrificio. El 14 de abril debían ser eliminadas, pero continúa el compás de espera por petición de la Embajada de México. El 22 se ejecutó a las reses por orden del Senasag y en presencia del fiscal José Centenaro.
Investigación. El Senasag asegura que investiga la posibilidad de actos irregulares en la institución, porque los ganaderos mexicanos presentaron permisos de importación 20 días después de que llegaran a Santa Cruz.
Amparo. La Corte Superior de Distrito falla procedente el recurso de amparo constitucional que presenta Fogamex donde exige que el Senasag entregue la documentación que respalda la sanidad de las reses y certificados de origen.