El aumento de cuatro puntos porcentuales en las retenciones a las exportaciones de soja y de aceites de soja anunciado ayer por la ministra de Economía, Felisa Miceli, fue ampliamente rechazado por todos los representantes del campo. En cambio, los productores de pollos, porcinos y de carne engordada a corral recibieron la medida con satisfacción, aunque mostraron sus dudas acerca de la implementación del sistema de subsidios.
El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Néstor Roulet, dijo que, como consecuencia de los anuncios, su entidad está en sesión permanente y que, "con el aumento de los precios internacionales de granos y de las exportaciones había posibilidades de instrumentar otros mecanismos sin meter la mano en el bolsillo del productor". Además, Roulet no mostró optimismo acerca del manejo del fondo creado por Miceli, que estará a cargo de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) "Tendrían que haber implementado compensaciones más transparentes", dijo.
Desde la Sociedad Rural Argentina, su presidente, Luciano Miguens, expresó su "total rechazo" a los anuncios y lamentó que el Gobierno "haya tomado esta medida de golpe y sin abrir una mesa de diálogo". El dirigente dijo que los "subsidios cruzados son mecanismos difíciles que no tienen éxito en el largo plazo" y agregó que "este tipo de medidas quitan previsibilidad y desalientan la inversión".
Más duro fue el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Pedro Apaolaza, que calificó al subsecretario de Agricultura, Javier de Urquiza, de "traidor". Desde la localidad bonaerense de Magdalena, en diálogo con LA NACION, dijo: "El miércoles, Urquiza se había reunido con nosotros para proponernos una suba de 2 puntos porcentuales en las retenciones a las exportaciones de harinas y aceites de soja".
Luego, en un comunicado, Carbap expresó que las medidas "quitan capacidad productiva al campo, al desviar recursos con sospechosos fines electoralistas". La entidad adelantó la reunión mensual de su Consejo Directivo para el próximo jueves, cuando analizarán las acciones por desarrollar "en virtud de la permanente falta de vocación de diálogo y de la actitud arbitraria, prejuiciosa y destructiva del Gobierno hacia el sector agropecuario".
La Federación Agraria Argentina calificó la medida de "una innecesaria provocación al sector primario", a pesar de entender "la necesidad de evitar el aumento de precios en productos de la canasta básica".
La diputada María del Carmen Alarcón, del Grupo Pampa Sur, dijo a LA NACION que "es muy importante resolver el tema de la canasta familiar", pero se mostró contraria al aumento de las retenciones, al que calificó de "paliativo coyuntural y electoral". La diputada solicitará al Gobierno que informe sobre los mecanismos a través de los cuales se repartirán los incentivos.
Apoyo de procesadores
En representación de los industriales, Roberto Domenech expresó que "esto está en línea con lo que veníamos pidiendo a las autoridades, pues la soja y el maíz impactan, en total, en el 42% del precio final de los pollos". Domenech recordó que el 16 de enero vence el acuerdo firmado con el Gobierno y que ya habían "transmitido que su prórroga significaría un aumento sustancial en el precio del pollo".
José Luis Uccelli, de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, dijo que necesitaban ayuda, pero que nunca plantearon "cómo obtener la plata" y que "con el diferencial por el aumento de la cosecha y de los precios" ya había fondos. "Todavía no está muy clara la implementación del fondo compensador", agregó. Según Uccelli, el maíz incide en un 35% en el costo de los cerdos.
Para Juan Carlos Eiras, de la Cámara de Engordadores de Hacienda Vacuna, que representa a los feed lot, el mecanismo "está bien, porque la soja subió mucho de precio".
Eiras se reunirá hoy con las autoridades de la Oncca para conocer la forma en que se implementarán los subsidios y pronosticó "un aumento en la oferta de carne para consumo interno".
María Martini