La discusión por una nueva Ley de Semillas continúa sin un acuerdo definitivo entre productores y empresas semilleras. Mientras el Gobierno busca avanzar con una actualización del marco normativo, persisten diferencias sobre los derechos de propiedad intelectual, el uso propio de las semillas y las condiciones bajo las cuales deberían pagarse regalías por la genética utilizada en cada campaña.
El tema volvió a quedar en el centro de la agenda luego de que La Política Online (LPO) publicara una nota sobre una supuesta discusión entre el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y representantes del sector productivo. Por su parte, la periodista Carola Urdangarin, de Agrolink, difundió otra reconstrucción de los encuentros y señaló que la reunión del día mencionado por LPO no había contado con representantes de los productores.
De acuerdo con la información publicada por Urdangarin, el encuentro se realizó entre Cacace, representantes de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). La periodista indicó que la reunión había sido solicitada por ASA para conocer con mayor precisión qué propuesta estaba evaluando el Gobierno para llevar al Congreso.
Cómo viene la negociación por la nueva ley
Según la reconstrucción de Agrolink, las conversaciones comenzaron en marzo. En una primera etapa, el Gobierno mantuvo reuniones por separado con los productores y las empresas semilleras. Posteriormente, convocó a ambos sectores y les propuso continuar las conversaciones entre privados para intentar acercar posiciones antes de regresar con una propuesta consensuada.
Los representantes de los dos sectores mantuvieron tres encuentros, en los que lograron avanzar en algunos puntos, aunque persistieron diferencias importantes. La reunión posterior convocada por el Gobierno tuvo como objetivo conocer esos avances y determinar qué aspectos seguían sin resolverse.
Uno de los principales desacuerdos está relacionado con la adhesión al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91). Según explicó Urdangarin, las entidades de productores sostienen su preferencia por mantener a la Argentina bajo el marco de UPOV 78, mientras que parte de la industria semillera impulsa una mayor protección de los derechos de los obtentores.
También existen diferencias entre las propias empresas semilleras. De acuerdo con la periodista, algunos puntos de la discusión, como la cantidad de años durante los cuales se pagarían regalías, todavía no habían sido abordados en profundidad por los representantes privados.
El Gobierno busca una definición para llevar el debate al Congreso
Ante la falta de avances suficientes, el Gobierno habría planteado a los sectores que, si no logran alcanzar un acuerdo en un plazo cercano, podría elaborar su propio proyecto de ley.
En su publicación, Urdangarin señaló que esa advertencia se transmitió durante la reunión con productores y semilleras, y que el encuentro posterior con ASA e INASE estuvo orientado a conocer con mayor precisión las definiciones que el Ejecutivo tiene en mente.
La periodista también indicó que el área de Desregulación sostiene que no buscará impulsar el proyecto en el Congreso sin consenso. La posibilidad de que el Gobierno presente una iniciativa propia abre, de todos modos, un escenario de negociación en el que cada sector deberá definir qué aspectos está dispuesto a aceptar y cuáles considera centrales para defender sus intereses.
Por su parte, LPO publicó una versión diferente sobre el desarrollo de la reunión, en la que sostuvo que Cacace había manifestado su intención de avanzar en una propuesta junto con Bayer ante la falta de acuerdo. Esa publicación atribuyó el relato del episodio a uno de los asistentes, cuya identidad no fue difundida.
Las dos publicaciones presentan versiones distintas sobre el encuentro y sus participantes. Más allá de esa diferencia, la discusión sobre el futuro régimen de semillas continúa abierta y el Gobierno busca definiciones para avanzar en el debate legislativo.
Iraeta: “La propiedad intelectual de semillas sería un batacazo para el campo argentino”
La discusión también fue abordada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, en una entrevista con Agrositio, en la que consideró que avanzar en materia de propiedad intelectual de semillas sería “un batacazo para el campo argentino”.
La cuestión forma parte de una agenda más amplia sobre innovación, inversiones y competitividad agropecuaria. Uno de los argumentos de quienes impulsan una actualización del régimen es que establecer reglas para reconocer la innovación genética podría fortalecer los incentivos para invertir en investigación y desarrollo de nuevas variedades.
Al mismo tiempo, la negociación está atravesada por las diferencias sobre el alcance del uso propio y las obligaciones económicas que tendrían los productores. El desafío es definir un marco que contemple la protección de los derechos de los obtentores sin desconocer las condiciones de producción y las prácticas del sector agrícola argentino.
La entrevista completa a Iraeta está disponible en Agrositio.
Uso propio, regalías y propiedad intelectual: el eje de la discusión
La Ley 20.247, sancionada en 1973, regula actualmente la producción y comercialización de semillas y las creaciones fitogenéticas en la Argentina. Uno de los puntos centrales de la discusión es el alcance del uso propio, es decir, la posibilidad de que un productor reserve semillas de su cosecha para volver a sembrarlas en su establecimiento.
Las empresas semilleras sostienen que una mayor protección de la propiedad intelectual permitiría fortalecer los incentivos para investigar y desarrollar nuevas variedades. Desde el sector productivo, en cambio, existen reparos sobre el alcance que podrían tener las regalías y sobre los efectos de modificar las condiciones de una práctica histórica de la agricultura argentina.
La eventual adhesión a UPOV 91 es una de las cuestiones más sensibles porque modifica el marco de protección de los obtentores vegetales respecto del esquema de UPOV 78, bajo el cual está adherida actualmente la Argentina.
La definición de una nueva normativa deberá resolver cómo equilibrar esos intereses y qué condiciones regirán para el uso de genética en las próximas campañas.
Por ahora, el proceso sigue abierto. El desafío del Gobierno será transformar las conversaciones entre productores y semilleras en una propuesta con respaldo suficiente para avanzar en el Congreso, en medio de diferencias que todavía no encontraron una solución común.
