El Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) de Córdoba cumplió diez años y la provincia busca llevar su experiencia al ámbito nacional. La iniciativa, que promueve una producción agropecuaria sostenible mediante incentivos y el trabajo conjunto entre el sector público y privado, fue el eje de una celebración realizada en la Casa de Córdoba en Buenos Aires.
El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, encabezó el encuentro, donde se repasaron los principales avances del programa y los desafíos para ampliar su alcance. Uno de los anuncios destacados fue la intención de presentar un proyecto de ley nacional que permita extender este tipo de políticas al resto del país.
“Tenemos el enorme desafío de escalar este programa, que es el compromiso articulado de lo público y privado”, afirmó Busso.
El funcionario recordó que la iniciativa comenzó hace una década con una convocatoria a los productores cordobeses y que, desde entonces, sumó la participación de más de 50 instituciones vinculadas con el sector agropecuario.
También destacó la incorporación de nuevas herramientas para acompañar a los productores. Entre ellas, mencionó el seguro multirriesgo implementado como prueba piloto durante el año anterior, que alcanzó 550.000 hectáreas de soja y maíz y permitió brindar cobertura gratuita a numerosos productores.
El objetivo, explicó, es ampliar la superficie cubierta y continuar desarrollando instrumentos que reconozcan el compromiso con la sostenibilidad.
Un proyecto para extender las BPAs a todo el país
Durante la jornada, la diputada cordobesa Carolina Basualdo adelantó que los legisladores de Provincias Unidas presentarán un proyecto de ley nacional para promover un programa de buenas prácticas agropecuarias.
La propuesta apunta a establecer herramientas que permitan reconocer e incentivar a los productores que incorporan criterios de sostenibilidad en sus establecimientos.
La iniciativa busca trasladar al ámbito nacional una experiencia que Córdoba convirtió en política pública, con participación institucional, incentivos y mecanismos de reconocimiento para quienes producen cuidando los recursos.
El encuentro contó con representantes del Gobierno provincial, entidades agropecuarias, universidades, colegios profesionales, bolsas de cereales y organizaciones vinculadas con la producción, entre ellas Aapresid, Coninagro, Federación Agraria Argentina y la Asociación de Semilleros Argentinos.
Los números de una década de trabajo
Desde su puesta en marcha en 2017, el programa amplió progresivamente su alcance y sumó herramientas para acompañar a quienes producen bajo criterios de responsabilidad ambiental y productiva.
Según los datos difundidos durante la celebración, cada año participan más de 3.200 productores, con más de 12.150 unidades de manejo, una superficie superior a 3.150.000 hectáreas y más de 25.100 prácticas declaradas.
Uno de los principales hitos institucionales llegó en 2019, con la sanción de la Ley Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias 10.663. La norma otorgó un marco legal al programa y fue aprobada con el acompañamiento de todos los bloques de la Legislatura cordobesa.
En 2020, la provincia presentó, a través de IDECOR, el primer mapa digital de Buenas Prácticas Agropecuarias del país. Esta herramienta georreferenciada permite visualizar la gestión sostenible de los establecimientos y aportar información territorial sobre las prácticas implementadas.
El programa también obtuvo reconocimientos por su trayectoria y sus iniciativas. En 2022 recibió el premio Buenas Prácticas Regionales de ORU Fogar-PNUD, mientras que en 2023 fue distinguido con el Premio CiTA en la categoría Innovación Tecnológica.
La articulación público-privada como eje
A lo largo de estos diez años, las BPAs se consolidaron a partir de la cooperación entre el Gobierno de Córdoba, los productores y más de 50 instituciones del sector privado y entidades relacionadas con la actividad agropecuaria.
La propuesta parte de una premisa que sintetiza su enfoque: no importa solamente qué producir, sino también cómo hacerlo.
En ese sentido, el programa busca acompañar la incorporación de tecnología, promover el cuidado de los recursos naturales y reconocer las decisiones productivas orientadas a la sostenibilidad.
Con una década de experiencia, Córdoba plantea ahora el desafío de ampliar esta política pública y convertirla en una herramienta de alcance nacional. La discusión que se abre será cómo adaptar el modelo a las distintas realidades productivas del país y qué instrumentos permitirán incentivar la adopción de buenas prácticas en cada región.
