Fernando Bertello
LA NACION

Como con las ex AFJP, la supuesta intención del Gobierno de estatizar el comercio de granos se perfila lisa y llanamente como otra pelea por plata. En ese momento, el Poder Ejecutivo embolsó casi US$ 30.000 millones que manejaban las administradoras de los fondos de jubilados y pensionados. Ahora también podría acceder a cifras igualmente millonarias.

En 2008, los 80 millones de toneladas que se comercializaron al exterior representaron un valor de exportación de US$ 32.000 millones. Ahora, con unos 54,8 millones de saldo exportable, una cifra menor por la caída de la producción en los principales granos desde el trigo hasta la soja, se habla de que el valor rondaría los 18.000 millones de dólares, sin contar el pago de las retenciones.

Si bien de algún modo esa podría ser la nueva "caja" total del comercio externo de granos, más chica que en otras oportunidades, el Gobierno ha encarado una batalla por el lado de lo que aún no se vendió de la anterior cosecha de soja. Necesitado de dólares, busca que los productores liquiden lo que básicamente guardan de una cosecha que había alcanzado las 48 millones de toneladas.

Pero hay diferencias. El oficialismo y el campo tienen calculadoras distintas para estimar cuánto dinero involucra el botín. Mientras la ministra de la Producción, Débora Giorgi, dijo que los productores estarían reteniendo 9 millones de toneladas que equivaldrían a US$ 3000 millones de dólares -esto dejaría unos 1000 millones al Estado-, el sector tiene otros números. Ayer, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que se trata de una cifra bastante más baja. Según la entidad, la producción que restaría por liquidar en soja sería de 5,5 millones de toneladas. Se trata de un volumen básicamente almacenado en enormes bolsones blancos de plástico esparcidos por los campos. Además, faltaría que los productores vendieran 500.000 toneladas de maíz.

En plata, se trata de US$ 1144,9 millones en soja y US$ 57,5 millones en maíz. En total: US$ 1201,5 millones. Es un cálculo considerando precios internos; si se tomaran los valores de exportación, como la Bolsa rosarina supone que haría el Gobierno, como mucho se trataría de US$ 1952 millones. "Hay una diferencia enorme entre lo que dice el Gobierno y lo que estima la cadena comercial. Es como si uno va al médico y le dice tenés 13 de presión, pero después consultás con otro y te dice 18", afirmaba ayer un especialista.

Una complicación adicional que dificulta cualquier certeza sobre el remanente por vender es que desde septiembre de 2008 la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) retacea información clave sobre balances agrícolas. Para analistas privados, gran parte de lo que retienen los productores sería para financiar la próxima siembra de granos, comprometida por la falta de crédito y el quebranto de la actual campaña en cultivos como trigo y maíz en campos alquilados, donde se hace el 60% de la producción. Para el Gobierno se trata de especulación y de allí la medida estatizadora.
Consecuencias

Según un operador, si en la movida estatizadora el Gobierno impone precios de compra, le quitaría cualquier incentivo al agricultor de esperar precios mejores. Además, sería un golpe para las bolsas de cereales, donde juegan la oferta y la demanda. "Si la medida saliera así, el productor debería preguntar el precio. Correría el riesgo de que le digan: «Si no la vendés este mes en el próximo te pago menos»", razonó.

Pero, además, se abren dudas sobre qué pasaría con los exportadores, un rubro donde se destacan multinacionales y grandes firmas locales. Entre los quince primeros puestos del ranking general de exportadores de la Argentina hay cinco o seis firmas agroindustriales, como Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera, ADM, Bunge y Molinos, por ejemplo. Sólo Cargill, que habitualmente hace entre el 20 y el 23% de las operaciones externas, llegó a vender por más de US$ 4500 en 2007. "Si el Gobierno les comprara a los productores, es posible que las cerealearas debieran convertirse en proveedoras del servicio de exportación", añadió el operador.

De cara a la próxima campaña agrícola (a partir de mayo), en el sector también se duda sobre la decisión que podrían tomar los productores sobre seguir sembrando. "Si el Gobierno te pone los precios de compra, ¿cómo va a hacer para que al sector no le suban los costos de siembra? ¿Quién se va a animar?", se interrogaba ayer una fuente.
9.000.000
de toneladas

* de soja es el volumen que, según el Gobierno, hoy estarían reteniendo los productores y no venden.

5.500.000 toneladas

* de la oleaginosa es lo que, según la Bolsa de Comercio de Rosario, en realidad aún no se comercializó.