La inminente caducidad de las facultades delegadas reunió ayer en la Exposición Rural a los principales jefe de los diputados y senadores de la oposición para analizar el futuro de las retenciones agropecuarias. El debate arrojó tres conclusiones: que no habrá prórroga en el Congreso de esos poderes extraordinarios; que con ellos no sólo caerán el 24 de agosto esos gravámenes al campo sino también unas 2.000 normas que deberán tratarse a futuro; y que no existe hoy en el arco anti K una postura común en torno a las retenciones a la soja.
Del encuentro participaron Elisa Carrió, Felipe Solá, Adolfo Rodríguez Saá, Federico Pinedo, Margarita Stolbizer, Gerardo Morales y Oscar Aguad, entre otros. Los legisladores se comprometieron a buscar consenso para lograr un proyecto único, tras el acuerdo alcanzado a los ponchazos por la Mesa de Enlace para llevar a cero el impuesto sobre todos los productos e imponer una reducción escalanoda y segmentada para la soja en cinco años. Pero por diferentes razones, ninguno pudo garantizar que se logrará el número en el Congreso para aprobarlo.
“Yo no estoy de acuerdo con la segmentación por una cuestión práctica”, dijo Carrió. Y preguntó: “¿quiénes se van a hacer responsables si el Gobierno no le devuelve la plata a los pequeños productores?. Yo prefiero darles subsidio directo y créditos blandos”, disparó.
Solá salió a replicarle: “la corrupción no puede atarnos de manos. Con ese criterio también habría corrupción cuando se arme el registro de créditos blandos”.
Stolbizer, también puso en duda la mayoría en Diputados, en especial porque “hay que convencer a los que representan a izquierda y centroizquierda”.
Sin embargo, para Morales no será ese el principal escollo. Ni siquiera el paso por la Cámara Alta, donde hoy los números no están del lado del arco anti K. Aún sancionando la ley, el jefe de los senadores radicales ya avizora un probable veto presidencial.
Como con las facultades delegadas caerán cerca de 2.000 normas, de las cuales 300 son muy importantes y 33 urgentes, como la facultad de fijar todos los aranceles de exportación e importación, Carrió y Rodriguez Saá consideraron que el Poder Ejecutivo no tendrá más remedio que sentarse a negociar en el Congreso. Pero Morales cree que la Presidenta podría firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia, amparándose en la ley de Emergencia Económica, para prorrogar las actuales retenciones. Y si bien tanto la oposición como el abogado Daniel Sabsay -que durante el debate sacó a relucir la Constitución y desempolvó toda la biblioteca jurídica- coinciden en asegurar que las retenciones son impuestos aduaneros y por lo tanto sólo puede legislar sobre el tema el Congreso, Morales recordó que el argumento del Gobierno sería el mismo del principio: que las retenciones no tienen naturaleza tributaria sino que son derechos de exportación. “Si el Gobierno discute este tema, lo tendrá que resolver la Justicia, y eso puede generar una confusión muy negativa para todos”, aseguró Pinedo.
