BUENOS AIRES - El gobierno analiza dejar firme la doble indemnización, y convertirla en el pago legal por despidos injustificados, confirmó ayer una fuente oficial.
Según el informante, el presidente Néstor Kirchner ordenó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, estudiar el impacto de la medida en función de los niveles de crecimiento del empleo.
La posibilidad de darle estatus definitivo a la doble indemnización creció a partir de la crisis energética, que amenaza con provocar una ola de despidos y suspensiones en los sectores más afectados.
El doble pago por despidos sin causa tendrá vigencia hasta el 30 de junio próximo, luego de haber sido prorrogado por quinta vez por el gobierno.
El sistema rige desde principios de 2002, cuando el gobierno del entonces presidente, Eduardo Duhalde, la dictó en función de la ley de Emergencia Económica.
El funcionario consultado aseveró que el gobierno está trabajando fuerte para analizar la posible conversión de la doble indemnización en pago simple, para lo cual Kirchner dio instrucciones a Tomada.
Esa posibilidad fue bien recibida en el campo sindical, donde se teme que el cese de la vigencia del doble pago ocasione cesantías que se mantenían frenadas por su alto costo.
El asesor legal de la CGT oficial, Alberto Tomassone, ponderó que la continuidad del régimen especial o su fijación como norma legal no sólo frenará despidos, sino que abrirá un diálogo entre las empresas en crisis, que pretendan reducir personal y el Ejecutivo, a fin de buscar mecanismos menos drásticos.
"Los empresarios que quieran reducir costos por la crisis van a tener que sentarse a discutir y ahí van a tener que intervenir los organismos del Estado, para evitar que la solución pase siempre por el despido", razonó el abogado.
Tomassone aprobó una eventual continuidad del doble pago al señalar que los medios permanentemente hablan de la posibilidad de que se produzcan despidos y suspensiones por la crisis energética.
Además, consideró que aun con el monto duplicado la indemnización está muy por debajo de los niveles que tenía décadas atrás por estar enganchada al salario y por tener topes para los salarios más altos.
En ese sentido, rechazó el razonamiento empresario según el cual la actual indemnización aumenta en forma artificial los costos y consideró en cambio que no es gravosa.
La indemnización especial se impuso para frenar una previsible ola de despidos como consecuencia de la debacle económica de fines de 2001 y se prorrogó en cinco ocasiones ante la tibia reacción del mercado laboral, y por el temor de que los empresarios aprovecharan el fin de ese régimen para practicar cesantías pendientes.