El titular de la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, y otros once funcionarios de ese organismo y de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) fueron imputados por el fiscal federal Carlos Cearras en la denuncia penal que impulsó un nutrido grupo de diputados de la oposición a partir de las investigaciones de Clarín sobre irregularidades en los pagos de compensaciones a los feed lots.
En la denuncia penal que tenía como protagonistas a Echegaray y sus subordinados, los diputados los acusaban de montar una oficina paralela a la ONCCA (y que habría estado ubicaba en Piedras 519, 7 B) para negociar allí el pago de compensaciones a los engordadores de hacienda y otros sectores agroindustriales. Allí, según concluyeron los legisladores, se "reclamaban coimas que iban del 15 al 30 por ciento" de los montos en juego.
También se pone énfasis en el caso del frigorífico Rioplatense, de la familia Costantini, que a principios de 2009 cobró subsidios por 7,6 millones de pesos aún a pesar de que todavía no existía una normativa que autorizara pagos a la industria faenadora.
La denuncia que hicieron los diputados recayó en el juzgado de Daniel Rafecas a fines de octubre de 2009, pero ahora pasó al juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, donde fueron a parar varios expedientes similares.
El caso en el que fue imputado Echegaray se inició a partir de los casos sospechosos que los legisladores recibieron en una página Web montada especialmente para recopilar denuncias sobre la ONCCA.
Esa comisión investigadora, promovida por el macrista Christian Gribaudo, nació a partir de las primeras irregularidades investigadas por Clarín.
Ahora, a varios meses de aquella presentación, el fiscal Carlos Cearras (quien volvió a su cargo de fiscal luego de trabajar con Carlos Stornelli en el Ministerio de Seguridad Bonaerense), consideró que había elementos suficientes para "imputar" a Echegaray y el ex titular de la ONCCA, Emilio Eyras. También les correspondió esa figura a Diego Gayarzabal, Oscar Villaverde, Patricio Duhalde, Marcelo Utje, Christian Turba, Eduardo Nitti, Cristina Ingratta, Bernardo Calcagno y Luis Gentile. Todos ellos formaban parte de la estructura de directores que Echegaray impuso en la ONCCA a partir de abril de 2008. Y muchos de ellos siguen trabajando bajo el aura del poderoso funcionario, dentro de la AFIP.
La denuncia señalaba especialmente que, en tiempos de Echegaray, una resolución de la ONCCA había relajado los controles para entregar las compensaciones. Y que esa situación abrió la posibilidad de que se dieran compensaciones a feed lots inexistentes o que se falseara la cantidad de animales en engorde.
Por eso, los diputados también hicieron suyos los casos más paradigmáticos investigados por este diario: el del changarín marplatense Benjamín Tapia y el del feed lot "Paseo Las Lagunas", de Carlos Casares.
A partir de esta imputación, el fiscal Cearras solicitó una serie de medidas de pruebas que, según fuentes judiciales, Martínez De Giorgi podría comenzar a producir cuando termine este fin de semana largo.
Cearras le pidió a Martínez De Giorgi que tanto la AFIP como la Inspección General de Justicia (IGJ) remitan los antecedentes y documentos sobre la conformación societaria y los movimientos comerciales del Frigorífico Rioplatense.
El fiscal Cearras también solicitó que el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) aporte los documentos sobre la habilitación del Frigorífico Rioplatense S.A. Asimismo demandó que la ONCCA aporte el expediente en el que se compensó al Frigorífico Rioplatense y también que se recaben los antecedentes que respaldaron los subsidios entregados a Tapia, entre otros.


