El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios ha diseñado las bases de una propuesta para la construcción de una Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural, según el documento de respuestas que el gobierno entregó a la Central Obrera Boliviana (COB) que planteó una política de desarrollo en esa área para reducción la pobreza.

La COB, en su pliego, demanda una política nacional, para la recuperación e impulso de los cultivos ancestrales del altiplano, valle y trópico con programas de créditos múltiples para riego, insumos, tecnificación, industrialización, comercialización y saneamiento jurídico de tierras.

El gobierno, en la respuesta al pliego que fue entregada al Comité Ejecutivo de la COB, el 12 de enero de 2004, señala que lo que se pretende con la estrategia es: acceso al mercado interno, acceso a mercado externo, sanidad, incremento a la productividad, servicios financieros adecuados, entre otros objetivos.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios tiene como políticas generales de Desarrollo con Identidad, la promoción y fomento de la agricultura y pecuaria, el comercio de productos a través de apertura de mercados internos y externos, los procesos colectivos de transformación industrial, la implementación y funcionamiento del Fondo Indígena de Desarrollo.

LEY INRA

La COB también planteó la abrogación de la Ley Inra. El gobierno respondió que el verdadero problema se encuentra en la forma de aplicación de la Ley Inra, es decir en los procedimientos que se ejecutan para el cumplimiento de los principios y normas contenidas en la Ley.

Por lo tanto, para asegurar una mayor sencillez, agilidad y eficacia en los procedimientos de saneamiento y titulación de la propiedad agraria, identificación de tierras fiscales y distribución o redistribución de tierras, lo que corresponde es realizar un ajuste y modificaciones al Decreto Supremo Nro. 25763, que la reglamenta.

A la demanda de reversión de tierras a favor de los indígenas y campesinos, el documento señala que está en proceso el reconocimiento de derecho propietario para pueblos y comunidades indígenas que han demandado dotación de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en las áreas de su tradicional asentamiento, para lo cual se están realizando las gestiones necesarias para asegurar el financiamiento.

Asimismo, se pueden identificar áreas que se encuentran abandonadas o mal aprovechadas, a través del proceso de saneamiento y la calificación del cumplimiento de la función económico social en los predios, antes de determinar o reconocer el derecho propietario, para determinar su reversión a dominio del Estado para futura redistribución.

En el proceso de saneamiento, al efectuar la reversión de procesos agrarios y títulos ejecutoriales, se puede identificar la existencia de vicios en la tramitación de las dotaciones de tierras para proceder a su anulación, quedando por tanto las tierras nuevamente bajo el dominio de Estado, disponibles para nueva redistribución.

Al presente se están realizando todas las gestiones necesarias para asegurar la continuación del proceso de saneamiento hasta cubrir todo el territorio nacional.

LEY 1008

La COB pidió la modificación de la Ley 1008 y no a la erradicación forzosa de la hoja de coca, si a su industrialización y al desarrollo alternativo sustentable.

El gobierno considera que la resolución del problema emergente de la producción de la hoja de coca forma parte de políticas de Estado destinadas a encarar la complejidad emergente de la producción de hoja de coca, tomando en cuenta que existen algunas zonas de producción legal, que serán plenamente respetadas, y otras de producción excedentaria, que deberán ser erradicadas, atendiendo y resolviendo el problema económico y social emergente de esta política.

Con ese propósito y en el marco estricto de la norma, el gobierno promoverá el más amplio diálogo con los sectores involucrados en este tema a fin de implementar dichas políticas.

TRIBUTOS

En relación a las obligaciones tributarias del sector forestal, el Ministerio de Desarrollo Sostenible está realizando un estudio, orientado a la reposición de los niveles impositivos, sobre la base de criterios técnicos, señala el documento entregado a la COB.

Además, señala que las propiedades agrarias de las FF.AA. encararán un proceso de saneamiento, bajo los parámetros legales establecidos por la Ley Inra.

A la demanda de redelimitación y recategorización de las áreas protegidas exigida por la COB, el gobierno respondió que en una acción coordinada entre los ministerios de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, de Desarrollo Sostenible y de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, se busca desarrollar una política de preservación de espacios físicos destinados a áreas protegidas, cuya delimitación y categorización se debe realizar con la participación de los Pueblos Indígenas y Originarios.