La persecución por parte del gobierno nacional de que son objeto varios institutos privados y empresas consultoras que vienen midiendo el aumento del costo de vida ha tenido lamentables derivaciones que pusieron sobre el tapete la sospecha de que ese ataque a la libertad de expresión de distintos economistas pueda extenderse a los periodistas.

Días atrás, el juez Alejandro Catania envió un exhorto a los gerentes de asuntos legales de distintos diarios, entre ellos

La Nacion, para que suministraran "la nómina, dirección y teléfonos de contacto" de los periodistas que hubieran "publicado noticias vinculadas a índices inflacionarios en la República Argentina desde el año 2006" hasta la actualidad.

El magistrado adoptó esa determinación en el marco de una causa judicial promovida por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra los economistas Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo y la consultora M&S por supuestos fraudes de comercio e industria, a partir de sus estudios e informes sobre la inflación.

Más de una vez, hemos señalado desde esta columna editorial que la presión por parte del Gobierno a las empresas consultoras y a los institutos de investigación que, con mediciones y estudios propios, intentan paliar la falta de estadísticas confiables sobre inflación y pobreza tras la intervención del Indec, ha llegado a extremos muy peligrosos, hasta el punto de poner en juego la libertad de expresión.

A las demandas penales promovidas por el Gobierno contra el trabajo que realizan algunas consultoras, se ha sumado la aplicación indebida de multas confiscatorias, de 500.000 pesos, por los órganos de Lealtad Comercial, que sólo puede interpretarse como una intimidación a sus responsables, para que dejen de investigar sobre cuestiones molestas para los intereses gubernamentales.

Cabe consignar que, en juicios por alimentos y demandas de ajustes salariales, las citadas consultoras recibieron solicitudes de información vinculada con la inflación por parte de juzgados argentinos. Por ende, mal puede condenarse a estos institutos por difundir sus propias estadísticas, cuando están obligados a responder a las requisitorias judiciales.

Las consultoras en cuestión también fueron intimadas desde el Gobierno por haber realizado sus economistas declaraciones vinculadas con los incrementos de los precios a los medios de prensa. Así, la libertad de expresión fue coartada, al tiempo que pareció iniciarse un trabajo de espionaje y seguimiento desde el Estado sobre los dichos de determinadas personas.

A esto se suma la insólita solicitud del juez Catania a los diarios, que merece distintas consideraciones. En primer lugar, se trata de un requerimiento muy genérico que no permite desentrañar la utilidad de la información pedida por el magistrado.

En segundo lugar, puede llegar a tener un efecto inhibitorio sobre los periodistas que cubren cuestiones económicas, "ya que se ven súbitamente observados por el Poder Judicial en el marco de una causa originada en la difusión de información de interés público", como lo ha señalado la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Tal como ha sido planteada, la solicitud del juez, aun cuando no haya sido ésta su intención, puede configurar una situación intimidatoria hacia los periodistas en general; una afectación de los derechos inalienables de libertad de expresión, de información y de prensa, y hasta una forma indirecta de censura. Un posterior intento de aclaración del magistrado de los alcances de su preocupante medida no logró su objetivo.

Cabe recordar que el artículo 43 de la Constitución Nacional garantiza que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

La problemática de la inflación y la creciente controversia en torno de su medición es una cuestión de interés público que no puede ser objeto de ninguna clase de censura.

Es más, la difusión de índices inflacionarios elaborados por empresas privadas, por centros de estudios o por universidades constituye una actividad protegida por la propia Constitución. Y nadie puede ser sancionado por esa tarea, a menos que se demuestre que fue efectuada sabiendo que la información era falsa.

El absurdo castigo impuesto por el Gobierno a las consultoras, sin haber probado que existiese conocimiento de esas supuestas falsedades, parecería sólo un primer paso hacia otras medidas dirigidas a generar un relato único, basado en la mentira oficial.

El tema de las estadísticas confiables llegó tiempo atrás al Congreso, donde, con muy buen criterio, los representantes de la oposición que forman parte de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados acordaron difundir un índice del costo de vida, basado en la información suministrada por los institutos y consultoras censuradas por el Poder Ejecutivo.

Es menester que, ahora, el Poder Judicial tome también cartas en este espinoso asunto, reivindicando la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a informarse. Si la Justicia no actúa con independencia en la nueva etapa de hegemonismo político que podría presagiarse, sólo puede esperarnos un camino de mayor opresión y autoritarismo.