Así interpretó ayer la decisión de saldar la deuda de 6700 millones de dólares con el Club de París uno de los economistas más perspicaces de la City.
Los mercados respondieron al anuncio con el tono menor de ese aforismo. Saludaron a Cristina Kirchner con una leve mejora en las acciones de los bancos y una recuperación microscópica de los títulos argentinos. Primer balance provisional: el pago del pasivo que la Argentina acumulaba con otros países fue recibido sin euforias. Apenas como una decisión correcta. Arrancar a los inversores emociones más intensas le exigirá esfuerzos novedosos y un costo político superior.
En sentido estricto, al liquidar la deuda con el Club de París, el país mejora su perfil ante las compañías especializadas en seguros de crédito, como Coface, de Francia; Euler Hermes, de Alemania, o el Ex-Im Bank, de los Estados Unidos. A partir de las sigilosas consultas técnicas que realizó antes de que se conociera la medida, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, determinó que la tasa del 16% que pagan las empresas europeas -sobre todo medianas- que deciden invertir en la Argentina, podría bajar al 10% a partir de lo que dispuso la Presidenta.
Cabe aclarar: la elevada tasa de interés por la imposibilidad de asegurar los créditos es sólo un factor, muy secundario, de la resistencia que exhibe el capital cuando se trata de recalar en la Argentina. Además, el pago que se comunicó constituye una manifestación de vocación de pago que resultará alentadora para quienes asisten, mes a mes, al minidefault que realiza la administración desfigurando las estadísticas del Indec para retacear recursos a los tenedores de títulos atados a la inflación.
El otro significado que puede desentrañarse del anuncio deviene del plan general del que forme parte. La intención de cumplir con el Club de París es parte de la herencia recibida por la administración actual. Es decir, se inscribe en un curso de acción iniciado durante la gestión de Felisa Miceli en el Ministerio de Economía y que continuaron, con distintas modulaciones, todos sus sucesores. Ahora bien, ante las inéditas dificultades fiscales que descubrió el Gobierno, ¿se trata del primer paso para una normalización general de la relación del país con los mercados de capitales? ¿Es el comienzo de una estrategia que incluirá la reestructuración de la deuda de US$ 20.000 millones que la Argentina aún mantiene en default por la renuencia de muchos tenedores de títulos a aceptar el canje que les propusieron Kirchner y Roberto Lavagna? No hay ninguna expresión oficial que permita creerlo.
El único indicio de que el Gobierno podría desmontar el tabú que pesa sobre un eventual acuerdo sobre los títulos en default fue la atención que se le prestó en oficinas gravitantes del oficialismo a la propuesta realizada por el banco Barclay s, sobre la que informó LA NACION la semana pasada. Massa desmintió que hubiera funcionarios examinando esa oferta. Al hacerlo demostró, de nuevo, que Kirchner (y también algún operador cercano al santacruceño) le oculta buena parte de lo que hace.
Si no se completa con un entendimiento con los demás acreedores, el pago de ayer terminará inquietando más a los inversores. Sencillo: su significado quedará reducido a que el Gobierno cuenta ahora con menos recursos para saldar los compromisos del año que viene.
Un criterio adicional para evaluar el anuncio es el de su oportunidad. Es posible que si la Presidenta hubiera decidido el pago al Club de París antes de reconocer la tasa bolivariana del 15% que le fijó Hugo Chávez, hace tres semanas, el tímido aplauso de ayer hubiera sido más estruendoso. Pero sobre la Argentina pesa, sobre todo desde hace un mes, una creciente incógnita fiscal, que el Gobierno deberá despejar si pretende seducir al mercado financiero. La normalización del Indec y la negociación con los holdouts completan el menú de pretensiones que ese actor, al que los Kirchner contemplan a través de un cristal ideológico, expone a la hora de renegociar los vencimientos de 2009.
La decisión de la Presidenta se puede también analizar a la luz de las alternativas que se le ofrecieron a los Kirchner, a lo largo de estos años, para resolver el mismo problema. Desde esta óptica, se trata de un nuevo caso de "mala praxis". El pago que ahora representará una caída de US$ 6700 millones en las reservas líquidas podría haberse realizado a lo largo de 8 años, con 3 de gracia y una tasa del 6% anual. Eso sí, para ese beneficio había que someter el trato a la consideración del Fondo Monetario Internacional. De lo contrario, hace seis meses el Gobierno podría haber saldado la misma cuenta en tres vulgares cuotas sin interés. Pero, como se supo cuando pagaron por adelantado los créditos blandos que les ofrecía el Fondo y los sustituyeron con otros ajustados por la tasa más cara de la región, los Kirchner suelen ser pródigos con los acreedores.
A cualquier historiador que, dentro de décadas, decida estudiar la gran crisis que protagonizó la Argentina en 2001, le será inevitable admitir que cualquier gobierno que se instalara en el país en el ciclo posterior a esa tormenta estaría condenado a emprender dos tareas principales: restaurar el vínculo entre la sociedad y la política (de cuya debilidad dieron testimonio los cacerolazos, las asambleas populares y el lema "que se vayan todos") y reponer al país en las corrientes de inversión y financiamiento internacional, de las que se había apartado después de la cesación de pagos y el incumplimiento de casi todos los contratos.
Los Kirchner caminaron casi siempre en sentido contrario a esos objetivos. Al cabo de seis años en el poder, el país está envuelto en otra crisis política y los inversores presumen un nuevo default. Con la medida de ayer, el Gobierno retrocedió un paso en esa larga marcha.
