Con la eliminación de los subsidios buscará evitar el naufragio, aunque no podrá impedir que, a cada rato, emerjan las contradicciones en su propio relato. Claro que a muy pocos en la Casa Rosada les importará eso: el pueblo ya votó y, al mejor estilo de Carlos Menem, habría llegado la hora de hacer los ajustes de los que no convenía hablar en la campaña electoral.
¿Quién se puede oponer a que quienes viven en lujosas residencias de barrios acomodados dejen de tener tarifas de servicios públicos subsidiadas por el Estado? Nadie, sin duda. Pero el primer problema es que el recorte no recaerá sólo en esos sectores. Y el segundo es que el Gobierno no parece en condiciones de explicar por qué estuvo beneficiando a los residentes en Puerto Madero o Barrio Parque durante tantos años, aunque ahora pretenda exhibir su medida como un castigo ejemplarizador contra personas que se enriquecían a costa del Estado.
Resulta también difícil que el kirchnerismo pueda explicar por qué desde 2005 se subsidió a bingos y casinos, entre otras empresas, al tiempo que se les negó a muchos jubilados el ajuste de sus haberes, impuesto incluso mediante sentencias de la Justicia. O por qué razón benefició a residentes de barrios y countries suntuosos con tarifas baratas mientras el precio de la garrafa de gas que pagaban los sectores más empobrecidos de la población no paraba de subir. Tardó bastante el Gobierno en descubrir las distorsiones que él mismo creó.
Sería ilógico, sin embargo, no calificar las medidas de eliminación de los subsidios como racionales. La cuota de irracionalidad o de discrecionalidad llegará cuando el Gobierno deba decidir cuáles familias deberían seguir pagando tarifas de agua, luz y gas subsidiadas y cuáles no.
Parece coherente que si una familia tiene un ingreso inferior al valor de la canasta familiar reciba una tarifa subsidiada. ¿Pero cuál valor de la canasta tomará el Gobierno? ¿El del Indec, que ronda los 1347 pesos? ¿O el de consultoras privadas, que supera largamente los 2000 pesos?
Hay quienes podrían reclamar la continuidad del subsidio apoyándose en otros motivos. Por ejemplo, si la AFIP juzga que un ciudadano presenta "insuficiente capacidad económica" para adquirir 200 o 300 dólares, ¿podrá ese ciudadano esgrimir ese hecho para solicitar que no se le aplique la quita de subsidios en el agua, la luz y el gas?
Las contradicciones K se profundizan en el caso de Aerolíneas Argentinas. Cuatro años atrás, el Gobierno presentó como un avance democrático el pase del manejo de los controladores aéreos de la Fuerza Aérea, acusada entonces de incompetente y corrupta, al ámbito civil. Días atrás, en medio de la pugna con el gremio del personal técnico aeronáutico, la Presidenta decidió que los controladores volvieran a la órbita militar. ¿Un retroceso democrático?
Entretanto, los pasajeros son rehenes de una pelea por espacios de poder dentro del propio kirchnerismo, entre funcionarios incompetentes y sindicalistas facciosos. Y, por si fuera poco, escuchan con pánico a dirigentes gremiales, como Ricardo Cirielli, vaticinar un "Cromagnon aeronáutico".
