Al finalizar 2001, Pedro cobraba en su trabajo un sueldo mensual de $ 914. Sabía que para los gastos de su familia tenía que destinar $ 800, y así le quedaban $ 114 que trataba de guardar a manera de ahorro. Dos años después, Pedro recibe más cantidad de billetes: su ingreso es de $ 1165. Pero, claro: si quiere mantener aquel mismo nivel de vida debería desembolsar $ 1173, y en vez de poder reservarse algo, ahora le están faltando unos pesos.
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La suma de esos $ 8,60 que hoy en día le faltan para poder comprar lo mismo que adquiría antes de la devaluación, y los $ 114 que antes podía ahorrar y ya no, representa una cifra equivalente al 13% del salario de 2001. Es nada más y nada menos que la pérdida que tuvo su salario en términos reales (en su poder de compra), a pesar de que, nominalmente, la cifra se incrementó en un 27,4 por ciento. Ese fue, claro está, el efecto del alza del costo de vida, que supera el 46 por ciento.
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Más allá de la historia de Pedro y de sus gastos en particular, los montos y porcentajes de evolución mencionados son válidos para el promedio de los asalariados formales, según los ingresos declarados en enero de 2002 y enero de este año en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).
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Claro que la evolución varía en función del sector económico y muestra una recuperación, desde niveles más bajos, que se aceleró el año pasado: hasta enero de 2003, el salario formal había subido nominalmente un 10,4% y, en términos reales, la pérdida trepaba a casi el 23 por ciento.
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Para quienes no obtuvieron ningún ajuste, como los jubilados que cobran más que el haber mínimo de $ 240, la caída del ingreso real desde la devaluación trepa al 32 por ciento.
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El universo alcanzado por la recomposición de los ingresos, vale aclararlo, abarca al 55% de los asalariados. El resto, según estimaciones del Indec, está trabajando en situación irregular. El organismo oficial de estadísticas aún no difundió cuál fue la evolución de ingresos posterior a mayo de 2003 según su Encuesta Permanente de Hogares, por lo que es difícil conocer qué pasó entre los informales. De todas formas, el Indec elabora un índice de salarios sobre la base de encuestas más reducidas, y allí calcula que los trabajadores en negro tuvieron apenas una variación del 6,9% en sus salarios hasta enero pasado, con lo cual estarían soportando una baja del poder de compra del 26 por ciento.
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Según los analistas, ese es uno de los factores que conspira contra una salida más dinámica de la grave situación de la pobreza que, en otras condiciones, podría ofrecer la recuperación económica. El economista Luis Secco apuntó que, mientras que en los 90 los índices de pobreza estaban atados directamente a la evolución del desempleo, ahora la posibilidad de un alivio de la crisis de la marginalidad está frenada por la debilidad de los ingresos de muchos ocupados.
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Los mecanismos
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Para los formales, los ajustes que ayudaron a recuperar parte del terreno perdido llegaron de la mano de la intervención del Estado y de la negociación entre empresas y sindicatos, en gran medida, empujada por la acción gubernamental (ver página 2).
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Según recordó el abogado laboralista y asesor de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, los decretos que dictó primero el gobierno de Eduardo Duhalde y luego el de Néstor Kirchner, por los cuales se impusieron aumentos de sumas fijas ($ 224 que ya debieron ser incorporados a los salarios y $ 50 no remunerativos), provocaron que el impacto fuera mayor en los segmentos de ingresos más bajos, que pudieron volver e incluso superar los niveles de capacidad de compra previos a la devaluación. "Esto generó un achatamiento de la pirámide, que se puede considerar razonable", dijo.
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El último decreto salarial, de $ 50, se reflejó en una mejora de casi un 5% en el promedio de los ingresos declarados, ya que la comparación en los últimos meses de 2003 con fines de 2001 y principios de 2002, arrojaban alzas nominales del 22% con una caída del salario real del 17 por ciento.
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Según Funes de Rioja, los aumentos más moderados en sueldos medios y altos estuvieron de todas formas por arriba del 30 por ciento. Hacia el futuro, según evaluó, "sólo debería haber negociación de salarios ligadas a competitividad y productividad".
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Desde el sector sindical, Alberto Tomassone, uno de los principales referentes de la CGT y asesor del sindicato de comercio, apuntó que, tal como está la situación laboral, "es difícil hablar de negociar, excepto en los sectores a los que les fue bien" con el nuevo escenario económico. Dadas esas limitaciones, sostuvo, se podría estimular el consumo mejorando el poder adquisitivo con medidas no salariales, como el cobro del IVA en forma discriminada según los productos.
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En la consideración de las diferencias por sectores, Tomassone se refirió los call centers, que se presentan como una actividad creadora de empleos porque los costos en personal son inferiores a los de otras latitudes. "Pero la amenaza es que cuando intentemos ajustar salarios no se pueda competir con otros países", advirtió.
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El de los call centers es un ejemplo de los desafíos que despierta el sostenimiento de un proceso de recuperación con salarios reales bajos y un tipo de cambio alto, que lleva a que la reactivación no alcance a compensar las pérdidas en el campo social.
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Lo cierto es que, como el actual escenario beneficia a algunas actividades y posterga a otras, los bolsillos de los trabajadores registrados evolucionaron de manera diferenciada.
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En primer lugar, habría que separar el caso del sector público, donde los datos de los salarios declarados -hoy en promedio de $ 1140- muestran la menor variación. Sólo se refleja la restitución del 13% que el gobierno de la Alianza había rebanado de esos ingresos, en aras de su objetivo de "déficit fiscal cero". El efecto es que esos empleados mantienen una pérdida de su poder adquisitivo del 20,7% desde 2001.
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Entre los privados, la actividad que mostró una evolución más modesta fue la de servicios de enseñanza y salud. Allí, las mejoras fueron en términos nominales, del 20,7% y la pérdida real, cercana al 18 por ciento.
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En el otro extremo, los empleados de industrias textiles y del cuero tienen hoy un salario medio de $ 952, un 62,2% más alto que el de 2001. Según ese promedio -que puede incluir a nuevos empleados con salarios mejores-, estos obreros tuvieron una ganancia en su poder adquisitivo del 10% con respecto a dos años atrás.
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Otra actividad de ingresos bajos que obtuvo una evolución superior al promedio fue la agropecuaria, donde se elevó el ingreso declarado de $ 432 a $ 667, lo que implica una mejora del 54,4% nominal y del 1,05% real.
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Industria y servicios
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En la industria en general, el alza nominal fue del 28% entre enero de 2002 y de 2004. Además de la textil, se destacó la rama de fábricas metálicas, donde la suba fue del 48 por ciento.
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En los servicios, el ajuste fue del 25,4% y la mejor evolución se dio en los hoteles y restaurantes, con un alza del 45,1%, en tanto que en el comercio el salario medio pasó de $ 698 a $ 974 (una ganancia nominal del 39,5% y una caída real del 5%). En la construcción, el ingreso declarado se elevó de $ 629 a $ 842 (un alza nominal del 33,9% y una baja real del 9 por ciento).
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¿Por qué esta evolución tiene escasa relación con lo que pasa en el sector informal? "Los sectores de la industria de la alimentación y las bebidas y de textiles, como la construcción, que son los que están requiriendo más mano de obra, piden personal con baja calificación y hay mucha oferta", evaluó Gabriel Sánchez, economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea. Ese hecho, a juicio del analista, traba las posibilidades de que haya un arrastre de las mejoras salariales a los no registrados.
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Sánchez consideró también que, como los formales que están bajo la línea de pobreza son relativamente pocos, es difícil que los ajustes influyan en un alivio de ese problema social, máxime cuando se estima que la mayor cantidad de nuevos puestos está en negro.
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Héctor Valle, de la consultora FIDE, estimó que los índices de pobreza sólo mejorarán si bajan los costos de las canastas de los productos que satisfacen requerimientos básicos y que se usan para fijar el límite entre ser o no ser pobre o indigente y que, desde diciembre de 2001, se encarecieron un 55,5% y un 75,3% en cada caso.
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Es el difícil desafío de un país en el que la brecha entre el mundo de los que pueden trabajar dentro de la ley y los que quedan al margen no hizo más que agravarse, con nuevos incentivos para ello, tras el proceso que rompió con la estabilidad de precios.