El próximo 3 de febrero, el Senado nacional tiene previsto sesionar para sancionar una ley que subiría la tasa que se aplica sobre el gasoil del 18,5 por ciento al 20,2 por ciento. Esa tasa se aplicaría también al GNC (gas natural comprimido). Según versiones reflejadas ayer por la prensa porteña, esos incrementos en los combustibles serían los primeros de una larga lista de aumentos que incluye a varios servicios privatizados.
Ocurre que, según esos rumores, el Gobierno nacional quiere cerrar a más tardar en abril próximo el mayor número de acuerdos con empresas de servicios públicos, para evitar que tema tarifario se meta en la campaña electoral de las elecciones legislativas del año próximo.
La intención oficial es lograr en este comienzo de año un primer golpe de impacto con la salida del default, para luego apurar la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos privatizados y aspira a tener resuelta la situación, al menos en el sector energético, en el primer cuatrimestre del año. Las elecciones legislativas de octubre aparecen como el límite hasta el cual el Gobierno podría aprobar ajustes de tarifas, según admitieron técnicos del Ministerio de Planificación.
Casi un hecho
En el caso puntual del gasoil y el GNC, el proyecto de ley que debatirá el Senado ya tiene media sanción de Diputados, por lo que la suba se aplicaría de inmediato. De acuerdo a las versiones, con esta norma el Gobierno quiere tener mayor disponibilidad de fondos para cumplir con el subsidio del Sistema Ferroviario Integrado, con el Sistema de Servicio Público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional y la renovación del sistema de transporte de cargas por automotor.
Pero con el resto de las tarifas, las conversaciones con las empresas no serían tan expeditivas. El gobierno se fijó como objetivos inmediatos las empresas eléctricas, gasíferas y de aguas, aunque en esos casos lo más duro de negociar son las demandas presentadas por las concesionarias ante el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial, el CIADI. En ese organismo ya se iniciaron 32 juicios en contra del país y hay otras 30 causas que están en "negociaciones amigables".
Telecom, Telefónica, Azurix, Camuzzi, Enron, Aguas del Aconquija, Aguas Argentinas, Electricité de France, CMS Energy, Siemens, Pan American Energy y Gas Natural forman parte de la extensa lista de litigantes contra el Estado que suman 17.000 millones de dólares. El Gobierno espera poder detener las causas mediante la renegociación de los contratos, al menos en aquellos casos en que los accionistas todavía participan de una empresa que opera localmente.
El próximo paso
El próximo paso de la Unidad de Renegociación de Contratos (Uniren) es la negociación con las 9 empresas distribuidoras de gas, entre las que se encuentran la italiana Camuzzi, GasNatural BAN, MetroGas y Gasnor. La propuesta del Gobierno es un aumento menor que el pedido, la promesa de una reestructuración integral el año próximo y el retiro de las demandas ante el Ciadi.
Según explican en la Secretaría de Energía, durante este año se trabajará
para llegar a 2006 con la normalización de la estructura tarifaria del sistema
energético. Para ello las demandas ante el Ciadi son clave, porque las empresas
piden una indemnización si aceptan retirar las demandas, o que el Estado se haga
cargo de sus deudas, lo cual el gobierno considera por ahora inaceptable.
Demanda de un grupo chileno
El grupo eléctrico chileno CGE solicitó un arbitraje internacional en contra
del Gobierno argentino por incumplimiento de obligaciones del Tratado de
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones vigente entre ambos países,
informó ayer la compañía.
En un comunicado, la Compañía General de Electricidad (CGE) señaló que decidió
recurrir al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, para solicitar compensaciones
económicas por alteración de tarifas.
La empresa precisó que a raíz de las leyes promulgadas y las medidas
adoptadas por el Gobierno argentino, se han visto afectadas sus inversiones en
el país en el área de la distribución y comercialización de electricidad.
"CGE pretende que se le reconozcan los perjuicios causados por el Gobierno
argentino y los Gobiernos Provinciales de Tucumán, San Juan y Jujuy, donde se
dictaron leyes que alteraron el esquema tarifario de la distribución", detalló
el comunicado.
Añadió que la compañía realizó sus inversiones bajo normativas y contratos de
concesión que aseguraban una justa rentabilidad, pero sin embargo ha habido un
incumplimiento por parte de Argentina que vulnera el Tratado de Protección de
Inversiones.
"Antes de acudir al Ciadi, el grupo CGE recurrió a los mecanismos de solución
amistosa de controversias contemplados en el citado tratado, pero, sin embargo,
el gobierno (argentino) no dio respuesta alguna a las distintas cartas enviadas
por la Compañía", precisó la empresa.
Añadió que el Ciadi acusó recibo de la solicitud de arbitraje, la cual deberá
resolver para luego seguir con la constitución del Tribunal Arbitral.
El grupo CGE es una sociedad anónima abierta fundada en 1905 que tiene
participación en diversas empresas dedicadas principalmente al área de
electricidad, gas y otros sectores, tanto en Chile como en Argentina.
Intiman a Aguas Argentinas
La empresa Aguas Argentinas, de capitales franceses y españoles, fue intimada ayer a pagar millonarias multas que le aplicó el ente regulador del servicio por cortes y deficiencias en el suministro de agua potable. La exigencia fue planteada a través de una resolución del Ente Tripartito de Obras y Servicio Sanitarios (Etoss) que se publicó en el Boletín Oficial del Estado un día antes de que el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, inicie un viaje a Francia.
La semana pasada Aguas Argentinas, controlada por una sociedad de la empresa
francesa Suez con la española Aguas de Barcelona, fue multada con 2.016.054
pesos por cortes que afectaron a miles de usuarios en los primeros días del año.
Además, deberá pagar multas por otros 60 millones de pesos que estaban
suspendidas por un acuerdo que establecía un plazo hasta el 31 de diciembre
último para renegociar el contrato de concesión.
Ese acuerdo comprometía a la empresa a hacer inversiones por 242 millones de
pesos durante el año pasado para ampliar sus redes de agua potable y mejorar el
servicio.
En 1993 la firma había logrado la concesión durante 30 años de los servicios de
agua y cloacas de Buenos Aires y de 17 municipios del conurbano bonaerense,
donde tiene unos diez millones de clientes.
En la resolución, el Etoss intimó a Aguas Argentinas "a abonar el importe de
la totalidad de las multas que se encuentran impagas a la fecha más sus
respectivos intereses calculados conforme a las pautas establecidas en la
normativa vigente, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de ejecución de
la garantía contractual".
Además, el ente regulador otorgó un plazo de diez días a la empresa para "dar
cumplimiento a todas las obligaciones cuya suspensión fuera dispuesta por el
acta acuerdo suscrita el 11 de mayo de 2004".
