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Ataviado como un rescatador de tierras, con zapatos deportivos, jeans y camisa color beige, Eliézer Otaiza reconoce que se requiere más que una vestimenta y algunas herramientas para ordenar la situación del campo venezolano. El ex director de la Disip, ex presidente del INCE y ahora presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI) considera que la confianza en el proceso y el compromiso de la población serán definitivamente los elementos que impulsarán el desarrollo de la vida rural del país.
_¿Qué viene después de que estén listos los informes de los hatos que están siendo intervenidos o inspeccionados?

_La intención es hacer el registro nacional. Dependiendo del tipo de información que se obtenga, entonces tomamos decisiones. Si, por ejemplo, encontramos tierras ociosas iniciamos el proceso que dice la ley. Si son públicas se rescatan, si son privadas, pues debe calcularse el impuesto o pudiésemos llegar en casos indispensables a expropiar, quitarles la propiedad a través del pago de la indemnización que dice la ley.

_¿Cuál es el criterio para llegar a la expropiación?

_La expropiación va a depender del carácter estratégico de las tierras y algunas circunstancias sociales y políticas que existan. Hay tierras históricas, culturalmente hablando, que tienen una referencia que es importante preservar. En ese sentido, cualquier acción que podamos hacer para mantenerlas vale la pena. Cualquier tierra que haya sido utilizada como símbolo de la resistencia, batallas o guerras, y todo eso lo estamos evaluando. Hay otras que se pueden atender por necesidades sociales. También, por ejemplo, que haya comunidades rurales que han vivido y trabajado allí, podríamos ir a una evaluación para ver si hay necesidad de expropiarlas.

_¿Se piensa tomar el elemento ambiental para evaluar temas como el latifundio o la ociosidad?

_La parte ambiental tiene un respeto y una consideración. Hay elementos que hay que revisar sobre titulación del aspecto ambiental para tomarlo en cuenta. Pero en el terreno hemos visto que hay la utilización de reservas naturales con un uso comercial, y hasta un uso científico que el país no ha podido percibir. Estamos evaluando eso. Tenemos conocimiento de la presencia de científicos que ni siquiera han dejado ningún tipo de elementos científicos que puedan contribuir al país. Se llevan todo el conocimiento, que después incluso sirve para explotar nuestros propios recursos. La Constitución es muy clara en cuanto a la obligación que tiene el Estado de la administración de ese recurso. El ministerio del Ambiente es el que tiene que elaborar las fórmulas en cuanto a eso. Nosotros hemos detectado el problema. Llevaremos a las instancias necesarias, incluso al Presidente de la República, los elementos detectados. Es posible que sea el Presidente la persona que oriente cómo deben tratarse casos como este (...)

Muchos propietarios han dañado esos terrenos. Muchos bosques han desaparecido, han vendido la madera, que es un bien público, y lo han vendido de manera particular. Eso tiene que tener una consideración especial.

_¿Se establecerán reglas especiales para el manejo de estas reservas en predios privados?

_No es dentro de las propiedades privadas, esa es la consideración que estamos haciendo. Creemos que hay unos elementos de origen público, que no se les puede considerar como propiedad privada.

_¿Se abre entonces una discusión entre el propietario privado que demuestra la cadena titulativa y el Estado que debe administrar estas reservas naturales?

_Es una discusión que hay que dar. Estas personas han sido tan beneficiadas que muchas de las ayudas crediticias que han salido en materia ambiental los favorecen a ellos, y esas personas reciben de forma directa o indirecta todo el dinero del propio Estado. No tan sólo es que son supuestamente propietarios de esas tierras, sino que se ven beneficiados por las políticas del propio Estado, y tiene que haber un momento en que ellos tienen que redistribuir todos esos beneficios que han sacado. En consecuencia, habría que aplicar unas políticas a fin de que se pueda evitar que se siga manteniendo eso como una especie de negocio particular o una especie de parque.

_¿En este tipo de casos pudiera aplicarse la expropiación?

_Pudiera ser uno de los elementos, si es privado. Pero pudiera venir también la aplicación de multas a fin de poder establecer el daño ecológico que le han hecho a la humanidad.

Después de los decretos

_Cuando una propiedad está ociosa, ¿se pide el certificado de finca mejorable y no se paga impuesto?

_Son ambas cosas. Si tiene una tierra ociosa, y presenta un programa de mejoramiento, está muy bien, pero al mismo tiempo debe pagar el impuesto a la ociosidad. Luego que se mejora la finca, comienza a considerarse en base a la producción, cuál es el carácter del posible impuesto que se pueda pagar. También se paga impuesto por productividad, pero en estos momentos el gobierno exoneró de este pago hasta finales de 2006, aunque luego esto se pudiera revertir.

_¿Cuál será el futuro de los ocupantes que estén en tierras privadas?

_Hay que determinar cuál es el tiempo que tienen esos ocupantes y cuál actividad están haciendo. Si tienen una actividad productiva, esa actividad se protege, aunque sea privada o pública. Existen medidas administrativas para el derecho de permanencia, hay personas que tienen un determinado tiempo y determinadas condiciones, y perfectamente se les puede dar derecho de permanencia.

_¿Cómo se concibe ese derecho si la ocupación es en un fundo privado?

_Si la persona está produciendo y tiene un tiempo se le considera el derecho de permanencia. Hay una diferencia de la persona que esté ahí produciendo y el invasor. Si esa persona lleva cuatro años ahí y sobre él no ha habido ninguna denuncia, quiere decir que tiene como mínimo el consentimiento del supuesto propietario.

_¿Cómo queda el campesino si no va a ser propietario de ese suelo? ¿No queda en estado de indefensión?

_No, se le está reconociendo un derecho. No se le puede reconocer propiedad, pero sí un derecho de permanencia.

_Pero el campesino, por ejemplo, no puede legar esas tierras a sus hijos...

_El derecho de permanencia es un concepto que estamos desarrollando. Pero a partir de las medidas administrativas que estamos tomando, tanto la permanencia como los títulos de adjudicación, ciertamente, no dan un derecho de propiedad sino al uso. Mientras haya un correcto uso siempre habrá una política de protección hacia él. Si se muere la persona y el hijo la sigue utilizando, pues, bienvenido. No nos importa tanto la propiedad, lo que garantizamos es la actividad sobre la tierra.

_Muchos critican la entrega de cartas agrarias a colectivos o cooperativas porque dicen que es un concepto comunista.

_Hay una tremenda dificultad ideológica de muchas personas que es el individualismo. Las asociaciones son una tendencia a nivel mundial, incluso en Estados Unidos y Europa son exitosas. Creemos que la fuerza de trabajar colectivamente es indispensable para la productividad.

_Dicen que el Estado requiere tierras para la construcción del Central Azucarero Ezequiel Zamora, por eso las intervenciones.

_Hay un interés en que las unidades sean productivas, hay un plan de seguridad agroalimentaria, que da líneas claras sobre lo que debe ser la reorganización de la tierra y la producción. Pero con rubros como el azúcar tengo distancia, yo muy particularmente, pero estoy prácticamente solo en esta lucha. Estamos evaluando las verdaderas necesidades sobre este rubro. Dicen que hacen falta de 300 mil a 400 mil toneladas de azúcar. Sé que la demanda de azúcar para gaseosas está en el orden del 30% a 40%. Entonces, estamos sacando azúcar que genera calorías en gaseosas, pero pueden ser nutrientes si se usan para jugos. La gaseosa es un elemento verdaderamente foráneo y que tiene otra connotación desde el punto de vista ideológico. Yo particularmente creo que no debemos estar alimentando este tipo de programas que cambian nuestra dieta. Renglones como el azúcar hay que estudiarlos bien.

Pero en todo caso, hay una línea clara en el sistema de seguridad agroalimentaria que tienen que ver con rubros nacionales y creemos que debe atender a las necesidades de alimentación en principio. Lo que sí es claro es que queremos terminar con el monopolio que tiene la agroindustria en muchos sectores, como semillas, fertilizantes, o comercialización. Hay que dar cierta garantía para que la agroindustria no siga mermando las condiciones del campo.

La seguridad

_¿Cómo se incorpora el reservista a la actividad de seguridad y al trabajo en el campo?

_El concepto de seguridad es mucho más amplio, no va nada más a la reserva. La reserva está trabajando ya en el campo, la idea es que en zonas de la frontera algunos reservistas pudieran estar armados. No es armar toda la reserva, y por eso pedimos un permiso al Ministerio de la Defensa para atender situaciones de inseguridad. Pero yo creo que estamos en una guerra asimétrica por parte de la potencia más poderosa de la humanidad, y dirigida por un loco, que tiene como objeto acabar con nuestra soberanía y nuestra población. Las amenazas se han materializado en un golpe de Estado y sabotaje, incluso, agroalimentario.

_¿Qué es una guerra asimétrica?

_Pasa de la guerra convencional, con enfrentamiento de bloques, a una guerra que no necesariamente tiene lo bélico como primer elemento. Esta guerra tiene como objeto la dominación política y someter al contrario a todas las condiciones sociales, políticas, económicas y militares, y, por lo tanto, tener a la disposición al enemigo en tanto los criterios que tenga el que domina. Hay acciones desdibujadas de la guerra, como acciones económicas. Cuando vemos cómo se llevan el capital de un país para desestabilizar su política macroeconómica, eso es parte de una guerra asimétrica. Cuando vemos una guerra bacteriológica, como ha pasado aquí en Venezuela, para crear enfermedades fitosanitarias, también es una acción de una guerra.

_¿Cómo se protege un país, en materia de tierras, para enfrentar este tipo de guerra?

_Una condición importante es tener un esquema logístico. Si no tenemos con qué alimentar a la población es la primera baja que tenemos. Creo que el sistema de producción debe responder al elemento de soberanía. Dependemos mucho del exterior en este sentido, y ya vivimos las consecuencias en el pasado. Cuando tenemos además tanta dependencia tecnológica como la tenemos en Venezuela y que la agroindustria nos hace dependientes de esta acción para la obtención de alimentos, allí tenemos una vulnerabilidad muy grande. La idea de los planes de seguridad agroalimentaria está relacionada con ciertas acciones que no necesariamente tienen alto rendimiento tecnológico, comercial o de productividad (...) Hay muchos elementos de salud pública en varios de estos aspectos que maneja la agroindustria que pudieran ser considerados como parte de esa guerra asimétrica. Tenemos casos de semillas contaminadas genéticamente y que pudiera llevar a parte de la población a tener enfermedades.

El plan agroalimentario implica que toda la población tiene que movilizarse en ese sentido. Que la población tenga los suficientes nutrientes para alimentarse y que estén disponibles, así sea con técnicas rudimentarias, por eso elementos como el conuco.

_Observando otro aspecto de la seguridad, ¿qué resultados hay de la investigación sobre invasiones en predios rurales?

_No son muchas invasiones como dicen. No pasan de mil, y eso se puede solucionar rápidamente. Pero está claro que no vamos a beneficiar a nadie que invada predios públicos o privados.

_El Fundo Santa Rita, sobre el cual hay una decisión del Tribunal Supremo para que se retiren los invasores, sigue ocupado...

_Eso no fue una invasión, porque allí se entregaron cartas agrarias. Esa gente está productiva, y mientras haya producción está protegida la gente que esté ahí, eso lo dice la Ley. Hasta ahora no se ha demostrado la titularidad de la propiedad sobre esas tierras, hay que esperar el proceso. Además hay elementos de ociosidad. No necesariamente la orden de un juez tenemos que cumplirla taxativamente. Por ejemplo, un juez puede decir que una finca tiene elementos de productividad, pero nosotros, cuando comprobamos eso, no damos certificación de productividad porque primero tenemos que comprobar la cadena titulativa de la propiedad. Entonces damos una constancia de actividad productiva, antes de dar el certificado. Por eso también en algunos casos tenemos derecho a protestarle a un tribunal.

_¿Por qué se debe confiar en que ahora sí se concretará la lucha contra el latifundio?

_Antes hubo una condición políticamente adversa. Además la decisión del Presidente es muy clara en cuanto a esto. Pocas personas ha habido con un perfil como el del Presidente para llevar a cabo este proyecto. El nombramiento mío en el INTI es una línea clara del señor Presidente de poner esto productivo e ir a la ofensiva. Creemos que máximo en año y medio tendremos listo el problema de la tenencia. Debemos haber entregado todas las cartas agrarias, adjudicaciones, certificaciones, para que haya seguridad jurídicamente y todos puedan vincularse a los programas del gobierno. Esto tienen que acompañarlo otras instituciones.

El elemento de la confianza es un elemento sicológico y creo que hay que trabajarlo. Es importante entender que la gente debe incorporarse a esta tarea, y difícilmente malas políticas o guerra asimétrica podrá detener esto.