El Gobierno Nacional avanza en una nueva etapa de su plan de reorganización del Estado con la reestructuración de siete organismos públicos. A través de un decreto que será publicado en el Boletín Oficial, se dispone la transformación o disolución de entes que, según se detalla en la gacetilla oficial, presentan altos niveles de ineficiencia, duplicación de funciones y estructuras sobredimensionadas que no se corresponden con sus objetivos operativos ni con las necesidades actuales del país.

La medida alcanza al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Desde el Gobierno se argumenta que estas reformas permiten avanzar hacia una administración pública más racional y austera, orientada al equilibrio fiscal y a la eficiencia en el uso de los recursos. Según se explicó, muchas de las funciones que cumplían estos organismos serán reasignadas a dependencias del Ministerio de Economía, con el objetivo de eliminar superposiciones y reducir costos.

 

Cambios por organismo

INTI
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial será transformado en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, aunque mantendrá su nombre.
Actualmente cuenta con 2.356 empleados y un presupuesto superior a $85.600 millones.
El Ejecutivo critica que el organismo incrementó su planta de personal sin mejorar sus servicios y que realiza tareas que podrían desempeñar empresas privadas, generando competencia desleal.
Se conservará su rol técnico en metrología, calidad e innovación, pero con una estructura más acotada.

INTA
Dejará de ser descentralizado y pasará a la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Tiene más de 6.000 empleados y un presupuesto de $229.000 millones.
Se lo acusa de haber sido usado como herramienta de militancia política y de desviarse de su objetivo original al priorizar la agroecología y el extensionismo sobre la investigación y desarrollo tecnológico.
El nuevo enfoque será hacia la generación de tecnología, transferencia científica y formación de productores capacitados.

ARICCAME
Será disuelta. Las competencias serán repartidas entre la ANMAT (uso medicinal de la flor), la Secretaría de Industria (cáñamo industrial) y la Secretaría de Agricultura (semillas y propagación).
El Gobierno sostiene que la agencia tenía una estructura ineficaz, superpuesta y rígida, lo que dificultó el desarrollo del sector.
El nuevo esquema busca una especialización funcional y reducción de gastos.

INAFCI
También será disuelto. Fue creado en 2022 y llegó a tener más de 900 contratados y un presupuesto de $9.000 millones, de los cuales el 90% se destinaba a sueldos.
El Ejecutivo afirma que funcionó como “caja política” para la distribución discrecional de fondos.
Sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Agricultura, bajo un enfoque de reglas claras, estabilidad macroeconómica y sin esquemas clientelares.

INASE
Dejará de ser un organismo descentralizado. Su estructura y funciones serán absorbidas por la Secretaría de Agricultura.
Tiene 233 empleados y un presupuesto superior a $20.000 millones.
Según el Gobierno, su autonomía fragmenta la política agrícola nacional.
Se aclara que la reestructuración no afectará los derechos de propiedad intelectual sobre semillas.

INV
El Instituto Nacional de Vitivinicultura pasará a ser una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Agricultura, aunque conservará su nombre.
Cuenta con 459 empleados y un presupuesto superior a $12.120 millones.
Se critica que despliega una fiscalización excesiva, generando sobrecostos y distorsiones para la industria, especialmente los pequeños productores.
Se mantendrá la certificación internacional voluntaria, a pedido del productor, para los mercados externos.

INPI
Será transformado en un ente desconcentrado dentro de la Secretaría de Industria.
Tiene 362 empleados y un presupuesto estimado en $8.500 millones.
El Gobierno considera innecesaria su actual autonomía jurídica.
Se mantendrá su función técnica en materia de registro de propiedad industrial, sin la necesidad de estructura descentralizada.

 

Declaraciones oficiales

Federico Sturzenegger, uno de los principales arquitectos de esta reforma, respaldó públicamente la medida en sus redes sociales. En su cuenta de X (ex Twitter), afirmó:

“Desmantelar el estado corporativo no es tarea fácil, pero cada organismo innecesario que se elimina, cada privilegio que se revierte, es una victoria para la libertad y el contribuyente.”

Y en un segundo mensaje señaló:

“Todos estos organismos fueron creados para darle poder a una casta privilegiada y militante, que se alimentaba del presupuesto público. No los vamos a dejar pasar.”

Estas expresiones refuerzan el enfoque político del Gobierno, que apunta a reducir estructuras burocráticas que, según su diagnóstico, fueron utilizadas con fines partidarios o corporativos.

 

La reestructuración de estos siete organismos forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reducir el tamaño del Estado, eliminar gastos innecesarios y reordenar sus funciones. El oficialismo sostiene que no se trata de un desmantelamiento institucional, sino de una modernización de la administración pública.

Sin embargo, la decisión genera preocupación en sectores técnicos, científicos y productivos, que advierten sobre posibles pérdidas de capacidades estratégicas del Estado, especialmente en áreas vinculadas a la agricultura familiar, la investigación tecnológica y las economías regionales.

La implementación efectiva de esta reorganización, sus resultados concretos en términos de ahorro y eficiencia, y su impacto sobre la producción y el empleo público, serán elementos clave a monitorear en el corto y mediano plazo.