Mientras aún se escuchan los gritos por el debate legislativo en torno de las retenciones móviles, en voz baja se desarrolla una fuerte discusión millonaria entre el Gobierno y las cerealeras por US$ 650 millones en derechos de exportación presuntamente no ingresados en el fisco.
La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) resolvió que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debe cobrarles a las principales cerealeras del país este dinero por "retenciones mal liquidadas", es decir, pagadas supuestamente con una alícuota inferior a la que correspondía.
El presidente del organismo, Ricardo Echegaray, dijo a LA NACION que "las empresas no cometieron un delito de evasión, aunque sí hubo una maniobra de elusión, porque anotaron exportaciones de granos que no existían y que todavía no habían comprado". El funcionario se refirió a las anotaciones que realizaron las empresas cerealeras antes de que la alícuota de la retención para la soja pasara del 27 al 35% en noviembre. "No es un delito, pero la reglamentación de la ley Martínez Raymonda determina que tenemos que verificar si esa mercadería existía o no y eso fue lo que hicimos. Y lo mismo haremos ahora con la industria aceitera, donde seguramente habrá diferencias en torno de los 300 millones de dólares, y lo mismo pasará con el resto de las exportaciones del agro", agregó.
Las empresas realizaron un pago a cuenta mientras se reglamentaba esta ley; desde entonces, la alícuota pasó del 27 al 45% en el caso de la soja.
En la resolución 1487/2008, conocida la semana pasada, la Oncca informó estas "diferencias" a la AFIP para que haga efectivo el ajuste fiscal correspondiente. Y aunque el organismo que conduce Echegaray afirma que las irregularidades ya han sido comprobadas, en la AFIP revisarán nuevamente cada una de las declaraciones juradas para reclamar el monto mencionado, lo cual seguramente llevará un buen tiempo.
Una postura similar tienen las cerealeras, según indicaron ayer a LA NACION fuentes del sector. "Los exportadores están analizando cuenta por cuenta. Si hay diferencias que no están acreditadas, entonces se pagarán: ésa es la postura de la cámara. Pero si se comprueba que ya se había presentado la documentación necesaria, entonces habrá una discusión legal", aclararon con énfasis.
Por su parte, el abogado especialista en cuestiones tributarias Alejandro Altamirano sostuvo que "como los funcionarios del Gobierno han afirmado que las retenciones no son un impuesto sino una herramienta económica, se trataría de un instrumento cuyo pago es instantáneo y no podrían reabrir el porcentaje de la retención para ampliarlo según la conveniencia de la nueva norma". Por otro lado, el abogado dijo a LA NACION que, con las permanentes modificaciones de alícuotas que realizó, "el Estado no cumple con su obligación de trazar un cuadro tributario que cuente con un mínimo de seguridad jurídica y certeza indispensable para el desarrollo del comercio exterior".
Rechazo a las acusaciones
Por otro lado, las fuentes privadas volvieron a rechazar las acusaciones de diputados opositores liderados por Mario Cafiero, que acusaron a las cerealeras de maniobras de evasión fiscal por haber anotado las ventas de soja de fines de 2007 con una alícuota menor a la que correspondía.
En una solicitada publicada la semana pasada, el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) indicaron, entre otras cuestiones, que no hubo una liquidación menor de las retenciones para "estafar" al fisco y a los productores, ya que la misma se realizó en base a la normativa vigente a noviembre de 2007.
300 millones de US$
Es el ajuste fiscal que reclamaría el Oncca a las aceiteras por retenciones.
Por Martín Kanenguiser
De la Redacción de LA NACION
