La caracterización de segmentos agrofinancieros para aquellos que llevaron adelante la conducción estratégica del conflicto con el gobierno nacional en 2008 despertó polémicas y rechazo y fue considerada una “chicana” por muchos analistas vinculados a la producción agropecuaria.
Sin embargo, más allá de las intencionalidades y la pertenencia al sector productivo, negar el componente financiero y la presencia de estos intereses en el conflicto resulta insostenible.
Al respecto, en un reciente artículo –insospechado de oficialismo– realizado por Lorena R. D’Angelo y Rogelio T. Pontón se observa el componente financiero del mercado de commodities mundial y, por extensión, su presencia en el mercado local, actor principal en el negocio mundial. Se lee en el estudio que las commodities alcanzaron niveles récord de precios, que comenzaron a deteriorarse cuando los principales actores que impulsaron las subas se retiraron del mercado a raíz de la crisis.
Fueron los fondos especulativos los que primeramente encontraron en las materias primas agrícolas un resguardo para sus inversiones en un mercado en el que el dólar perdía valor frente a las demás monedas y las tasas de interés bajaban.
La participación de estos fondos fue creciendo y el mercado dejó de lado los elementos fundamentales para crear una burbuja a partir del mayor flujo de recursos que de los mercados financieros se orientaron a los agrícolas.
Los cambios del contexto internacional motivaron correcciones en los precios, con importantes bajas en las commodities agrícolas por el egreso de los fondos y la incertidumbre sobre las perspectivas futuras.
Las estadísticas muestran la evolución de los precios de la soja, el maíz y el petróleo en los últimos años, y el desmoronamiento posterior a la fuga del mercado de commodities de los fondos especulativos tras el despliegue de la crisis.
Ahora bien, si las condiciones que modelaron el conflicto de 2008 tuvieron en el de los fondos especulativos un interés dominante, hoy las circunstancias han cambiado y otras deberían ser las políticas hacia y desde el sector.
En este sentido, el gobierno nacional debe tomar nota del cambio de escenario y adecuar la política hacia el sector en nuevas direcciones y, es lógico, la representación sectorial debe observar las novedades y ordenar sus demandas y métodos de reclamo a la nueva etapa poscrisis, atento a que la eventual pero probable reinserción de componentes especulativos crecientes en el negocio no domine nuevamente su comportamiento sectorial.
En esta perspectiva, y a modo de ejemplo solamente, la iniciativa oficial, aun incipiente, de “atar” el subsidio de los insumos al precio de los granos pareciera ser una alternativa más adecuada a la nueva etapa.


