Rosendo Fraga - Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

Tres factores dominan hoy la relación del agro con el contexto político. El primero es que, para la administración Kirchner, el sector agropecuario es, ante todo, un generador de recursos fiscales. Las retenciones constituyen el eje de la política hacia el sector.

La industria parece ser el sector con mejor relación política con la actual administración. Las declaraciones de los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) han sido muy explícitas al respecto. La construcción –donde la inversión pública en infraestructura ha tenido un rol importante en el crecimiento del sector– también parece tener buena relación con el Gobierno.

Hoy el agro tiene menor capacidad de lobby o influencia política que los demás sectores empresarios. Ello no es nuevo y tiene relación con la falta de unidad de acción que ha mostrado históricamente el sector. Cuando se analiza como funciona el agro en los países en los cuales tiene más influencia política, es claro que logra incidir sobre los votos, logrando que en determinadas regiones en las que el mismo es relevante, se vote a favor o en contra del gobierno de acuerdo con las políticas que aplica hacia el sector; esto no sucede en la Argentina, tal como se confirmó en la elección del año pasado.

Pese a la importancia del agro, es difícil lograr una “bancada ruralista”, al estilo de la que funciona en Brasil, donde el sector tiene un conjunto importante de legisladores que lo representan. Pero sí podría lograrse que en aquellas provincias donde el agro es fundamental en el PBI, asumieran la defensa de los intereses del sector. Creo que habría que pensar más en una regionalización de la acción política del agro, al estilo de lo que sucede en Francia y EE.UU. con las regiones que dependen del agro.

En este marco, la suspensión de las exportaciones de carne vacuna confirma la falta de capacidad del agro para influir políticamente en función de los intereses del sector.

El segundo aspecto por considerar es que algunos sectores del agro ha comenzado a movilizarse para reclamar por sus intereses. El paro de CRA y la protesta de la FAA muestran que los productores consideran que ha llegado el momento de adoptar una posición más firme. Entre no adoptar actitud alguna y realizar un paro o una protesta, hay varias instancias intermedias que las entidades del agro pueden llevar adelante, las cuales pueden resultar más eficaces.

Los paros y los cortes de rutas y vías publicas son medidas de tipo negativo, que implican un alto grado de confrontación y que pueden no ser del todo eficaces frente a una administración que ha demostrado una actitud pasiva frente a este tipo de actividades.

En cambio, la movilización y la marcha son acciones de sentido positivo y que esta administración mira mucho más atentamente. Las movilizaciones organizadas por Juan Carlos Blumberg en 2004 –como las que comienzan a repetirse ahora en algunos centros urbanos– o la gran movilización que tuvo lugar en Gualeguaychú el 1 de mayo pasado, mostraron que la cantidad y el número suele ser más eficaz para lograr la atención de esta administración, que un paro o un corte.

Si el agro generara una movilización de decenas de miles de personas lograría atención, pero si alcanzara a cientos de miles, le sería más fácil ser escuchado por el Gobierno para satisfacer sus reclamos.

No es fácil lograr una movilización de estas características, pero se hace cada vez más evidente que se está produciendo un malestar creciente en el agro y, si el mismo no es canalizado por los dirigentes, podría desbordarse. Además, resulta fundamental que este tipo de planteo se realice en el marco del concepto de cadena agroindustrial y que alcance a los pueblos y localidades cuyo bienestar depende más directamente del agro.

Entre adoptar una actitud pasiva y realizar un paro, quizás el camino más eficaz –y a la vez más prudente–, sea el de comenzar a gestar una gran movilización que haga tomar conciencia al Gobierno acerca de la situación por la cual atraviesa el sector.

El tercer aspecto es que nuevamente comienza a hablarse en América latina de reforma agraria. Si Evo Morales avanza en Bolivia con este tipo de política, será una confirmación más de que el modelo venezolano está dictando sus pasos.

Chávez comenzó expropiando grandes propiedades agrarias de empresas británicas y después la extendió a otros sectores. Terminó expropiando aproximadamente el 2% de la tierra productiva del país, pero eso fue suficiente para terminar con la rentabilidad del agro venezolano. La inversión se derrumbó y cayeron los valores de los inmuebles rurales.

En momentos en que los precios de los materias primas agropecuarias son elevados, Venezuela desperdició la oportunidad de aprovecharlos, dando un ejemplo negativo: como una mala política agropecuaria puede desaprovechar una gran oportunidad. Quizás algo similar haya realizado la Argentina a menor escala al suspender las exportaciones de carne en momentos de altos precios internacionales. Pero Venezuela puede hacerlo porque el valor del petróleo se encuentra en un nivel elevado en términos históricos.