Los mayores controles aduaneros impuestos hace cuatro meses complican el comercio de granos a tal punto que podrían devolverle al mercado argentino la desconfianza de los compradores mundiales, al considerarlo un canal sucio para el comercio.

Según fuentes del sector exportador, desde la segunda quincena de octubre pasado, cuando se impusieron las nuevas normas, hasta el 15 de enero del corriente año, de los 654 buques que recalaron para embarcar granos y productos agroindustriales, 407 navíos (62,23%) sufrieron demoras por diversas causas de 18 horas con 45 minutos en promedio. Esto produjo una acumulación total de 7.635 horas de atrasos, con la pérdida consecuente por mayores costos, aseguró una fuente que pidió mantener el anonimato.

El atraso afectó, en total, a unas 11,5 millones de toneladas de productos que se podrían haber embarcado y no pudieron hacerlo.

Los exportadores encuentran dos problemas al nuevo sistema. En el caso de las contraverificaciones de las cargas realizadas en los buques, ahora se realizan por cada uno de los permisos de embarque (antes sólo se aplicaba por buque completo y en forma aleatoria), lo que afecta seriamente la agilidad que requiere la operatoria aduanera de exportación. En paralelo, el sistema de contraverificación por calado y sondaje de tanques (draft survey) funciona como un sistema de estimación visual pero no de determinación electrónica, por lo cual, aseguran, es más imprecisa y menos confiable que las de las balanzas electrónicas.

Otro cuestionamiento es el de los controles de estupefacientes, porque los equipos multidisciplinarios carecen de plazo para la realización de esos procedimientos, lo que hace que las tardanzas se agraven, aseguran desde el sector.

Todo esto provoca incertidumbre sobre los horarios operativos e impacta directamente sobre toda la cadena logística, al impedir coordinar los pedidos del personal de Senasa, estiba e inspectores privados, incrementando el costo general.

En paralelo, los atrasos generan incertidumbre en los bancos del exterior que prefinancian a los exportadores argentinos en un monto que se calcula cercano a los u$s 7.000 millones.

La preocupación del sector se agudiza mientras el país se acerca a los meses de pico de cosecha, entre abril y mayo. Se estima que la Argentina tendrá una cosecha de entre 50 y 53 millones de toneladas de soja y de unos 25 millones de toneladas de maíz.