Los argentinos deberíamos reflexionar seriamente y sacar algunas enseñanzas de la crisis energética que comenzamos a sufrir. Entre las lecciones que nos trae hay una primera -obvia y repetida- que nos señala que la realidad es la única verdad y que no puede construirse con gestos y anuncios, como parecen creer muchos comunicadores y políticos.

Una segunda lección -también obvia y repetidamente ignorada- es que la ley de la oferta y la demanda, al igual que la ley de la gravedad, se puede desafiar por un tiempo, pero tarde o temprano cualquier construcción humana termina cediendo ante ellas. Por eso es mejor no ignorarlas y diseñar instituciones que acompañen sus fuerzas y permitan mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

Cuando se le fija a un producto un precio artificialmente bajo, resulta inexorable que su demanda aumentará mas allá de las posibilidades de la oferta. Esto es lo que ha pasado con el gas y con la electricidad.

La tercera lección nos demuestra que, por ignorancia o picardía, se ha confundido el valor del producto (gas natural) con el valor de la tarifa de un servicio regulado (transporte y distribución). El Estado podía intervenir en el valor de las tarifas de los servicios de transporte y distribución, pero nunca en el valor del gas natural que, en virtud del marco legal vigente, es un precio desregulado sujeto a la ley de oferta y demanda.

Ni siquiera puede justificarse este congelamiento en la existencia de "precios abusivos", ya que, aun antes de la crisis, el gas en boca de pozo tenía uno de los precios más bajos del mundo. Luego de la pesificación, los valores cayeron a niveles tan bajos que han hecho injustificable cualquier inversión para aumentar su oferta.

Otra lección es que cuando se rompe un orden jurídico o contractual hay que restablecerlo rápidamente. La crisis de 2002 generó rupturas de todo tipo, desde el default con los acreedores de la deuda hasta los contratos de concesión de servicios públicos. Estas rupturas no pueden mantenerse indefinidas por mucho tiempo, aunque en apariencia no se advierta lo nocivo que resultan sus efectos.

Prolongar el estado de emergencia económica es una tentación peligrosa, ya que si bien ofrece al Poder Ejecutivo herramientas contundentes para manipular la coyuntura, nunca se termina de crear un marco jurídico estable que permita inversiones de largo plazo. Por otra parte, resulta legal y moralmente inaceptable que el Gobierno invoque un estado de emergencia con tasas de crecimiento del 9 por ciento.

Esto nos lleva a una quinta lección, que es velar por el largo plazo. Nuestros dirigentes tienen una propensión a actuar en función del corto plazo y a permitir que problemas simples, no encarados a tiempo, se transformen en una crisis. En materia energética, tanto el sector privado como el Gobierno deben planear y actuar en función del largo plazo.

La tentación de abandonar el sistema de precios de mercado y de regular aún más los valores de los energéticos, de aumentar las retenciones o de ir, como proponen algunos, a un esquema de costo plus es la mejor forma de profundizar la crisis.

 

Efecto importación

Tarde o temprano estaremos importando combustibles líquidos o gaseosos del exterior. Los precios de estos combustibles no son fijados por el Gobierno, sino que los tendremos que pagar a niveles internacionales. Resulta razonable entonces permitir que quienes apostaron e invirtieron en el país cobren también estos precios y generen actividad, aumentando la capacidad de oferta de nuestros propios recursos energéticos.

El alto precio del petróleo en el mundo se debe a causas estructurales, como la declinación de la producción de crudo en países fuera de la OPEP. Esto hace pronosticar una progresiva escasez de petróleo que deviene un protagonismo notable del gas en los consumos energéticos de los países desarrollados.

Y en estos países, por la facilidad de sustitución, el precio del gas tiende a igualar al de los combustibles líquidos considerando su valor calórico. Hoy en la Argentina el precio del gas es sólo una décima parte del valor de su equivalente calórico en líquidos. Estos valores constituyen un poderoso estímulo al desperdicio de un recurso no renovable.

El sistema de gas y electricidad funcionó correctamente hasta la crisis de 2002. Ese sistema está hoy alterado por el congelamiento del precio del gas, por las retenciones a las exportaciones de crudo y por la proliferación de pactos sectoriales de abastecimiento y estabilidad de precios. Estos pactos distorsionan las señales de precio que el mercado debe producir para ser sostenible en el largo plazo y no permiten premiar al más eficiente, sino al mejor lobbysta.

Las lecciones que los argentinos debemos recoger de esta crisis nos señalan que el rumbo correcto es regresar lo antes posible al sistema de desregulación que nos permitió atraer grandes inversiones, multiplicar la producción, autoabastecernos de gas y electricidad a precios competitivos y exportar energía a países vecinos.

El autor es consultor y ex director de Asuntos Públicos de Gas Natural BAN y Metrogas.