Por José Frogone - Ex gerente de Estudios Económicos de la Junta Nacional de Granos

Para alguna entidad rural se trata, al decir de sus representantes, de una vieja aspiración, una suerte de Junta Nacional de Granos interviniendo en el mercado en defensa del pequeño y mediano productor.

Se han sumado últimamente algunas nuevas propuestas, desde la estatización lisa y llana, hasta las declaraciones del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de que gustaría ver una mayor participación de las cooperativas en el volumen de exportaciones de granos. Se olvida el ministro que eso condenaría al acopio privado no exportador a su extinción, dadas las ventajas impositivas que gozan las cooperativas frente a las empresas privadas. Sea cual sea en definitiva la alternativa, tenemos que tener en claro que solo se trata de un instrumento que serviría de sustento a una política determinada para el sector.

Y aquí viene el problema, entrar en una discusión acerca del instrumento es como poner el carro delante del caballo. Lo que se necesita es definir primero una política y recién después ver en qué medida se requiere de la creación de alguna herramienta que ayude a concretar esa política.

Es un tema importante, a mi juicio, ya que carecemos de una política agropecuaria. La de este último gobierno ha sido francamente nefasta y sus resultados no son peores simplemente porque le ha tocado en suerte un marco internacional muy favorable. Los mayores progresos en general han tenido su origen en el esfuerzo y creatividad del sector privado, y el Estado más bien acompañó.

Hay un solo concepto sobre el que parece haber consenso en materia de política sectorial, que es el de agregar valor a la producción de granos. Se habla de cadenas virtuosas, sin embargo varios eslabones de esas cadenas se han montado sobre la base de fuertes subsidios directos, a través de la fallecida ONCCA, e indirectos, o sea interviniendo en los mercados de modo informal generando trasferencias cuantiosas del productor a los eslabones superiores de las mismas. Algo muy claro en trigo y maíz.

Y aquí viene la gran pregunta: ¿cuál es el camino para agregar valor sin dañar el ingreso de los productores?, más allá de los derechos de exportación que hoy y gracias a la coyuntura internacional no son un tema a resolver mañana.

La respuesta a ese interrogante tiene mucho que ver con la necesidad de intervenir en forma directa en el comercio de cereales. Si la decisión política fuera que el Estado debe garantizar la oferta de granos y subsidiar a los procesos de valor agregado (producción de pollos, porcinos, feedlots, harina, etc.), entonces el Estado debería comprar los granos a valor de mercado y abastecer a esos eslabones a un precio menor. En esa alternativa, el Estado debería competir con la exportación a través de algún organismo creado a ese efecto. En lo abstracto, no es algo muy complicado de armar. Pero, el juego de la política y los protagonismos pueden hacer mucho más complicada su instrumentación.

Si, en cambio, el objetivo de avanzar en el agregado de valor se instrumenta, no vía subsidios en el precio de compra, sino con políticas de incentivo, (ya sea a través de créditos, impuestos, mercados a futuros que funcionen) la cuestión de la intervención del Estado pasa por otro lado: el objetivo sería que los distintos actores compitan en un marco de mayor igualdad. Justo cuando el grueso de la demanda está concentrado en muy pocas empresas exportadoras que, a su vez, han desarrollado a lo largo de los últimos años un fuerte proceso de integración vertical, que llega incluso hasta la propia siembra compitiendo de modo muy fuerte en el mercado de arrendamientos.

Y en medio de un sistema que creó los ROE, desvirtuando los objetivos de la ley 21.453, que permitía declarar ventas de granos con un horizonte de 360 días, pero obligaba al exportador a declarar el periodo de embarque que era de 30 días con una prórroga automática de igual lapso. Con los ROE, el exportador declara también a un año, pero sin especificar embarques, lo que le da una ventaja innecesaria en su accionar en el mercado local. En el pasado y salvo situaciones de fuerza mayor, el registro de ventas permanecía abierto. Si se revisa la historia, aun después de la disolución de la JNG, la Argentina nunca tuvo la necesidad de importar trigo o maíz para abastecer al mercado local.

Hoy, ese registro sigue existiendo pero no es abierto, el Gobierno se maneja con un sistema de cuotas de exportación, con los resultados por todos conocidos.

Volver a la plena vigencia de la ley 21.453 con una reglamentación acorde a los tiempos que vivimos, es fundamental para empezar a recrear la competencia en los mercados de maíz y trigo. Aun en un escenario de compras directas por el Estado, la necesidad de aplicación de esta ley también es imprescindible.

Este sería un punto de partida para un sistema en donde los temas de valor agregado y abastecimiento al consumo local se manejarían no vía precios, sino a través de mecanismos que apunten en el primer caso a una industria sustentable, y en el segundo, vía un subsidio directo al consumo de los más necesitados.

Las cosas han cambiado mucho desde la disolución de la JNG. En el debate que viene, espero, es necesario que políticos, legisladores, especialmente los de extracción sectorial, entidades, empresarios y los profesionales ligados a esta actividad nos despojemos de prejuicios y viejas aspiraciones para recuperar para los productores de granos y para beneficio de los consumidores el libre mercado, en el que la necesaria intervención del Estado se transforme en una acción virtuosa.