Los agroexportadores sojeros comenzaron a presionar a las autoridades
nacionales a fin de evitar el impuesto a la exportación de soja en bruto.
Algunos ya hablan de la vuelta del tractorazo cerrando las principales rutas del
país.
Otros comenzaron a realizar un intenso lobby ante los parlamentarios a fin de
convencer a los mismos de que un eventual cobro de impuesto a la exportación
significaría supuestamente la extinción del sector.
Los brasiguayos, dedicados casi con exclusividad al cultivo de la soja y a su
posterior exportación, también presionan por su lado para evitar el gravamen.
Los datos recogidos por Última Hora revelan que más de 800 colonos firmaron una
nota dirigida al Consulado brasileño en Ciudad del Este donde denuncian supuesta
persecución y xenofobia.
Los sojeros pretenden mantener sus privilegios impositivos, convirtiendo al
sector en el que menos tributa a pesar de ser uno de los más rentables de
nuestra economía en los últimos años gracias a la duplicación de la
productividad y a la disparada del dólar y de los precios internacionales.
Actualmente el gravamen es solo para la presente zafra y de alrededor de 1,3%,
si consideramos el precio de venta promedio de 250 dólares la tonelada, cuando
en Argentina el gravamen es de 23,5%.
En Paraguay los sojeros aportarán al fisco en concepto de impuesto a la
exportación solamente unos 7 millones de dólares, mientras que en Argentina los
agroexportadores contribuirán al Tesoro con 2.500 millones de dólares.
Gravar las exportaciones de soja en bruto no solo posibilitará al gobierno
acceder a un importante capital que bien podría ser destinada a los campesinos
sino también al desarrollo de la industria procesadora de soja como en la
Argentina, donde la industrialización convirtió al vecino país en el mayor
exportador de harina, aceite y pellets, mientras toda la economía se sumergía en
una profunda crisis económica, el sector oleaginoso se constituía en el más
moderno del mundo, aumentaba sus inversiones y sus aportes al fisco y generaba
un gran aumento de la demanda de mano de obra.
APROBACIÓN. En caso que el Congreso apruebe el proyecto de ley
presentado por el senador Juan Carlos Galaverna en el sentido de gravar la
exportación de soja en bruto, el gobierno podría obtener unos 100 millones de
dólares año.
Esta cifra se obtendría en el eventual caso de aplicarse el mínimo previsto en
el proyecto de ley de un 10%, ya que también establece un tope de 15%.
La vuelta del impuesto a la exportación de soja (durante la administración
Rodríguez se aplicó un gravamen del 12%) puede posibilitar al Estado recaudar lo
suficiente para adquirir unas 300 mil hectáreas de tierra en forma anual, si
consideramos un costo promedio de 200 dólares/ha.
Sin dudas esta cifra posibilitará encontrar importante alivio al problema
campesino si se tiene en cuenta el reclamo que llega a unas 600.000 hectáreas en
distintos departamentos.
Los recursos provenientes de las exportaciones de soja bien podrían destinarse
no solamente a la compra de tierras, sino a un programa de reforma agraria
integral que apunte fundamentalmente a aumentar la productividad de las
explotaciones agropecuarias, elemento que viene determinando el alto grado de
pobreza en las zonas rurales.
Gustavo R. García
Jorge Villalba Digalo
