Las diferencias que persisten entre los bloques opositores, e incluso entre la dirigencia agropecuaria, respecto de los impuestos a las exportaciones que tributan los principales cultivos amenazan con impedir que el Congreso sancione una nueva ley de retenciones en fecha para cuando caiga la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, que hasta ahora permitió a la Casa Rosada fijar ese tributo. Así lo reconocieron ayer algunas de las principales voces del arco antikirchnerista, mientras bancadas de centroizquierda insisten en diferenciarse de las propuestas que defienden los bloques opositores mayoritarios.
“La unidad la vamos a lograr, pero que nadie se deprima si el 25 de agosto no se eliminan las retenciones”, advirtió ayer la jefa del bloque de la Coalición Cívica-ARI en la Cámara baja, Elisa Carrió. Coincidió con ella el titular de la comisión de Agricultura en Diputados, el radical Ricardo Buryaile: “Al recinto no creo que lleguemos antes del 24”, reconoció. Las discusiones que delinearon ese escenario continúan girando alrededor de las posturas a favor y en contra de la segmentación para favorecer a pequeños productores y la eliminación total de las alícuotas para maíz, girasol, sorgo y trigo.
Son los diputados de centroizquierda los que hasta el momento se niegan a apoyar el anuncio del presidente de Sociedad Rural, Hugo Biolcati, quien afirmó que la mesa de enlace acordó pedir la eliminación total de las retenciones agropecuarias en todos los productos, excepto la soja, que se llevaría a cero en forma escalonada en cuatro o cinco años. Apenas escuchó esas declaraciones, el vicepresidente de la comisión de Agricultura, el socialista Lisandro Viale, aseguró que los seis legisladores de su bloque continuarán impulsando retenciones segmentadas para todos los cultivos. “Los datos son realmente muy contundentes como para no querer entender la necesidad de segmentar”, subrayó.
Su bloque y el de Fernando “Pino” Solanas, Proyecto Sur, que también tiene una postura diferenciada a la del resto de la oposición, suman 17 diputados que serán indispensables a la hora de sancionar una ley de retenciones, que requiere del acompañamiento de la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Es decir, 129 votos. “Estamos muy justos. Estamos trabajando para encontrar un proyecto de consenso, pero ningún proyecto colmará el ciento por ciento a nadie”, admitió en ese sentido Buryaile.
Las distancias se hicieron más evidentes en el despacho del radical Oscar Aguad. Hasta allí llegaron ayer en la tarde las cívicas Carrió y Patricia Bullrich, la radical Silvana Giúdici, el macrista Federico Pinedo y la peronista disidente Celia Arena para definir la agenda con la que el Parlamento retomará su actividad la semana próxima. No fueron invitados ni el PS, ni Proyecto Sur, ni el GEN de Margarita Stolbizer, quienes se enteraron del temario acordado a través de un correo electrónico.
Ese cronograma incluye la convocatoria a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento; de Comercio y de Presupuesto. Allí comenzarán a analizar la creación de varias comisiones investigadoras; la propuesta de llevar el haber mínimo jubilatorio al 82% del salario mínimo; un nuevo esquema de reparto de los ATN; y la reestructuración del Indec. El proyecto de retenciones aún no está en condiciones de ser incluido en esa agenda.
