"El campo va camino a fundirse", vaticinó el doctor Alberto F. Robredo, en una charla con este diario relacionada con la situación del sector agropecuario. Atribuyó esa grave perspectiva a la presión del Estado "para destruirlo".
"Y si se funde el campo, adiós Argentina", agregó.
El doctor Robredo, abogado, ex profesor de Derecho Político y de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es autor de El Estado agredido" y de innumerables artículos y ensayos. Periódicamente suele colaborar con notas de opinión que se publican en "La Nueva Provincia".
En un extenso diálogo, se refirió a cuestiones esenciales vinculadas con el desarrollo de la tarea rural; en particular, algunas de plena actualidad, como la aplicación de los derechos de exportación. Afirmó que, hoy, el Estado --en virtud de la aplicación de ese y otros tributos-- se lleva casi el 81 por ciento de la utilidad del precio de venta de un productor de soja, siempre que haya tenido la suerte de encontrarse con una buena cosecha.
Seguidamente, transcribimos la entrevista con el Dr. Robredo.
--La gente de campo se queja porque dice que va camino a fundirse, en tanto el gobierno sostiene que, gracias a él, el campo gana como nunca y debe sostener a otros sectores de la sociedad. ¿Quien dice la verdad?
--Vamos a poner las cosas en su punto. En primer término, no veo motivo para que una parte de la sociedad sostenga a otras. Cada cual debe sostenerse por su trabajo. O sea que no hay motivo, si la sociedad está en orden, para que algunos deban vivir gracias a la limosna de otros. Y esto vale para todos los órdenes. Si hay gente que la pasa mal, y hay muchos, es porque el gobierno no tiene idea de cómo hacer bien su trabajo: el gobierno nacional y los de las provincias. Esto sentado, paso al gran tema. El productor agropecuario argentino está entre los mas tecnificados y eficientes del mundo. Sin embargo, gracias a la presión del Estado para destruirlo, el campo va camino a fundirse. Quiero ser bien claro: si esto sigue así, el campo se funde. Y si se funde el campo, adiós Argentina.
--¿Cómo es posible fundir a quien trabaja bien? ¿Es por la sequía? ¿Es porque el campo está emperrado en sembrar especialmente soja?
--Dejemos los factores climáticos de lado. El campo siembra aquello que más utilidad le deja, como cualquier otro que fabrica bienes o produce servicios o trabaja en lo que sea. Hace aquello que sabe hacer y hace lo que le deja más plata para mantener a su familia y para progresar, ya que, al fin y al cabo, el progreso de todos sumados es lo que hace progresar al conjunto y el conjunto es el país. Aquí, la realidad es que al campo lo están esquilmando. Le han creado un socio que le chupa la sangre como un vampiro y lo deja exhausto. El Estado lo ahorca con dos sogas: con una le aplica impuestos tan delirantes que le quitan la utilidad y hasta parte del capital, y con la otra no lo deja llegar a los mercados internacionales. La presidenta dice que la Argentina puede alimentar al mundo entero, lo que no es cierto, aunque podría alimentar a parte de la población del mundo. Claro, siempre que esos alimentos se puedan exportar, porque el gobierno prácticamente prohíbe exportar la mayor parte de la producción agropecuaria. Para no irnos por las ramas, sugiero que nos concentremos en el gobierno vampiro que chupa con impuestos insoportables al productor y cómo puede éste superar el problema.
--Sabemos que está trabajando en ese tema. ¿Tiene defensas el campo?
--Hasta ahora, el campo se manejó sin éxito, ya que sólo puede computar como tal haber ganado un desempate por el voto negativo del vicepresidente Cobos a la subsistencia de la famosa Resolución 125 sobre retenciones. Muy vistoso y precursor de la debacle en que está sumido el gobierno. Pero el problema es mucho más de fondo. Imaginemos que cesa este gobierno, sea por finalizar su período, porque lo eche el pueblo, porque se escape aprovechando la noche para evitar ir a la sombra, una vez que el pueblo y sus instituciones se den cuenta que poco tienen los muchos y que mucho tienen los que gobiernan y sus socios. Si siguen los mismos que gobiernan o si los reemplazan otros de los que aparecen en el horizonte, no pareciera verse la solución, que no pasa por los piquetes ni por diálogos entre sordos o entre zorros y gallinas. Y esto es porque no sabemos usar las herramientas que la ley, la Constitución y la sociedad ponen a nuestro alcance. Su uso devengaría un alivio general, no sólo para el campo, sino para la sociedad toda, que parece no darse cuenta de que este cáncer empezó en el campo, pero se está diseminando en una metástasis que tiene dos finales: o se acaba la enfermedad o se acaba la Argentina. Pero hay algo más: la ley nos da la posibilidad de la solución para ahora y para siempre.
--En un país de tan poco apego a la ley, escuchar que la ley es la solución genera una intriga y una expectativa. Le pido que explique cómo.
--La gente se encandila con el arma que amenaza de cerca y no ve el armamento en conjunto de los enemigos del campo, que es como decir los enemigos del pueblo. El arma que ahora encandila se llama retenciones. Por cada venta de grano se le saca al productor la retención, que es para el Estado. Para no desperdigarnos en muchos ejemplos, imaginemos la soja. Tiene un 35% de retención. O sea que el productor cobra, de movida, el precio de la soja menos el 35% de retención. ¡Flor de vampiro! ¡Cobra sobre todo el precio de venta!, sin descontar siquiera los gastos que tuvo el productor. O sea que no es una retención sobre la utilidad, sino sobre el precio total. Hay una vieja jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invariable hasta el día de hoy, que dice que el impuesto que supera el 33% de la utilidad del contribuyente es confiscatorio y, por ende, inconstitucional. Esa posición se aplicó respecto del viejo impuesto a los réditos, que en la práctica constituía el universo fiscal que gravaba al productor, ya que los impuestos provinciales y municipales eran escasos.
Hoy, el universo fiscal está diversificado, y en sustitución del viejo impuesto a los réditos que percibía del productor, el Estado le cobra: retenciones, impuesto a las ganancias, impuesto al patrimonio o a los bienes personales, impuesto al cheque, impuesto a los ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto municipal, IVA, impuesto de sellos, etc. Para tener una idea de la realidad, el Estado se lleva el 80,66% de la utilidad del precio de venta de un productor de soja, siempre y cuando el productor haya tenido una buena cosecha, o sea que los factores climáticos no lo hayan perjudicado, y que además sea propietario del campo, ya que si debe pagar arrendamiento, esa utilidad pasará a la nada.
En ese porcentaje tan impactante no se calculan el IVA ni el impuesto de sellos. Con el 19,33% que le queda, debe mantener a su familia, pagar los mayores costos para volver a sembrar, hacer las inversiones que requiere el campo para mantenerse en adecuadas condiciones, renovar o reparar las herramientas de trabajo, etc. Como resulta obvio, esos gastos imprescindibles son imposibles de cubrir. En otros granos, el desfase es mayor, por lo que el productor se ve impelido hacia la soja.
--¿Ud. apunta como solución a ese límite del 33% fijado por la Corte Suprema?
--Efectivamente. Si el 33% de la utilidad resultaba el tope para el casi universo fiscal que era el viejo impuesto a los réditos, ese 33% de la utilidad debiera ser el tope para el actual universo fiscal, incluidos en él los impuestos que cobran los tres fiscos involucrados: el fisco nacional, el provincial y el municipal, ya que hoy ninguno es insignificante. Dicho de otra manera, creo que la gran arma de los productores es ir a los juicios en reivindicación de sus derechos constitucionales, al amparo de la Constitución Nacional y la tradicional jurisprudencia de la Corte. Soy consciente de que podría sostenerse que ahora hablamos de un universo fiscal que contiene muchos impuestos. Bien: aun así, creo que no hay juez en la República que se animaría a declarar como constitucional que los impuestos, en su conjunto, puedan sacarle al productor más de un 40% o raspándole, de su utilidad.
--¿La gente cree en la Justicia? Voy más allá: ¿Ud. cree tanto en la Justicia?
--La Justicia desprestigiada es la que sale en los medios. La Justicia en lo Criminal, dadivosa con los delincuentes, y la Justicia en lo Criminal Federal, cuyas condenas en delitos contra el Estado y sobre todo cometidos por funcionarios del poder sólo pueden verse con un microscopio. Pero los jueces intervinientes en los casos de vampirismo fiscal contra los productores son los mismos que liberaron los fondos atrapados por el corralito, que no se acobardaron frente a la prepotencia gubernamental. Como los demandados son los tres fiscos involucrados: el nacional, el provincial y el municipal, el juez competente será el de mayor incidencia porcentual y, además, el que se sustenta en las normas agredidas por el gobierno, que es la Constitución Nacional. O sea que el juez competente será el juez federal del domicilio fiscal del contribuyente. Reitero: uno de esos jueces que no se acobardaron frente al corralito ni a la invocación de supuestas emergencias.
--¿Y por qué supone que los jueces fijarán esos topes cercanos al 40% de límite de absorción de utilidades por los impuestos?
--Le voy a contestar con realidades. Los jueces no pueden diluir su responsabilidad, ya que son pocos e identificables: el de primera instancia es uno solo, en la Cámara de Apelaciones son solamente 3 y en la Corte Suprema, 7. Además, tienen la última palabra en el control de constitucionalidad. Lo que los jueces dicen que es constitucional lo es sí o sí, en tanto que si los jueces dicen que algo es inconstitucional, lo es sin remedio y para siempre. Esto implica que la responsabilidad final de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la desorbitancia de los impuestos que gravan al productor no será del presidente ni del Congreso, sino de los jueces. Entonces me pregunto: ¿qué juez estará dispuesto a declarar constitucional que una persona pueda estar sometida al pago de impuestos que superen el 40% o poco más de su utilidad real?
--¿Y los miedos? ¿Y el miedo a la ulterior persecución de la AFIP? ¿Y el miedo al poder?
--Si Ud. publica opiniones antigubernamentales, es posible que alguien quiera presionarlo para que deje de hacerlo. Si Ud. no se ajusta a la tabla de precios de un Moreno, por ejemplo, es posible que lo persiga con inspecciones, etc. Pero desde siempre, no desde este gobierno, sino desde siempre, aquel que elige la vía judicial para pelear contra el Estado jamás fue molestado. Esto no es porque sí. Es sabido que la sentencia obtenida en un juicio tiene efectos entre quienes fueron partes en el juicio, por lo que los efectos de esa sentencia no pueden ser invocados por otras personas. Para el Estado, perder un juicio o perder mil juicios son gotas en un océano. Pero si hace inspecciones, amenaza, molesta a alguien que le hizo un juicio, corre el riesgo de afrontar la acusación de que en la Argentina no se respeta la garantía constitucional de la defensa en juicio. Esa imputación es de una gravedad tal que cerraría la posibilidad de la inversión interna o externa en el país. Y ese riesgo no se anima a afrontarlo el Estado, cualquiera sea el gobierno de turno.
Le doy un ejemplo: en mi estudio, tramitaron más de 70 juicios relacionados con el corralito, en que eran demandados el banco donde se hizo el depósito, el Estado Nacional y el Banco Central. Jamás un miembro del estudio o uno de esos clientes fueron molestados o sujetos a una inspección o intimados a algo. Jamás, y pese a que todos los juicios fueron ganados integralmente. Frente al Estado, el juicio es como si no hubiera existido, aclarándole que el Estado se defendió en el juicio, pero solamente en el marco del expediente, sin extensión alguna al plano de inspecciones, amenazas, análisis de declaraciones juradas, etc., ni durante ni después del juicio.
--¿Qué efectos tendría para el productor la sentencia favorable que obtuviera, en la que se fijara un tope razonable al conjunto de impuestos nacionales, provinciales y municipales?
--Que desde que interpuso la demanda y por el resto de sus días jamás podría sufrir impuestos que, en conjunto, superaran el límite que fijó la Justicia. Además, durante el trámite del juicio, una medida cautelar podría fijar provisoriamente el límite de los impuestos en su conjunto. Los tres fiscos pueden pactar entre sí cómo distribuirse el tope fijado por el juez o el juez lo determinaría si no llegaran a un arreglo entre ellos.
--¿Cuales serían los costos del juicio para el productor?
--La jurisprudencia en general estima que cuando lo que se debaten son derechos constitucionales, el juicio no tiene valor económico, ya que la Constitución está por encima de una valoración económica. Esto implica algunas consecuencias: la tasa de justicia se paga por monto indeterminado, por lo que es mínima; los honorarios que se regulan son ínfimos y las costas se suelen imponer por su orden, o sea que cada parte paga su abogado. El juicio no es de amparo, sino un juicio ordinario, en el que habrá que producir un peritaje contable para medir la realidad de cada productor y demostrar que está sometido a impuestos confiscatorios. El costo estará en el peritaje y en los honorarios del abogado del productor. Los del peritaje son muy medidos y los del abogado serán objeto de pacto entre cada productor y su abogado, lo que los hace razonables por definición, ya que sin honorarios accesibles no hay juicio, y sin juicio no hay beneficio para el productor ni para el abogado.
--Este planteo excede el ámbito agropecuario y va mucho mas allá, pues implica un cambio estructural aplicable a la totalidad de la población.
--Es cierto. Lisa y llanamente, llevaría a que nadie en la Argentina podría ser afectado por impuestos que, en su conjunto, afectaran más de un determinado porcentaje de utilidades del contribuyente. O sea que los gobiernos deberían subordinar el gasto público a esta limitación sustentada en la Constitución Nacional, lo que sería también un límite al despilfarro, a la corrupción, a la demagogia y un feroz incentivo a la inversión y al incremento de la producción, con lo que se impulsaría en la Argentina un desarrollo fenomenal. Debo aclararle que, para mí, los porcentajes de que he hablado son extremos, son altos, por lo que paulatinamente se debe tender a su disminución, como condición de ascenso en el nivel de ingresos de la población.