Después de ocho años de una pronunciada caída en las ventas de semillas fiscalizadas de trigo, en esta campaña agrícola las empresas proveedoras lograron comercializar un 50% más de estos insumos, lo que provoca una disminución de la ilegalidad en el mercado.

Contra lo que ocurrió entre 1997 y el año pasado, cuando el porcentaje de la superficie sembrada con semilla fiscalizada bajó del 52 al 20% del área total cubierta con el cereal, en 2004 se vendieron 4,1 millones de bolsas de semilla rotulada, frente a los 2,7 millones de 2003.

Esto significa que en este ciclo de producción el área cubierta con semilla fiscalizada asciende al 32 por ciento de la superficie total implantada (6,4 millones de hectáreas), contra el 20 por ciento del año pasado.

Con la diferencia de 1,4 millones de bolsas entre las dos campañas se amplió en unas 700.000 hectáreas la superficie sembrada con semilla legal en el cultivo, que ahora se ubica, aproximadamente, en 2 millones de hectáreas.

Los datos surgen de información preliminar de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov) y del Instituto Nacional de Semillas (Inase).

"El cambio que se observó en el mercado se debió a varios factores, como una mayor concientización sobre la semilla fiscalizada, la necesidad del productor de renovar sus variedades y ciertas acciones del Estado, como la resolución 52 de la Secretaría de Agricultura, que obligó al productor a declarar el origen de su compra y la semilla sembrada", explicó Adolfo Marull, gerente de Relaciones Institucionales de Arpov.

Para Marull, las investigaciones en el mejoramiento de los cultivos, que siguieron adelante a pesar de la creciente ilegalidad en el mercado, permitieron a los productores adquirir una importante base genética para esta campaña. Mientras tanto, Carlos Ripoll, director de Fiscalización y Control del Inase, indicó que, si bien el aumento del uso de semilla rotulada es significativo, el porcentaje que se logra cubrir (32 por ciento) es bajo con respecto a la superficie total sembrada.

En este sentido, el 68% restante de la semilla utilizada para sembrar trigo se reparte entre el uso propio de la cosecha que hace el productor (entre un 30 y un 35%), un derecho contemplado en la ley de semillas 20.247, y la superficie cubierta con "bolsa blanca" comercializada ilegalmente. "Seguimos lejos de una superficie razonable, ya que en la campaña 1996/1997 el 50% del área que ocupó el trigo se hizo con semilla fiscalizada", comentó Ripoll.

Respecto de los motivos del crecimiento de las ventas, el funcionario estimó que influyó la realización de una campaña de concientización y el hecho de que "los productores se dieron cuenta de que si usan semilla legal y tienen algún problema le pueden reclamar a alguien".

Proyecto en marcha

Próximamente, la Secretaría de Agricultura va a presentar en el Congreso un proyecto de regalía global que procurará terminar con el mercado de semillas ilegales.

La iniciativa establece una alícuota de entre el 0,35 (mínimo) y el 0,95 por ciento (máximo) del valor de venta del grano (soja o trigo) para constituir un fondo que será distribuido entre las distintas empresas obtentoras de cultivos. También prevé que a quienes compran semillas fiscalizadas se les hará un reintegro de su inversión.

Por Fernando Bertello
De la Redacción de LA NACION