La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no quiere ser ajena al auge de producción y venta de soja, que este año moverá casi 10.000 millones de dólares: salió a buscar responsables de una evasión que estima millonaria en el IVA y en Ganancias.

"Esta vez no actuamos sobre los exportadores, sino sobre quienes los proveen del grano: productores y acopiadores, una parte de la cadena donde hay muchas operaciones en negro, que luego se usan para generar créditos fiscales inexistentes", explicó a Clarín Horacio Castagnola, titular de la DGI. Este organismo, junto con la Aduana, reporta a la AFIP, que dirige Alberto Abad.

Con este objetivo, se lanzó un gigantesco operativo de control en 14 terminales portuarias de Rosario, desde donde sale el 85% de los embarques de soja. Unos 250 inspectores (acompañados por Prefectura) se ocuparon durante una semana de revisar la carga de 14.000 camiones y verificar los papeles de 425.000 toneladas de granos en los depósitos.

A partir de allí, siguieron "hacia atrás" en la cadena: los productores y acopiadores de donde salieron los granos que son trasladados hasta el puerto. Esto los llevó a extender los operativos a todos los puntos del país donde existe siembra de soja.

"Descubrimos algunos casos insólitos, como la factura de un centro de acopio de granos cuya dirección coincidía con una villa miseria en Río Cuarto, Córdoba", reveló Castagnola.

La operatoria que la DGI quiere desactivar es la siguiente: "En algunos lugares de las rutas operan valijeros que compran producciones en negro y luego las introducen al circuito blanco con facturas apócrifas. Así generan un crédito que luego obliga a la AFIP a devolverles un impuesto que nunca se pagó", explican.

La evasión en el sector agropecuario había sido calculada por la AFIP en unos 450 millones de pesos durante 2002. Con este argumento se impulsaron medidas para combatirla: una fue la rebaja a la mitad de la alícuota del IVA (quedó en 10,5%) para reducir el incentivo a evadir. También se creó un régimen especial de retenciones a los productores y se los obligó a anotarse en un registro. "Con todas esas medidas, la evasión bajó mucho. Pero no desapareció", admiten en la DGI.

Además de la maniobra con crédito fiscal falso, los inspectores detectaron el uso de facturas apócrifas para inventar gastos deducibles de Ganancias. "Por cada peso declarado en esas facturas, el productor evade 35 centavos. Es lo que le correspondería pagar por Ganancias en la categoría más alta, en la que caen casi todos los que se benefician con la superrenta de la soja", añaden.

La decisión de salir ahora a controlar la comercialización de la soja no es casual: coincide con el momento de la cosecha de una producción que está en niveles récord. Se exporta el 95% y se estima que este año representará ingresos por 9.300 millones de dólares. El Fisco ya saca buena tajada de esto: a partir de la devaluación, aplica retenciones de entre 20% y 23% a las exportaciones agrícolas.