Es la primera vez en muchos años que los políticos a cargo de los amargos remedios no podrán excusarse en las presiones del FMI para administrarlos.

Todas las medidas tomadas hasta el momento en materia cambiaria y de tarifas apuntan a generar un menor nivel de actividad. La intervención en el mercado cambiario causó una suba de tasas enorme y, además, hizo elevar muchísimo el nivel de incertidumbre, lo que también posterga decisiones de compra e inversión.

La quita de subsidios y el consecuente aumento del costo de los servicios públicos también restringirá gastos y se expandirá aumentado otras cuentas, tales como expensas en los casos de la propiedad horizontal. Para los sectores productivos el impacto puede ser variado. Mineras y petroleras, que mantienen altos precios de sus productos no tendrían problemas de competitividad porque pasen a pagar las tarifas plenas. Para otros, las actualizaciones pueden llegar en momentos poco oportunos. La demanda de Brasil cae. La economía global crecería poco más del tres por ciento este año, señaló el IAEF. El comercio internacional se hará así más lento, y algunos sectores ya enfrentaban problemas de competitividad.

El Gobierno evitó corregir distorsiones en los momentos en que podría haberlo hecho de manera menos dolorosa y ahora parece no tener más remedio que hundir el bisturí. Con todo, las cifras de ahorro que se han anunciado en materia de gasto en subsidios a los servicios públicos resultan insuficientes como para revertir el déficit fiscal. El Gobierno se propone sacar el año próximo las cifras del rojo, pero si, como hasta ahora, sólo va a recurrir a los recortes, deberá profundizar las medidas.

Más correcciones darían como resultado también más medidas que restarían capacidad de consumo a muchas familias si, como todo indica, se tocan también los precios de los viajes en colectivos, trenes y subterráneos.

Lo peor de la ortodoxia

El otro aspecto paradójico es que las autoridades están optando por un camino que en el fondo es fiscalmente ortodoxo, pero que de todas formas no parece capaz de recrear la confianza y atraer inversiones o financiamiento.

La discrecionalidad de muchas medidas, la virtual prohibición de operar en divisas, las intervenciones en importaciones y exportaciones sin rumbo claro y sin siquiera normas son enemigos de la inversión.

Curiosamente, el Gobierno parece dispuesto a pagar todos los costos del ajuste, incluidos los políticos, pero sin intentar, al menos por ahora, aprovecharse de alguna de las ventajas que podría obtener. Si hubiera logrado recrear la confianza, por ejemplo, podría aspirar a un descenso de la tasa de interés. Pero en el escenario actual, en cambio, parece haber logrado la difícil combinación de frenar la economía y hacer subir el costo del dinero.

En todo caso, si parte del efecto "beneficioso" es la reducción de la verdadera tasa de inflación, será con el "enfriamiento" al que siempre el oficialismo se negó.

Muchos advirtieron que el enfriamiento del nivel de actividad y el ajuste los terminaría haciendo el propio mercado. Ello en parte se cumplió, dado que la menor demanda de Brasil y la caída de los precios de algunas materias primas comenzaron a complicar las cosas.

Pero sobre ese escenario las autoridades toman medidas más restrictivas sin, por ahora, ninguna compensación que intente preservar el nivel de actividad.

Era obvio que la economía argentina, para adaptarse a una situación internacional mucho menos favorable, necesitaba un plan antiinflacionario integral, que moderara la apreciación del peso y redujera el déficit fiscal. Con ese objetivo, reducir los subsidios a los servicios públicos era inevitable. No por cuestiones de justicia, sino por necesidades de caja, que es lo que de verdad preocupa al Gobierno.

Pero los mecanismos elegidos parecen destinados a hacer el ajuste más doloroso y no menos.