En este sentido, no puede sernos ajeno que la ganadería de nuestro país atraviesa por uno de sus peores momentos, después de una histórica sequía agravada por una política oficial orientada a desalentar las exportaciones de carne vacuna.

A causa de ello, a partir de 2003 la tasa de faena de hembras superó el umbral aceptable del 42% y ascendió velozmente año tras año. En 2007, la tasa promedio se ubicó en el 47,5% y se elevó al 49,3% en junio pasado. De seguir con estos guarismos, los especialistas advierten que, a partir de 2011, la Argentina se verá obligada a importar carne para abastecer su mercado interno.

Hasta los recientes anuncios, de un reintegro inicial a las exportaciones del cinco por ciento se había pasado a una retención del 15% a las carnes frescas y congeladas. En marzo de 2006 se prohibieron totalmente las exportaciones durante más de 40 días. Después se autorizaron en hasta un 50% de lo exportado en 2005.

También se buscó impedir las exportaciones a través de la instrumentación de trabas para-arancelarias, como el Registro de Operaciones de Exportación (ROE, resolución 31/06 del Ministerio de Economía), agravado posteriormente por el denominado ROE Rojo, que obligó a justificar los costos totales de cada embarque y, todavía más, por el denominado Encaje Productivo Exportador (Res. 42/08), que impuso a los frigoríficos la obligatoriedad de presentar una declaración jurada que acredite el tonelaje neto de carne en existencia. Se les permitió exportar sólo el 25% del total.

La barrera a la exportación frena la producción, que, a la larga, disminuye, contribuyendo al aumento del precio interno. Por el contrario, la posibilidad de exportar incentiva la producción de novillos pesados, de los cuales sólo se exporta una parte (el 25% aproximadamente), quedando el resto para el consumo interno.

La prueba evidente de la viabilidad de esta alternativa la encontramos en la República Oriental del Uruguay, país que desarrolló fuertemente la exportación ganadera en todas sus variantes, sin perjudicar con ello la comercialización interna.

En la Argentina, además de perderse ingresos por US$ 500 millones por la merma de las exportaciones, se pagaron más de $ 600 millones en concepto de compensaciones para engordes en corral. Si nuestro país, por causa del desacierto de estas políticas, mantiene estas tendencias y se ve obligado a importar carne, la población tendrá que pagar precios internacionales.

En este contexto, resulta indispensable reformular la política agroindustrial del país, para lo cual deberían tenerse en cuenta los diez puntos que el Gobierno de Santa Fe presentó a la Presidenta en abril del año pasado.

Entre esos puntos se destaca la necesidad de elaborar un cronograma secuencial y coherente de apertura de exportaciones y mecanismos de fijación de volúmenes y precios internos, para desacoplarlos de los internacionales.

La situación ruinosa y de de- sesperanza que
viven numerosas familias de nuestro interior afecta no sólo al agro, sino también a la industria, el comercio y, en definitiva, a los trabajadores en general. Produce, en cada caso, un daño inversamente proporcional a las propias fuerzas.

Es, por lo tanto, imprescindible la reasunción por parte del Poder Legislativo de facultades que le son propias. Debería aprobar la apertura total de la exportación de carne vacuna por un lapso de 180 días y la exención del pago de derechos de exportación a las operaciones realizadas durante ese período.

A partir de allí, una mesa de consensos, que bien podría ser el Consejo Federal Agropecuario ampliado, debería fijar las nuevas políticas para el sector.

La Nacion