LA PLATA (De nuestra Corresponsalía).- "Si en la provincia de Buenos Aires hay un sector que históricamente es evasor, ése es el de la industria cárnica. Por lo tanto, lo vamos a enfrentar con todas las herramientas que disponemos. Y si eso significa el cierre de las firmas o que los empresarios terminen presos, así será."

Con esta advertencia, el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, explicó ayer a LA NACION la solicitud de quiebra a la Justicia, por parte de la repartición a su cargo, de cinco frigoríficos que mantienen una deuda de $ 3,5 millones con la provincia, "por haberse declarado en rebeldía fiscal, al negarse a abonar lo que corresponde en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía revelaron que se trata de importantes establecimientos del sector. En ellos, por ejemplo, se cuenta el frigorífico Máximo Paz, uno de los más conocidos en esa industria.

Según Montoya, de los aproximadamente 120 frigoríficos que funcionan en territorio bonaerense, "se detectó un bajísimo nivel de acatamiento a las normas fiscales vigentes" desde el 1° de enero de 2003, cuando comenzó a gravarse al sector con el 1% en concepto de ingresos brutos. El funcionario enfatizó que "bajo ningún punto de vista aceptamos un incumplimiento masivo, y menos cuando algunos operadores de ese sector llevan adelante actitudes extorsivas, pretendiendo arrancarnos medidas que los favorezcan".

Reacción negativa

Cuando se puso en marcha el nuevo alcance de la norma tributaria, desde el fisco bonaerense se dedicaron a informar los alcances de la medida, pero, de acuerdo con los dichos de Montoya, "dirigentes del sector reaccionaron negativamente, por lo que intentamos hacerles entender que una administración tributaria tiene que aplicar la ley, y no dedicarse a discutir si un impuesto está bien o mal aplicado".

Seguidamente se iniciaron acciones de fiscalización, y luego un pormenorizado cruce de datos con la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) permitió establecer que una ínfima minoría de los establecimientos cumplía con los pagos. En noviembre del año pasado, y ya con un panorama completo sobre el sector, desde la Subsecretaría de Ingresos Públicos comenzaron a cursarse las intimaciones correspondientes. No obstante eso, los cinco frigoríficos sobre los que a partir de ahora existe el pedido de quiebra insistieron en su actitud de no pagar, además de no presentar declaraciones juradas.

"Cuando llegó un punto en el que las tareas disuasivas demostraron que no surtían efecto -dijo Montoya-, entonces actuamos en consecuencia, con la ley de sinceramiento fiscal en la mano." Asimismo, el funcionario anticipó que hay otros siete frigoríficos que, de no regularizar su situación en los próximos días, correrían la misma suerte, al tiempo que a unos 60 ya se les trabaron sus cuentas bancarias, mientras que a una veintena no se les permite la enajenación de sus bienes. Montoya advirtió que "casi todos cayeron en la figura de defraudación al fisco, por lo que les cabrían sanciones tan graves como la denuncia penal contra los propietarios de esas empresas".