La detección de una gran cantidad de operaciones realizadas con facturas truchas, a nombre de productores inexistentes, es hasta ahora el principal resultado del megaoperativo de control del comercio granario que por estos días realiza la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en el sur de Santa Fe.

El operativo, que comenzó el 11 de abril y se extenderá mientras dure la cosecha gruesa, incluye a unos 250 sabuesos de distintos puntos del país, que trabajan apoyados por Prefectura, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad nacionales.

Incluye inspecciones en 14 terminales de embarque del cordón industrial, con agentes vigilando el ingreso de camiones, acopios, establecimientos de productores y controles ruteros.

Según informaron en el organismo, en lo que va del procedimiento se relevaron 26.500 camiones y 2.200 "cargadores", incluyendo productores y acopiadores. En toneladas fiscalizadas, 815 mil.

Precisamente, uno de los datos de la jornada de ayer fue el incidente suscitado a raíz de la decisión del titular de una planta de acopio de no permitir el ingreso de los agentes.

En un acto de resistencia pacífica la empresa Roberto Amsler impidió ayer el ingreso de los inspectores que pretendían realizar tareas de medición de stock de los silos de acopio y de relevamiento de los comprobantes de compra y carga, así como de control del personal de la empresa.

La Afip pidió entonces la intervención del juzgado federal número uno de Rosario, desde donde se ordenó el allanamiento de la empresa, con el apoyo de fuerzas de seguridad.

Además de los silos, la Afip controla los datos de los camiones que ingresan a las terminales portuarias para verificar la legalidad de la documentación presentada y su correspondencia con el cereal acopiado.

Toda la cadena

"Se va de atrás para adelante, desde el puerto hasta el acopio y el productor, hay controles durante 24 horas en las terminales, en los que se revisa la carta de porte de los camiones, se toman los datos del pesaje y se cruza la documentación requerida con la base de datos de la Afip", señalaron en el organismo.

Siguiendo esos caminos, explicaron, se llega en gran cantidad de casos a la venta de granos de parte de "productores inexistentes", en el caso típico de blanqueo de la venta en negro a través de futuras apócrifas. "Se hacen los relevamientos en las terminales portuarias y se busca a los vendedores que figuran en la documentación: ya nos encontramos con un productor que tenía domicilio en una villa de emergencia y otro con domicilio en el Parque Centenario de Buenos Aires", explicó uno de los sabuesos.

En la Afip remarcaron que la mayor cantidad de irregularidades fue detectada en la etapa primaria de comercialización, a partir de la proliferación de valijeros en la zona de producción, que operan en negro con la doble intención de beneficiarse con la devolución del IVA y evadir ganancias.

"Entre los exportadores por ahora está todo bien porque con las medidas que modificaron el cálculo del impuesto a las ganancias se emprolijó bastante la cosa", siguió el sabueso.

Para la semana que viene, los inspectores tienen previsto visitar unas 180 plantas de acopios y terminales en la región pampeana norte. Los datos recolectados se centralizan en la regional Santa Fe.

Operativo cosecha

La fiscalización de la Afip se intensifica en la época de la cosecha gruesa, cuando se mueven más de 9 mil millones de dólares, principalmente en soja, por las rutas del corazón de la pampa húmeda. Aunque no hay cifras ciertas, hay estimaciones sobre el porcentaje de comercialización de granos en negro que hablan de un nivel superior al 20% del total.

La evasión se acrecentó, según distintos empresarios del sector, a partir de la crisis de 2001 y la devaluación, como consecuencia de la desaparición del sistema bancario. La "preferencia por la liquidez" del sector, expresada entre otras cosas en el alto porcentaje de retención de mercadería en el campo, aleja a muchos operadores de un circuito en el que es más fácil el control, como el bancario.

Al calor de ese contexto, reaparecieron los valijeros, las fracturas truchas y nuevas modalidades delictivas, como el bolseo. Actividades todas que, también según la coincidencia de los propios operadores del sector, cuentan con un alto grado de protección por parte de estructuras estatales. Por esto y por la complejidad de los delitos, se explica en gran medida la escasa cantidad de condenas por infracción a la ley penal tributaria en el sector agropecuario.