La denominada "fuga de capitales" ha tomado más intensidad en los últimos meses. En realidad, esta denominación abarca no sólo los capitales argentinos que son llevados al exterior, sino también los dólares y otras divisas que son adquiridas para ser atesoradas localmente en lugares protegidos. Lo que caracteriza la fuga es que esas divisas dejan de pertenecer a las reservas del Banco Central y desaparecen del sistema financiero argentino.
El fenómeno de la fuga con pérdida de reservas es acompañado simétricamente por una reducción equivalente del circulante en pesos. Si el Banco Central no emitiera pesos por otros canales, lo que está ocurriendo, se produciría la desmonetización del sistema. La fuga con desmonetización es un riesgo asociado a la inflación, del que hay experiencia en la historia argentina.
La salida neta de capitales fue de 11.400 millones de dólares durante todo 2010, con un promedio de 950 millones mensuales. En el primer trimestre de 2011, este promedio mensual se elevó a 1200 millones y en el segundo trimestre alcanzó a 2000 millones mensuales. Luego se aceleró. En julio, fue superior a 2200, y en agosto, a 2800 millones de dólares. En septiembre, la salida de dólares superaría los 3000 millones, de acuerdo con proyecciones privadas.
Los resultados de las primarias del 14 de agosto, que parecieron aportar un voto de confianza a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, paradójicamente, no despertaron el mismo sentimiento en los ciudadanos argentinos en su carácter de ahorristas.
Quien compra dólares es porque estima que su dinero estará más seguro de esa forma o porque espera obtener una ganancia superior a otras alternativas de similar riesgo. Lo hace porque espera una desvalorización del peso a causa de la inflación o, visto desde otro ángulo, una devaluación.
Nadie cree en las fraudulentas cifras de inflación del Indec y sí en las de fuentes privadas o que el ama de casa convalida diariamente en el supermercado. Está a la vista que la cotización del dólar va quedando rezagada y que los precios de la energía y del transporte público están en una olla a presión que obliga al Gobierno a aportar subsidios desbordados. También el ciudadano común intuye que hay dificultades fiscales, a tal punto que el titular de la Anses ha confesado que no tiene dinero para pagar las sentencias de la Justicia. Los operadores del mercado saben que, detrás del maquillaje de las cifras oficiales, hoy hay un saldo negativo en la cuenta corriente del balance de pagos. Los pagos de vencimientos de la deuda pública se realizan con reservas desde la renuncia de Martín Redrado, y esto agrega un factor adicional de incertidumbre sobre la suficiencia del colchón de que se dispone.
Se comienza a advertir que las reacciones del Gobierno y del Banco Central ante la fuga de capitales son espasmódicas y poco planificadas.
El programa de vencimientos de la deuda para 2012 en el marco de las proyecciones presupuestarias de analistas privados, suponiendo que se recurrirá a todas las cajas y arbitrios disponibles, indica un faltante financiero de entre 5000 y 8000 millones de dólares. Las reservas no podrán cubrir la fuga de capitales, además del pago de la deuda y el déficit en cuenta corriente. El gobierno argentino hoy no tiene acceso, a costos razonables, al financiamiento externo y tampoco al interno voluntario. Debería hacer muchas cosas que están en las antípodas de la llamada "profundización del modelo" para poder recuperar ese acceso. Naturalmente, entonces, la gente y los operadores económicos comienzan a ver la posibilidad de una devaluación en el horizonte.
El mundo exterior no parece poder aportar una gran ayuda para disipar estas incertidumbres y revertir la fuga local de divisas. Las perspectivas mundiales son de estancamiento, si no de recesión. Un riesgo en particular parece provenir de Brasil, que ha comenzado un proceso de lenta devaluación de su moneda. Por eso, las posibilidades de transformar positivamente las expectativas en nuestro país y de revertir la persistente fuga de capitales estarán, sin duda, fundadas en el cambio de las políticas y en la capacidad de gestión de nuestro propio gobierno.
