Sobre el escenario del inminente desabastecimiento en las principales ciudades del interior y con las rutas ocupadas por transportistas rurales y grupos de productores autoconvocados, el gobierno y las entidades que agrupan a los distintos sectores en protesta intensificaron los contactos informales para desactivar la compleja bomba armada en los tres meses de conflicto por las retenciones.

Los transportistas rurales mantenían anoche los piquetes al no recibir la garantía de que los productores volverán a darles cargas para trabajar. Formalmente, el lock out agropecuario finalizó el lunes pero en los hechos el cereal no se comercializa. La dirigencia del transporte esperó en Buenos Aires hasta última hora el fin de la larga reunión de la mesa de enlace de entidades agropecuarias, a la espera de una definición.

Pero los directivos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA), Sociedad Rural (SRA) y Coninagro no se pusieron de acuerdo sobre los pasos a seguir en el marco del conflicto. Es más, se oficializaron las diferencias entre ellas y hacia el interior de cada una de ellas. A tal punto que esta vez ni siquiera sacaron un comunicado conjunto y pasaron a cuarto intermedio.

Los representantes de la SRA, Coninagro y CRA no quieren convocar a un nuevo lock out, para mantener la débil línea de acercamiento con funcionarios del gobierno, encabezados por el ministro de Planificación, Julio De Vido. En el caso de los confederados, sí aceptan "acciones gremiales moderadas".

FAA reunirá hoy en Rosario a su consejo directivo, que probablemente decida avanzar con su propio plan de protesta, con marchas y tractorazos hasta el 25 de junio, cuando se realizará un acto por el Grito de Alcorta.

Esta entidad es la que está más presionada por las bases, ya que, a través del entrerriano Alfredo De Angeli, es la más cercana a buena parte de los autoconvocados. En definitiva, y a pesar del fin formal del lock out, es impensable que promuevan el retiro de los productores de las rutas. Los piquetes del sur de Santa Fe, por ejemplo, ayer volvieron a cortar la autopista a Buenos Aires.

Mientras el paro sigue en los hechos, en los papeles hay una suerte de impasse en las hostilidades entre gobierno y campo desde el último discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es más, el jueves se anunció la liberación de un millón de toneladas de trigo para exportar. El ministro de Planificación, Julio De Vido, desarrolla una intensa diplomacia paralela con todos los sectores.

Según trascendió, esta ronda incluyó a los dirigentes de Federación Agraria. El titular de la entidad, Eduardo Buzzi, no estuvo ayer en la reunión de comisión de enlace y no participó del tractorazo que esa organización realizó en La Matanza.

Más público fue el encuentro del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, con Luciano Miguens y Mario Llambías. La reunión se desarrolló en la sede de Fadeeac, la entidad que agrupa al transporte de cargas generales, que también se ve afectado por los cortes de los transportistas rurales.

También son continuos los contactos de De Vido y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, con los transportistas rurales, que hoy dominan los piquetes. El rompecabezas de las negociaciones es complejo. Para que los camioneros de cereal levanten los cortes, las entidades rurales deben garantizar que el fin del lock out sea una medida efectiva. Para ello, estas organizaciones necesitan mostrar un resultado en el diálogo con el gobierno, que, al menos por ahora, no quiere hablar de retenciones. En estas condiciones, una nueva tregua no logrará evitar roces con los autoconvocados, que los dirigentes buscan la mejor forma de administrar.

Esto en el medio de recelos, posturas extremas, operaciones y juegos al límite.

Ayer, los exportadores aportaron lo suyo para quebrar la protesta, tentando con precios de mil pesos la tonelada de soja a los productores o cerealistas que se la entreguen antes del lunes. Y consiguieron interesados.