Son pocos los diputados nacionales que asisten a las sesiones de comisiones legislativas donde se debaten los 19 proyectos para regular la tenencia de tierra en manos extranjeras, pero lo más curioso es la no concurrencia del oficialismo.
El legislador (PRO) Christian Gribaudo analizó ante Noticias Argentinas que "el oficialismo no participa porque no quiere modificar el proyecto original del Ejecutivo". "Me parece que es más una posición electoral y para afuera el interés por el tema tierras y lo que va a pasar es que no haya un proyecto que se modifique", dijo.
La otra curiosidad de la apatía de los diputados es que la mayoría de las fuerzas políticas presentó proyectos tendientes a legislar sobre tierras y no hay interés por debatirlos. La comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja que lidera Juan Casañas (UCR) se reunió una vez para su tratamiento, sin quorum: les faltó un diputado opositor para lograrlo.
En tanto, la comisión de Asuntos Constitucionales, que dirige la duhaldista Graciela Caamaño sesionó en minoría esta semana, también sin quorum ni la presencia del oficialismo cuando había invitado a tres constitucionalistas que analizaron los proyectos.
La mayoría de las iniciativas legislativas presentadas se refieren a un control nacional sobre la adjudicación de las tierras a extranjeros lo que para el abogado Alberto García Lema contradice el artículo 124 de la Constitución. En ese artículo, explicó García Lema a NA, se "establece que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias".
"La tierra es un recurso natural por excelencia", sostuvo García Lema quien durante su exposición en la Comisión Legislativa llevó una cita de Manuel Belgrano donde se destaca a la agricultura como base de toda la industria y comercio.
Para el vicepresidente de la Asociación de Derecho Constitucional, "el derecho real de dominio es de las provincias, por lo que sólo un tratado interprovincial podría regular esto". "Existe una posición desde antiguo que acepta que aquellas cosas que pertenecen a las provincias no tendrían que depender de una ley federal o nacional", dijo a NA.
También destacó que los Registros de la Propiedad Inmueble han sido organizados por las provincias, por lo que llevaría muchos años organizar uno nacional y conformar un método informático que aúne a todos.
"Las provincias tienen distintos tipos de registros y de sistemas de la propiedad, por ejemplo Entre Ríos tiene 17 registros, uno por cada departamento provincial", sostuvo el constitucionalista. Por lo tanto, se estaría "declarando una ley inaplicable, un Registro Nacional de Tierras", coincidió.
El Poder Ejecutivo "hace un proyecto que está fundado en la cláusula del nuevo progreso, artículo 75, inciso 19 de la Constitución y busca un registro y una autoridad nacional de aplicación, en base al poblamiento de territorio".
El artículo 20 de la Constitución afirma que los "extranjeros tienen iguales derechos que los nacionales, desde ese punto de vista no se les podría prohibir vender o comprar tierras", apuntó. Sin embargo consideró que "no es tan insalvable".
En tanto, otro especialista que habló en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Roberto Gargarella aseguró que "el proyecto del Poder Ejecutivo no sobrepasa ningún test sensato referido a la igualdad según la Constitución Nacional".
Otra ausencia llamativa a esa sesión fue la de Eduardo Barcesat, constitucionalista que participó en la confección del proyecto del Ejecutivo. Sin embargo la vidriera oficial sobre "tierras" seguirá, a principios de octubre el Ministerio de Agricultura de la Nación realizará un seminario sobre el tema.
Guillermo Martini, por su parte, coordinador de la corriente oficialista CANPO, se pronunció sobre la "necesidad" de obtener una ley de tierras.
"La tierra es un recurso estratégico natural escaso y no renovable. Y a la Argentina, de hecho, le quedan entre 6 y 7 millones de hectáreas para extender el área cultivable, si se tienen en cuenta las restricciones medioambientales y se descartan enormes inversiones en riego artificial", manifestó.
En tanto, la Federación Agraria Argentina acaba de presentar un proyecto de ley para crear un "Instituto Nacional de Tierras", figura a tono con el "dominio" que los constitucionalistas rechazaron.
