El capítulo judicial de la crisis con el campo avanza: un fiscal pidió ayer el procesamiento de ocho productores rurales que están acusados de haber cortado la ruta 9 y de incendiar pastizales en San Pedro.

Ellos son el presidente de la Sociedad Rural local, Raúl Victores; su hijo Rufino; Juan y Fernando Morreres; Alberto Batalla; Reynaldo Bianchini; Fabián Pascual y Juan Kissling. Los mismos ocho productores que fueron detenidos y liberados el 30 del mes pasado.

"Incendio doloso" e "interrupción de la circulación" son los delitos por los que el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, pidió los procesamientos. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo tiene hasta el martes próximo para tomar una decisión.

Antes, el magistrado quiere analizar nuevas pruebas que pidió y todavía no llegaron al juzgado, como filmaciones adicionales a las que están incorporadas en el expediente. Las que el juez vio hasta ahora no son claras, según informó a LA NACION una fuente que interviene en la investigación.

Por eso, Villafuerte Ruzo solicitó una prórroga a la Cámara Federal de Rosario para resolver las situaciones procesales. Lo mismo hicieron los defensores de cuatro de los acusados. Todavía no hubo respuesta del tribunal.

El presidente de la Sociedad Rural de San Pedro criticó el pedido del fiscal: "Nosotros sabemos lo que hicimos y confiamos en la Justicia, pero llama poderosamente la atención que gente que ha trabajado en derechos humanos lleve adelante este procedimiento, que se parece mucho a lo que pasaba en la época del Proceso (1976-1983)".

"Este procedimiento está viciado. A nosotros nos levantan de la ruta sin explicarnos absolutamente nada y no nos hacen saber ni siquiera cuáles son nuestros derechos", dijo Raúl Victores, que sostuvo que también le llamaba "poderosamente la atención" la velocidad con la que el fiscal había presentado su pedido para procesarlos.

Segunda etapa

Para una segunda etapa quedará un expediente paralelo en el que están acusados la dirigente santafecina María del Carmen Alarcón; la ex candidata a gobernadora por la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer; el presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y el intendente de San Pedro, Mario Barbieri.

Según el abogado defensor de Alarcón y Stolbizer, el juez desestimó el pedido del fiscal para citarlas a declarar como sospechosas. "El juez consideró que los elementos recolectados por la policía y el fiscal son insuficientes para indagar a mis defendidas", afirmó De Ciervo, en declaraciones a la agencia Télam. En realidad, lo que hizo el juez fue comunicar al abogado que el juzgado seguiría investigando el tema y recopilando elementos de prueba, dijeron a LA NACION fuentes de la causa.

Ante esa respuesta, el fiscal Murray presentó un pedido de pronto despacho para que Villafuerte Ruzo defina si citará o no a Alarcón, Stolbizer, Buzzi y Barbieri. Para replicar esa presentación, el juez también tiene plazo hasta el martes próximo.

Sin perjuicio de ello, De Ciervo desestimó un cambio en la decisión judicial. "Mis defendidas no incurrieron en delito", sostuvo.

La causa se inició con una actuación de oficio del fiscal Murray. El funcionario se enteró de los hechos por la radio y basó su denuncia en grabaciones de una radio sampedrina que cubrió los acontecimientos. También fundó su dictamen en los relatos de testigos y en las filmaciones de la televisión.

Tras la detención, hubo explicaciones cruzadas entre el fiscal y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que buscaron tomar distancia de la decisión. Mientras que el funcionario atribuyó los arrestos a una orden judicial, Murray aseguró que la Prefectura había actuado de oficio.