Las reuniones comenzaron temprano. Los dirigentes se habían ido a dormir anteayer con el pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de "levantar el paro para empezar el diálogo". Después hubo múltiples llamadas telefónicas con distintos funcionarios que insistieron en la convocatoria y adelantaron los títulos de las medidas alternativas que evalúa el Gobierno. Y ayer se levantaron temprano con una larga agenda de temas por tratar, primero en las reuniones internas de cada una de las cuatro entidades que lideran el paro agropecuario; luego, en una cumbre conjunta; y, finalmente, con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y otros funcionarios.

Entre los dirigentes agropecuarios hubo fuertes reproches -en algunos casos, verdaderos pases de factura- pero se mantiene la decisión de negociar juntos. Y eso puede ser una complicación. Es que el éxito de cualquier negociación depende de las cualidades de los negociadores, pero su cantidad no es un detalle para descuidar. Y en el sector agropecuario hay casi 300.000 productores -con un promedio de 530 hectáreas cada uno-, muchos de ellos asociados a alguna de las decenas de entidades provinciales y regionales. Otros no están agremiados y está en su voluntad aceptar o no las directivas de las entidades tradicionales.

En este contexto se reunieron ayer en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) varias decenas de dirigentes ruralistas. Entre ellos, los presidentes de Federación Agraria, Eduardo Buzzi; la Sociedad Rural, Luciano Miguens; Coninagro, Fernando Gioino; y el dueño de casa, Mario Llambías. Las conversaciones, en las que se decidió levantar el paro para facilitar el diálogo con el Gobierno, fueron cordiales pero tensas. Es que hacia el interior sigue habiendo duros y dialoguistas. Y contrariamente al pensamiento oficial, los dirigentes más reacios son los que representan a los pequeños y medianos productores.

Según reconocen en las propias entidades, la base de la movilización está en los autoconvocados y en la Federación Agraria, con el apoyo de las sociedades rurales que integran CRA. Por eso, el Gobierno intenta seducir a Buzzi con la promesa de reintegros de los derechos de exportación para los pequeños productores y la creación de una subsecretaría de agricultura familiar. Pero la propuesta no satisface a la entidad, que insiste con la modificación del esquema de retenciones móviles y crecientes. Los reintegros son difíciles de aplicar porque no hay consenso acerca de lo que es, objetivamente, un "productor pequeño". Otra dificultad asomaría a la hora de identificar a esos chacareros: "Medianos y grandes productores podrían «disfrazarse» fácilmente de chicos", dijo una fuente ruralista.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), por su parte, recomendó mantener la medida de fuerza incluso mientras dure el paro. Al presidente de Carbap, Pedro Apaolaza, se lo vio con cara adusta en los pasillos de CRA y terminó enojado con Llambías.

CRA es una institución compleja por su propia estructura federal (agrupa a 13 confederaciones regionales que a su vez contienen a más de 300 sociedades rurales de todo el país). No es el primer conflicto con la administración Kirchner en la que las discusiones internas acerca de la dureza de los reclamos es motivo de discusiones airadas. En abril pasado, sin el acompañamiento de su entidad madre, Carbap lideró un paro ganadero por 15 días que afectó seriamente el ingreso de animales en el Mercado de Liniers.

En la mañana de ayer, la comisión directiva de la Sociedad Rural se reunió para analizar la invitación al diálogo. Antes, algunos directores le reprocharon al vicepresidente de la entidad, Hugo Luis Biolcati, su decisión de salir por televisión a destacar el "cambio de tono" presidencial. Otro tanto habría pasado en Coninagro con su presidente, Fernando Gioino, que tuvo una actitud similar tras las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en Parque Norte.

Finalmente, tras varias horas de negociaciones, las cuatro entidades decidieron levantar "la medida de fuerza, manteniendo el estado de alerta y movilización a la vera de las rutas", según el comunicado que emitieron. Al final del día, varias asambleas de productores en el interior, que habían acatado la decisión de sus representantes nacionales, dieron marcha atrás.

Pero más allá de las diferencias, y a pesar de que el Gobierno buscó y tentó a cada entidad con ofertas a medida, las cuatro entidades se mantienen juntas. Los ruralistas no aceptaron ser recibidos de una por vez, como suele hacer el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que ayer también participó de la reunión en la Casa Rosada.

Por José Crettaz
De la Redacción de LA NACION

Con la colaboración de María Martini