Las entidades agropecuarias Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
y Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron su preocupación por la demora del
Banco de la Nación Argentina para dar una solución al endeudamiento de los
productores agropecuarios.
Mediante un comunicado conjunto, las entidades afirmaron que les “llama la
atención que aún no se haya encontrado una modalidad de cancelación viable ni se
haya resuelto una reducción en las tasas de interés, solicitada reiteradamente,
de aquellos que refinancian, pese a la buena predisposición del presidente de la
Nación, Néstor Kirchner, quien en audiencia pública prometió la solución del
tema a fines de marzo, y de la voluntad del ministro de Economía, Roberto
Lavagna, quien, en el Día del Ruralista, promovió avanzar en ese sentido”.
Además, las entidades rechazaron los cambios de criterio aplicados por el
banco en el momento de acordar la liquidación de lo adeudado por los
productores. “Vemos con inquietud que no se respeta lo acordado en las reuniones
convocadas en los niveles de presidencia y técnicos, mientras se mantiene el
desinterés de estos últimos y la falta de comunicación interna del banco para
aplicar las resoluciones en todo su alcance en las sucursales regionales”.
Para finalizar, desde las entidades repitieron que los productores
agropecuarios “esperamos una respuesta del Banco Nación para que el
endeudamiento deje de ser un impedimento para seguir produciendo”.
Promesas incumplidas
El presidente Néstor Kirchner le había solicitado a la titular del Banco de
la Nación Argentina, Felisa Miceli, y al secretario de Agricultura, Miguel
Campos, que busquen una solución al endeudamiento del agro para antes de fines
de marzo. En su momento, voceros de Casa de Gobierno señalaron que el Nación
tendría que buscar los mecanismos para lograr una rebaja en la tasa de interés
que pagan por los créditos, que actualmente es de 18,5%, estimándose que en un
primer tramo podría llevarse a 13 o 12 por ciento, aunque la aspiración del
sector ruralista es colocarla en 9 por ciento.
Pese a este pedido presidencial, la entidad financiera presenta otro
inconveniente para poder subsidiar las tasas: la cantidad de incobrables que
tiene.
De acuerdo con los números que maneja la actual conducción, que encabeza la
economista Felisa Miceli, al asumir habían unos 16.000 productores en mora, de
los cuales 2.700 cancelaron su deuda con un plan que incluyó una quita promedio
de 35% sobre el capital, exención de intereses punitorios, etcétera.
Otros 13.300 productores continúan en mora, de los cuales unos 7.300 llegaron
a algún tipo de arreglo con la institución, pero continúan así categorizados
porque no han cumplido con 25% de la cancelación. El resto, no ha ingresado aún
en ningún plan de refinanciación. En total, representan $1.400 millones, a razón
de $105.000 por deudor.
Desde la entidad financiera se estimó que de esos 6.000, unos 4.000 serán
irrecuperables, o sea que las garantías serán ejecutadas, más tarde o más
temprano, para recuperar parte del dinero que en su momento el Estado les prestó
a través de esta entidad bancaria.
En esos 6.000 casos están tanto quienes quieren entrar en el plan de
refinanciación, pero los números no les dan, como deudores que jamás se
acercaron a la entidad para solucionar su problema, además de no haber pagado.
De ahí que la conducción del banco esté diseñando una estrategia para mostrar
su voluntad de llevar adelante la reducción de la cartera morosa.
Se trataría de tomar 40 casos –uno por cada región– a los que denominan paradigmáticos, para que su ejecución sea tomada como ejemplo por el resto
