Sembraron con un determinado nivel de retenciones, a las pocas semanas su soja comenzó a crecer con otro y en este momento se preparan para pisar el acelerador de la cosecha con un nuevo esquema de derechos. Así, a los saltos, ha sido en el último tiempo el devenir de los productores, con vertiginosos cambios en las reglas de juego y sin demasiadas chances para planificar alguna estrategia alternativa. Las sorpresas siempre llegaron con la campaña en marcha y cientos de pesos invertidos por hectárea. Sólo en el caso de la oleaginosa, entre noviembre pasado y esta semana las retenciones a las exportaciones primero estuvieron en el 27,5%, luego subieron al 35% y ahora quedaron en el 44,1%, vía el esquema de derechos móviles anunciado el martes pasado por el ministro de Economía, Martín Lousteau. "¿No habrá algún otro cambio en los próximos días?", se oyó decir con ironía a un productor cordobés.

La nueva intervención oficial disparó el primer paro del agro contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ni siquiera la promesa del Gobierno de que este esquema será por cuatro años, adaptándose a la suba o a la baja de los granos, logró disipar la sensación de falta de previsibilidad en el negocio. En el fondo, la nueva intervención disparó un par de preguntas cruciales. ¿Cómo queda el campo con el nuevo escenario?, ¿cuánto más dinero se va a llevar el Estado del sector?, ¿qué va a pasar con el resultado económico de los cultivos?, ¿qué van a hacer los productores en el próximo ciclo? Sin duda, el escenario no va a ser el mismo, sobre todo con costos en alza. Hoy ya se oyen voces que pregonan una retracción de la soja en el NEA y el NOA, dos zonas que contribuyeron a que el cultivo ganara cuatro millones de hectáreas en la última década, pero que tienen elevados fletes que sólo con los buenos precios fueron compensados. "Es muy probable que para la próxima campaña agrícola 2008/09 se dejen de sembrar 2 millones de hectáreas de soja, pues el precio actual no compensará el mayor costo del flete, con una potencial caída en la producción de 6 millones de toneladas. Nos alejamos de los 100 millones de toneladas", expresó a LA NACION Pablo Adreani, director de AgriPac Consultores.

Al margen de ello, hay gente que cree que esto podría generar algún ruido en el precio de los alquileres, que se duplicaron en los últimos años. El mercado está en suspenso por unos días. Por sobre todo le pone una cuota de mayor riesgo al negocio. "Es probable que bajen (los alquileres); esto (por las nuevas retenciones) y los 550 dólares que se estaban pidiendo la semana pasada en la zona núcleo (versus 400 dólares del año pasado) van a hacer pensar mucho a la gente antes de crecer. Yo estoy pensando en no crecer y mantener el área", opinó Guillermo Villagra, de la firma Openagro.

"Esto es como una bomba atómica que explota para todos los productores", afirmó Alberto Marchionni, productor de la zona de Hughes, en el sur de Santa Fe. Marchionni está enojado, y no lo oculta para nada. Lo transmite a este cronista por teléfono y también en unos cuantos mails. "Realmente esto no es confiscatorio; es un robo", subrayó.

Los números que ha hecho para su establecimiento impactan: sólo en el caso de la soja, el nuevo incremento de retenciones significa que su empresa va a resignar ingresos por unos 800.000 dólares. Eso es lo que le cuesta la nueva retención. Marchionni hace 4200 hectáreas de soja de primera y 1900 de segunda entre la zona núcleo y el sur bonaerense.

"Es una pérdida que, si querés, la podés transformar en 25 camionetas (de unos 100.000 pesos cada una), en el sueldo mensual de 1000 empleados (a unos 2500 pesos cada uno), en 1.260.000 litros de gasoil (a dos pesos el litro) o en 2800 canastas familiares básicas (a 900 pesos)", destacó el productor. Los 800.000 dólares que no va a tener Marchionni por el nuevo gravamen es apenas una muestra dentro del aporte total que hace su empresa por derechos de exportación. "Solamente nosotros, que somos una mediana empresa del sector, estamos dejando en concepto de retenciones la suma de 5.838.000 dólares (con todos los cultivos)", agregó Guillermo Aiello, contador del productor. Este no es el único impuesto: también aparecen en la grilla gravámenes como Ganancias, ingresos brutos, débitos y créditos bancarios, ganancia mínima presunta, bienes personales, tasa de caminos y alícuota diferencial del IVA.

Negocio en baja

Un cálculo que hizo Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), revela que la pérdida de ingreso por las nuevas retenciones se ubicará en 182 dólares por hectárea para la soja, considerando un rinde de 3500 kilos por hectárea. Marchionni calculó que el impacto es de US$ 180 por hectárea en la zona núcleo y US$ 120 por hectárea en el sur bonaerense; este productor estimó, además, en US$ 60 por hectárea la incidencia de la suba de los derechos en girasol (subieron al 39,1%, según el nuevo esquema). A todo esto, Roulet proyectó en 2912 millones de dólares la pérdida total de ingreso del sector sojero y en US$ 2059 millones extras la recaudación del Estado (este número es sin tener en cuenta negocios ya fijados que pagaron retenciones anteriores; se trata de unos 12 millones de toneladas).

El golpe a la soja se puede cuantificar también desde otro costado. Según un estudio realizado por el Area de Economía de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), el resultado económico con arrendamiento se va a reducir un 33% con las nuevas retenciones. Va a bajar, para una soja de 3500 kilos por hectárea en la zona de Teodelina, de 283 a 189 dólares por hectárea. "Desde Aacrea vivimos con tristeza esta decisión (por la suba de las retenciones) porque afecta no sólo a los productores sino que genera una enorme transferencia de plata desde el interior. Esta situación genera un marco de incertidumbre para adelante", señaló Oscar Alvarado, presidente de la entidad.

Con todo, lo que la medida ha hecho es incrementar la participación del Estado en el negocio agrícola en desmedro del productor. Según Marchionni, en campo propio el Estado pasa a quedarse, con retenciones e impuestos a las ganancias, con el 74% del resultado de la soja, versus 26% de la empresa del productor. En trigo los porcentajes son los mismos (la alícuota bajó casi un punto). En tanto, en girasol el Estado se va a apoderar del 75% del resultado y en maíz se va llevar el 62%. La situación se torna más crítica cuando se considera el campo alquilado: allí la participación trepará al 104% en soja de primera, al 100% en girasol, el 82% en maíz y el 150% en trigo.

Al margen de los números de los productores, el Gobierno también tiene los suyos. Un trabajo que hizo circular el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, da cuenta que si en diciembre el productor obtenía un margen bruto de 1566,42 pesos por hectárea en la zona núcleo (con 30 quintales y campo propio) hoy aun con los nuevos derechos puede estar entre 1666,65 y 1826,60 pesos por ha.

Lo que el Gobierno no tiene en cuenta es el incremento de costos, reflejado en el trabajo de Aacrea. Allí se observa que, por ejemplo, el fosfato diamónico tuvo una tasa de incremento de casi un 140% en los últimos doce meses y que el glifosato y la urea lo hicieron un 100% y 50%, respectivamente. En relación a esto, según el informe, la soja tuvo una tasa menor al 40 por ciento de suba.

Por Fernando Bertello
De la Redacción de LA NACION

Pueblos que pierden por culpa de las retenciones

Las retenciones continúan llevándose ingresos del interior sin que, según denuncian los mismos productores, vuelvan aunque sea en beneficios importantes. Hay casos donde lo que aporta el sector agropecuario es muchísimo más alto que cualquier contribución que luego pueda recibir el sector por parte del Estado.

Este es el ejemplo de Inriville, una localidad del sudeste cordobés que en 2007 aportó al Estado 94,7 millones de pesos en retenciones (allí se producen por año unas 72.000 hectáreas entre cultivos de primera y segunda; 42.000 hectáreas corresponden al cultivo de soja) pero que recibió mucho menos de manos del mismo gobierno nacional y del Ejecutivo cordobés.

Justamente, según un informe de Marcos Rodrigué (Unión Vecinal), actual intendente y productor, tanto el Estado nacional como la provincia de Córdoba aportaron el año pasado a esa localidad 445.928 pesos en subvenciones, subsidios, créditos y planes jefe y jefa de familias. En términos porcentuales, el Estado se quedó con el 99,5% del ingreso por retenciones y sólo devolvió un 0,5 por ciento.

Consultado sobre el nuevo esquema de retenciones, que trajo un fuerte incremento de los derechos en soja y girasol, Rodrigué indicó: "Es un disparate".

Desagregados por rubros, Inriville recibió 179.929 pesos en subvenciones y subsidios, 50.000 pesos en créditos provinciales y 216.000 pesos en planes jefe y jefas de familia.

En esa localidad dicen que, pese a las promesas del Gobierno sobre un retorno de la recaudación en obras pública, allí no se impulsa un emprendimiento importante desde hace mucho tiempo.

Dudas por el efecto en trigo y maíz

Según un trabajo preparado por Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el nuevo esquema de retenciones significaría un ingreso extra para el productor de trigo de 10,35 dólares por hectárea. Esto es así con la baja del 0,9% en la retención, que dejó al cereal con un derecho del 27,1 por ciento. Roulet no tiene esperanzas de que haya un impacto contundente para el cereal con el nuevo esquema.

"Eso (por el ingreso extra por la baja del derecho) se va diluir y no va a llegar al productor, por la falta de transparencia en la cadena", comentó el dirigente.

Según diversas estimaciones privadas que se escucharon en los últimos meses, los productores del cereal han venido perdiendo por la intervención y las distorsiones en el mercado unos 240 dólares por hectárea.

Roulet cree que el nuevo sistema no va a ser un incentivo para producir más trigo en la próxima campaña. "Para que haya más trigo el precio se debería transparentar y los insumos no tendrían que seguir aumentando. La semana pasada el glifosato subió un 15 por ciento", comentó el dirigente de la entidad.

Hace tres semanas, el vicepresidente de CRA reveló en un estudio que hacer una hectárea de trigo -sólo consideraba la siembra y protección del cultivo- costará un 74% más que en el ciclo pasado. Ese número ahora podría ser mayor con los nuevos aumentos en los insumos.

En el caso del maíz, el Gobierno también comunicó una baja de los derechos de exportación; se redujeron del 25 al 24,2 por ciento, o sea un 0,8 por ciento.

Según Roulet, la nueva retención representa un ingreso adicional de 17,44 dólares por hectárea en este cultivo. Considerando los 3,3 millones de hectáreas para grano esto significaría una entrada extra para todo el sector maicero de 57,5 millones de dólares.

Sin embargo, el dirigente expresó que este nuevo escenario tampoco es un incentivo para producir más. "Esto no compensa para nada el aumento de los insumos", remarcó. Según otro trabajo del vicepresidente de CRA, el costo directo para sembrar una hectárea de maíz va a ser un 63% más en la próxima campaña respecto del ciclo pasado.