Arcor, Canale, Cerámica San Lorenzo, Swift o Milkaut son algunas de las 35 empresas que esta semana, como consecuencia de la falta de gas en todo el país, sufrieron cortes en el suministro del fluido. El racionamiento varía según los días, pero volvió anteayer, después de un alivio en Semana Santa, con un recorte de casi 7 millones de metros cúbicos, según datos que el Enargas publica en su página de Internet.

En todos los casos se trata de servicios interrumpibles, que pagan una tarifa menor y se exponen a esta medida en casos de escasez. Sin embargo, pueden consignarse esta vez dos diferencias respecto de lo que ocurrió en los últimos diez años:

Los cortes siempre se habían aplicado en invierno, nunca durante esta época.

Siempre se hicieron cuando la capacidad de transporte era sobrepasada por la demanda invernal. Esta vez, en cambio, no es por restricciones en gasoductos sino directamente por la falta de gas.

Los cortes son parciales. Es decir, se afecta sólo una parte del suministro. Por ejemplo, la distribuidora Metrogas le comunicó a la generadora eléctrica Central Puerto que, de los 4,1 millones de metros cúbicos que necesitaba para funcionar anteayer, se le autorizaba sólo a utilizar un millón. Y la misma cantidad se le permitió a Central Costanera, que había solicitado 2,3 millones.

A Centrales de la Costa, que opera en Necochea, Mar del Plata y Villa Gesell, se le otorgaron 300.000, a pesar de que había pedido 2 millones.

Los grandes usuarios afectados son alrededor de 35. Por ejemplo, en el Litoral, el frigorífico Swift, la láctea Milkaut, la química Carboqui y las firmas Friraf y Franco. En Cuyo, las alimentarias Arcor y Canale, y Cerámica San Lorenzo, Frutos de Cuyo, Cattorini, Minera Tea y Petroquímica Cuyo. Entre las generadoras, además de las citadas Central Puerto, Central Costanera y Centrales de la Costa, fueron perjudicadas EPEC, Gecor, Central Marsana y NOA de la Rioja, entre otras.

Estos son, hasta ahora, los afectados cuando no ha empezado aún el invierno, la etapa crítica según el Gobierno y las empresas, por una sola razón: con el frío crecerá la demanda de gas y los problemas no serán sólo de escasez, sino de transporte, porque los gasoductos operarán a pleno.

Versiones opuestas sobre el GNC

Las posibles soluciones para la escasez invernal continúan generando diferencias evidentes en el Gobierno. Ayer, por caso, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, buscó enfriar la controversia en torno del gas natural comprimido (GNC), uno de los sectores que, seguramente, se verán afectados en los próximos meses. El secretario de Energía, Daniel Cameron, les había dicho anteayer a los propietarios de las estaciones de servicio que el GNC aumentaría a casi un peso el metro cúbico durante los próximos meses. "No hay aumentos más allá de los establecidos en los decretos 180 y 181", objetó ayer el jefe de Gabinete, en conversación con LA NACION. Esos decretos fijan alzas para las industrias en el gas en boca de pozo, pero no para el GNC. La postura de Fernández es la del presidente Néstor Kirchner y, al menos en público, la del ministro de Planificación, Julio De Vido. No la de Cameron, ni la de Roberto Lavagna.

Por eso, el proyecto de alzas al GNC, que se menciona desde hace dos meses, sólo se concretará si es el Presidente el que lo autoriza. Hasta ahora, Kirchner ha dicho en privado que se trataba de una medida inviable desde el punto de vista político. La postura puede entenderse desde una lógica cuantitativa: 1.300.000 personas tienen hoy un automóvil que funciona con GNC.

En rigor, se hace difícil desentrañar el pensamiento presidencial respecto del problema. Los propios empresarios que se contactaron con miembros del Gobierno durante la campaña presidencial se han sorprendido comparando aquella retórica electoral con hechos posteriores.

Vale como ejemplo un párrafo del plan de gobierno que se repartía en esos días, en un documento que exhibe una enorme foto de Kirchner en su portada. "En el corto plazo, la propuesta es fijar, coordinadamente, con el sector productor de gas y con el generador de energía eléctrica, un sendero de precios que, en el término de 12 a 18 meses, permita una rentabilidad razonable, sin que necesariamente esto signifique un incremento tarifario durante ese período a la totalidad o a una parte de los usuarios residenciales", decía el texto.

Ese "sendero de precios" que ilusionó a los empresarios, y que según el documento debería estar culminando, no dio los primeros pasos.

Por eso el propio Cameron ha quedado, más de una vez, descolocado en el asunto, y la cuestión tarifaria casi le cuesta el puesto a Daniel Scioli. Aquel día, el vicepresidente no hizo otra cosa que repetir al pie de la letra el plan de Kirchner.

Una muestra de estas diferencias puede observarse en el texto de la resolución que cortó las exportaciones de gas a Chile. Esa norma tiene una diferencia conceptual con el discurso oficial. Porque, mientras el Presidente y el jefe de Gabinete afirman siempre que la crisis se debe a que las empresas no invirtieron, la resolución es más indulgente: explica que la falta de desembolsos se debe a la crisis. "La crisis económica que afecta a la Argentina ha impactado en las condiciones de prestación de todos los servicios públicos, condicionando las posibilidades de expansión de los respectivos sistemas al afectar, en forma directa, la capacidad de inversión del sistema de gas tanto en lo que se refiere a los subsistemas de transporte como a los subsistemas de distribución", dice.

Por Francisco Olivera - De la Redacción de LA NACION