En abierto desafío al Gobierno ?en particular al polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno?, la oposición parlamentaria planea arrebatarle el control absoluto que ejerce sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El objetivo es convertirlo en un organismo autónomo, supervisado por el Congreso.
Esta es una de las innovaciones más relevantes del proyecto de ley que, en reserva, diseñan representantes de todos los bloques opositores de la Cámara de Diputados junto con ex directivos del Indec.
La intención es normalizar por ley el funcionamiento del instituto y poner fin a más de tres años de intervención gubernamental, llevada adelante por Moreno. Con la coordinación del constitucionalista Félix Loñ, el trabajo estará concluido en la primera semana del mes próximo para luego ser debatido en el recinto, donde la oposición tiene mayoría.
Todos los bloques, desde la centroderecha hasta la centroizquierda, coinciden en que el Indec debe salir del influjo de la Casa Rosada para recuperar la credibilidad de sus estadísticas, hoy seriamente cuestionadas. Con esa premisa, diseñan un modelo de organismo independiente, con presupuesto propio y de carácter eminentemente técnico, integrado por profesionales altamente calificados.
De aprobarse el proyecto, el Congreso, que nunca tuvo relación con el Indec, adquiriría un papel preponderante, pues controlaría, por medio de una comisión bicameral, la labor del organismo y tendría facultades para designar, como también remover, a los directores que encabecen el organismo.
"La idea es preservar al Indec de ofensivas que puede aplicar el Poder Ejecutivo, como sucedió con la intervención de 2007. Actualmente la ley que regula el funcionamiento del instituto no establece ningún mecanismo de preservación", explicó Loñ a LA NACION.
La intención es dotar de la mayor transparencia posible al nuevo Indec; por eso el proyecto propondrá concursos públicos de oposición y antecedentes para el nombramiento de los cinco funcionarios que, a priori, integrarán la cúpula directiva.
Lo que aún los opositores no resolvieron -y es motivo de un largo debate entre ellos- es cómo manejar el período de transición entre la actual intervención y el nuevo esquema de instituto que se pergeña en el Congreso.
Varios legisladores sostienen que la intervención debe cesar de inmediato y que los empleados despedidos deben ser reincorporados; otros legisladores admiten que la tarea de normalizar el instituto no será sencilla y requerirá tiempo.
Por lo pronto, entre los legisladores hay pleno consenso en los trazos gruesos de la iniciativa. Además del control que ejercerá el Congreso sobre el Indec, se incluirán un consejo federal, en la que estarán representadas las provincias, cuyo propósito será cooperar para lograr una mejor articulación en la metodología estadística nacional. Asimismo, la iniciativa prevé incluir un consejo asesor, integrado por sindicatos, empresarios y representantes de organismos no gubernamentales.
Autonomía"Queremos un Indec altamente profesionalizado y autónomo, con sujeción al Congreso para su control. Ese es el esquema de trabajo", confirmó la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica).
Por su lado, su colega Silvana Giudici (UCR) valoró la tarea de consenso lograda hasta ahora, ya que, recordó, suman más de 20 los proyectos presentados, sólo en la Cámara baja.
"El Congreso debe ejercer un rol más activo en su relación con el Indec", apoyó Laura Alonso (Pro), mientras que Walter Agosto (Peronismo Federal) rescató la necesidad de dotar de la mayor autonomía posible al instituto. En tanto, Gerardo Millman (GEN) insistió en la participación de las provincias en el nuevo Indec, "para una mejor integración de las estadísticas nacionales y provinciales".
En el diseño del nuevo Indec participan activamente quienes fueron directivos de ese organismo hasta la intervención de Moreno.
Entre ellos Graciela Bevacqua, ex directora del Indice de Precios al Consumidor (IPC); Víctor Beker, ex director de Estadísticas de Actividades Productivas y Clyde Trabuchi, a cargo de la Dirección Nacional de Condiciones de Vida.
El debate del proyecto de ley se dará en tres comisiones de la Cámara de Diputados: Comercio, Población y Presupuesto y Hacienda. Ninguna de ellas es presidida por la oposición, pero sí cuenta con mayoría en las tres.
"Sabemos que va a ser un debate difícil y que siempre está latente el veto presidencial, pero éste es un tema en el que la oposición está obligada a avanzar", enfatizó un importante diputado opositor.
El otro escollo duro para los impulsores de esta iniciativa será el Senado, donde oposición y oficialismo presentan una paridad tal que ha puesto casi en una parálisis a la Cámara.
Laura Serra
LA NACION
