Macri es uno de los muy pocos políticos que se mantuvo en pie después de la debacle opositora de las últimas elecciones. Una estrategia que le permite, por otra parte, intentar correr a un segundo plano otras cuestiones que afectan a la administración central, como las consecuencias de la tragedia del Sarmiento, las concesiones ferroviarias, la política de subsidios, la inflación y los aumentos que se vienen en los servicios públicos.

El traspaso de subtes y colectivos, junto con los subsidios, es como un lastre que el gobierno nacional se debe quitar cuando la caja comienza a crujir. De paso deja que Macri pague el costo político de aumentar tarifas, como ocurrió con los subtes y, espera que ocurra lo mismo con los colectivos.

Esa estrategia tiene en el Congreso un pilar fundamental, por el control del Senado y Diputados, con los votos propios y de aliados. Por eso se están apurando los tiempos para darle fuerza de ley al acta acuerdo del traspaso de los subtes, sobre el que Macri dio marcha atrás, sin darle importancia a lo cuestionable de su actitud. De paso, CFK le carga 33 líneas de colectivos que circulan sólo dentro de la Capital Federal.

Sin embargo, hay una cuestión muy importante, que atenta contra los planes kirchneristas, el traspaso comenzó el inexorable camino de la justicia.

En realidad, la judicialización era la única carta con fuerza que podía jugar Macri para patear hacia adelante la responsabilidad de tener los subtes, con el costo financiero que eso implica. Un camino que la Casa Rosada quiso evitar. Prueba de esto son las palabras de la presidenta que volvió a criticar, días pasados, las medidas cautelares de la justicia.

Pero la Corte Suprema tiene jurisdicción para hacerlo. Primero lo advirtió su presidente, Ricardo Lorenzetti, cuando abrió el año judicial. Y después lo dijo un juez a quien el kirchnerismo le presta mucha atención, Eugenio Zaffaroni.

Todo esto que ocurre parece poner de muy mal humor al ministro de Planificación, Julio de Vido, como lo demostró en el Senado, al responder fuera de sí a las acusaciones del radical Gerardo Morales. De Vido entró en un terreno que parece desconocer, como el debate público de las ideas entre oficialistas y opositores, y menos enfrentar chicanas políticas.

Todo en el medio de fuertes cuestionamientos internos que sufre De Vido en el gobierno y que recrudecieron por la tragedia de Once.

Quizás habría que buscar en la reacción del ex jefe de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, efectos del trato y las presiones que partirían desde el propio despacho presidencial.

Otro tema que afecta al gobierno es la situación de Amado Boudou por la investigación judicial sobre la ex Ciccone Calcográfica, una empresa que fue salvada de la quiebra, que imprimió las boletas electorales del Frente para la Victoria y que estuvo a punto de cerrar un negocio por u$s 50 millones para imprimir billetes de $ 100.

El juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tienen en sus manos esa investigación para determinar qué es lo que ocurrió con la quiebra, con la llegada de The Old Fund a Ciccone y si hubo alguna maniobra de lavado de dinero.

Pero también que rol jugaron en todo esto Alejandro Vandenbroele, director de The Old Fund (a quien su ex mujer Laura Muñoz calificó de �testaferro� de Boudou), el vicepresidente y su socio y amigo José María Nuñez Carmona.

Rafectas y Rívolo deben establecer si hubo tráfico de influencias y si Boudou tuvo acciones incompatibles con la de un funcionario público.

Después de haber probado durante algunas semanas el trago amargo de la soledad y falta de apoyo político público, el gobierno dio señales.

Por orden de la presidencia, Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, salió a poner a salvo al ente recaudador por el trato que se le dio a Ciccone, y de paso le tiró un salvavidas a Boudou. Pero no fue más allá de eso.

También el ministro del Interior, Florencio Randazzo, habló del tema, quizás porque algunas versiones lo dan como un enemigo de Boudou dentro del gabinete.

Otro que habló fue el jefe del bloque K del senado, Miguel Pichetto, como para demostrar que el oficialismo no dejará que prospere el pedido de juicio político contra el vice que promueve la oposición.

La que no habló, por ahora, fue Cristina Kirchner, aunque volvió a compartir actos con Boudou, quien trata de defender a través de su recorrido por medios amigos o por los que considera confiables, según la visión K.

Boudou tiende siempre a mostrarse como víctima en todo este caso, pero es consciente que debe enfrentar una investigación judicial que nadie sabe hasta dónde llegará.

Y que, más allá de las críticas de la oposición, también tiene un frente interno complejo, donde la desconfianza estaría a la orden del día, comenzando por Máximo Kirchner y sus seguidores de La Cámpora.
Aunque en el caso Boudou vale la pena detenerse en las declaraciones del jefe de la CGT.

Hugo Moyano le soltó la mano a su ex aliado dentro del gobierno y dijo que deberá pagar si es culpable. Pero fue más allá. Con una sonrisa pícara señaló que él no fue, precisamente, responsable de que haya llegado a ser vicepresidente.