El fenómeno se inició a poco de conocido el escándalo por el supuesto desvío de fondos públicos dirigidos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para el desarrollo del programa Sueños Compartidos. Entonces, desde el kirchnerismo se buscó convertir al ex apoderado de la organización liderada por Hebe de Bonafini, Sergio Schoklender, en el único responsable del desfalco. Con la presencia de éste en la Cámara de Diputados, el fenómeno se profundizó: la oposición intentó encontrar en sus denuncias pruebas que desnudaran el perverso manejo de los recursos del Estado por el oficialismo, en tanto el kirchnerismo trató de dejar a la oposición pegada a Schoklender.

La estrategia oficialista desató la ira de algunos dirigentes antikirchneristas. La voz cantante la llevó la diputada del peronismo federal Graciela Camaño, quien recordó que Schoklender es un ex socio del gobierno kirchnerista y que varios legisladores nacionales K impulsaron proyectos de declaración para expresar su beneplácito o para considerar de interés nacional los planes de construcción de viviendas sociales pergeñados por el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo.

Entre legisladores de la oposición, la declaración de Schoklender ante los diputados había merecido un duro debate previo. Los más cercanos al gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, llegaron incluso a oponerse a su presencia por estar imputado de delitos ante la Justicia y por la posibilidad de que se le diera un espacio demasiado importante para potenciar sus presuntas extorsiones a la Casa Rosada.

Sin embargo, más allá de que podamos estar en presencia de un extorsionador a quien la opinión pública ya parece haber condenado por su llamativo patrimonio y por su triste pasado, las declaraciones de Schoklender, tanto en la Cámara baja como ante distintos medios de prensa, dejan algunos interrogantes sobre los cuales el Gobierno y la Justicia deberían dar respuestas.

Las declaraciones de Schoklender dejan algunos interrogantes sobre los cuales el Gobierno y la Justicia deberían dar respuestas

Un primer interrogante es si, como ha dicho el ex apoderado de las Madres, algunos funcionarios, como José López, secretario de Obras Públicas, habrían realizado negocios incompatibles con la función pública y cohecho. López tendría una empresa, llamada La Araceliti SA, creada en 2006 en Tucumán para el cultivo de caña de azúcar y otras actividades agrícolas. Pero dos años después, esa empresa habría ampliado su objeto social con el fin de realizar construcciones viales y de arquitectura, obras civiles en general, servicios de asesoramiento y consultoría en proyectos de ingeniería y arquitectura, y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas y privadas.

Un segundo interrogante es si funcionarios que supuestamente debían controlar las obras realizadas por Schoklender viajaron en un avión de la empresa Meldorek. El más comprometido por las pruebas que dijo haber aportado el ex apoderado de las Madres a la Justicia, sería el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. Curiosamente, el mismo funcionario que, ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, dijo en junio pasado que el Gobierno no tenía "trato directo" con las Madres.

Quedaría al descubierto un modus operandi mediante el cual el Gobierno financiaría proyectos de determinadas organizaciones para que sus funcionarios reciban una suerte de retorno

Una tercera pregunta guarda relación con los posibles desvíos de fondos públicos recibidos por la Fundación Madres de Plaza de Mayo hacia otros destinos, insinuados por Schoklender. Entre ellos, la compra de un departamento de 380.000 dólares por la hija de la presidenta de la asociación, Alejandra Bonafini, y el financiamiento de afiches de campaña de dirigentes kirchneristas, entre ellos el propio Fatala y el ministro de Economía, Amado Boudou.

De comprobarse algunas de estas situaciones, quedaría al descubierto un modus operandi mediante el cual el Gobierno financiaría proyectos de determinadas organizaciones no gubernamentales para que sus funcionarios reciban una suerte de retorno por parte de éstas, pagado con los mismos recursos públicos.

Para la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica), se está ante una causa judicial bastante simple, cuyo peligro es que se la convierta en una megacausa en la que será más difícil desentrañar las responsabilidades. "Un juez debe ver toda la documentación, discriminar cuántos fondos públicos entraron en la fundación para la construcción de viviendas y cuánto de ellos se pueden justificar con certificaciones de obras, para determinar si hubo desvíos", apuntó.

Los funcionarios del gobierno nacional tratan de defenderse alegando que desde sus dependencias no se giraba dinero a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sino a los municipios que, a su vez, contrataban a la organización presidida por Hebe de Bonafini para la construcción de viviendas. Sin embargo, un análisis de los acuerdos firmados entre la Secretaría de Obras Públicas y algunos municipios podrían determinar que el Estado nacional podía y debía auditar el cumplimiento del plan de trabajos y de desembolsos.