WASHINGTON.- El rediseño de la coparticipación federal jamás fue ni será una condición excluyente para que el Fondo Monetario Internacional modere sus críticas o exigencias al Gobierno. Nunca lo fue tampoco la demorada reforma fiscal. Sólo dos grandes ejes concentran los esfuerzos de los directores y los técnicos del Fondo Monetario y del Banco Mundial: el proceso de reestructuración de la deuda soberana en default y la renegociación de las tarifas de los servicios públicos privatizados. Pero ahora, al contrario de lo que ocurrió en los últimos quince años, la Casa Rosada tiene una oportunidad para negociar desde una posición de fuerza relativa y con luz verde del Tesoro estadounidense, según esbozan algunos analistas y académicos, que también tiene sus riesgos.
El default y las tarifas afectaban los intereses de los países con credenciales de pertenencia al club más selecto del planeta: el G-7. Y ambas pautas amenazan hoy con mantener a la Argentina fuera de las plazas internacionales.
Miles de ciudadanos y docenas de empresas de Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón e Italia sufrieron el desmadre argentino en sus bolsillos: inversiones en títulos públicos o en activos argentinos. El proceso de reestructuración de la deuda concluyó, en principio, con un índice de aceptación del 76,07 por ciento. Pero el debate es otro: ¿qué ocurrirá con los acreedores que rechazaron la oferta? Los títulos que siguen en default ascienden al 23,93% de los US$ 102.554 millones sujetos al proceso de reestructuración. Es decir, un total de US$ 24.541,1 millones que pueden acudir a los tribunales. La perspectiva internacional es distinta de la argentina. Sí: la reestructuración englobó a ese 76,07% de los bonos, pero gracias a los acreedores argentinos, que aceptaron en masa la oferta oficial. Así, si casi todos los tenedores locales dijeron que sí, eso implica que muchísimos menos de los alemanes, japoneses o italianos, entre otros extranjeros, tragaron su bronca y se sumaron a la operatoria. -¿El FMI analizará las diferencias en los porcentajes del canje entre acreedores argentinos y extranjeros? -preguntó LA NACION al director de Relaciones Externas del Fondo Monetario, Thomas Dawson. "Habrá que analizar las perspectivas y el apoyo recibido en el canje, estudiar las diferencias detectadas dentro de la reestructuración y las conclusiones que se obtengan pasarán por el staff del Fondo y por el directorio", contestó. En otras palabras, ¿pueden los representantes de las principales potencias pedir o exigir ahora al Gobierno una segunda oportunidad para sus ciudadanos? El director por la Argentina ante el FMI, Héctor Torres, afirma que no. "¿Cómo salió la reestructuración? ¿Fue un proceso claro, igual para todos? Entonces, ¿por qué habría cambios? El acreedor argentino no es un tenedor de segunda clase. Más allá de donde viva el acreedor, no habrá privilegios para unos u otros", afirmó. Pero el número tres del FMI, el mexicano Agustín Carstens, echó más sombras que certezas, tras calificar de "muy bueno" el nivel de aceptación alcanzado. Carstens comentó, no obstante, que el Fondo todavía debe "estudiar todos los detalles" de la operatoria, antes de ofrecer una posición oficial. No rectificó así los dichos que horas antes había hecho en Roma el representante italiano ante el FMI, Pier Carlo Padoan: "Argentina debe ahora indicar cómo entiende tratar de buena fe con una parte tan consistente de sus acreedores". La defensa argentina cuenta con un puntal legislativo: la llamada "ley cerrojo" que se publicó en el Boletín Oficial el 11 de febrero y que vedó la posibilidad de reabrir el canje. Irónico, un analista de Wall Street que por obvias razones pidió reserva de su nombre, relativizó la sanción de esa ley. "Si es por eso, el corralito y el corralón jamás existieron porque estaba la ley de intangibilidad de los depósitos, y jamás hubo crisis porque se aprobó la ley de déficit cero. Si ahora hay una ley, pueden luego votar otra." Más medido en sus comentarios, el director del Departamento de Estudios sobre Mercados Emergentes y Estrategia de Deuda del ABN Amro Bank, Fernando Losada, compartió esa visión. "Quedaron más de 20.000 millones de deuda fuera del canje y el país deberá negociar en algún momento con esos acreedores. Es probable incluso que el FMI pida al Gobierno que reabra el canje para darles una segunda oportunidad." Torres defenestró esa posibilidad, como también debatir otra vía con el Fondo Monetario. "No hay nada en el FMI que habilite discusiones y replanteos según las nacionales de los acreedores. La oferta no será mejorada por este gobierno, y además venció el plazo de ofertas", comentó, sin ocultar su fastidio.
El directorio del Fondo Monetario podrá no debatir una segunda oportunidad para los acreedores internacionales, pero sí puede fijar metas complicadas al Gobierno para compensar los perjuicios o forzarlo a negociar si no dispone la refinanciación de los US$ 13.000 millones que la Argentina debería reintegrarle en los próximos años. Allí es donde aparece el aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados. Y los representantes del G-7 piden normalizar la relación del Estado argentino con las empresas y los mercados. El directorio del Banco Mundial ya puso en marcha su maquinaria para que el Ministerio de Economía sepa de su interés por sellar un acuerdo rápido y satisfactorio. Un director del organismo que preside James Wolfensohn le comunicó a un funcionario argentino en la capital norteamericana que si la Argentina puede concluir que salió el default, entonces la cuenta pendiente es la renegociación de las tarifas públicas. Las compañías concesionarias demandaron al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En total, hay 35 demandas pendientes de arbitrio con planteos indemnizatorios por algo más de US$ 17.000 millones. Integrantes del equipo económico de Lavagna nunca ocultaron sus sospechas sobre la relación directa entre la presión de las empresas y algunos acreedores institucionales y la fuerza de algunas exigencias del Fondo o del Banco Mundial. "La coparticipación federal, la disciplina fiscal de las provincias, aparecía en el discurso oficial de los organismos cada vez que querían presionarnos. Pero eso no es relevante, y lo saben, al menos mientras mantengamos el superávit fiscal", estimó un alto funcionario del Palacio de Hacienda. La dinámica, no obstante, ahora se habría invertido.
¿Qué ocurre si el deudor fija sus propias reglas y sale adelante? "El Fondo Monetario tiene tanto o más interés que el gobierno argentino en llegar a un acuerdo. No quiere que las reglas nuevas que utilizó la Argentina queden flotando en el mercado internacional y puedan ser copiadas por otros estados en problemas", afirmó Walter Molano, jefe de investigaciones del BCP Securities en Wall Street.
Aun así, Molano recomienda al Gobierno aprovechar el momento y normalizar su operatoria. Uno de los académicos internacionales más respetados por el actual equipo económico, el estadounidense Riordan Roett, coincide con Molano en el diagnóstico y en la receta. Roett es director del Programa de Estudios sobre América Latina de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins. Afirma: "La Argentina debe emprender ya la negociación con el FMI para postergar el pago de las obligaciones multilaterales. El presidente Kirchner se encuentra ahora en una posición fuerte para rechazar lo que no desee, mientras que el FMI está muy interesado en acordar. Se invirtieron las posiciones", comentó una fuente permanente de consulta para el Tesoro de los Estados Unidos en asuntos de la región. "Lavagna y Nielsen [Guillermo, secretario de Finanzas] son realistas y razonables. Saben que tampoco es de interés para la Argentina en el largo plazo no acordar con el FMI, por lo que éste es el momento para avanzar", expresó. La Casa Rosada contaría incluso con la venia del gobierno de Bush. "El G-7 hasta ahora ha seguido la senda que marcó el Tesoro para el caso argentino, que es de un acercamiento blando -afirmó Roett-. Y eso seguirá así."
Mientras tanto, el retorno argentino al mundo financiero comienza, paso a paso. Standard & Poor´s planea asignar la calificación "B-" a la deuda argentina -es decir, que sus títulos al menos duren un año sin defaultear-, y JP Morgan estaría por aumentar la presencia argentina en sus índices del 1,8 al 2,7 por ciento. Por algo se empieza.
Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.
Las señales
Detalles: tras el canje argentino no ha habido comunicados oficiales de apoyo. Lo habitual en casos anteriores fue que los hubiera del Banco Mundial, el FMI y el Tesoro de los EE.UU., en ese orden.
Antecedente: en febrero de 2004 el G-7 decidió no volver a votar dividido en el directorio del FMI por los temas de la Argentina. Habrá que ver cómo unifican ahora su visión del canje de deuda.
