"Vamos a despejar fantasmas. No vamos a estatizar el comercio, sino que vamos a priorizar a las empresas nacionales." Con estas palabras, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, intentó acallar los rumores que afirman que el Gobierno quiere nacionalizar el negocio granario. Sin embargo, estas palabras no alcanzaron para devolver la tranquilidad al mercado, que cree que hay en el corto plazo se busca recrear la Junta Nacional de Granos y otorgar de facto el 30% del negocio a las cooperativas. Los temores de los privados no se basan sólo en rumores. Un proyecto presentado recientemente por la agrupación Canpo, afín al Gobierno, propone un ambicioso plan de seguridad alimentaria que incluye más intervención en el comercio y hasta la vuelta de las retenciones móviles.

A la hora de analizar qué pasaría si los fantasmas sobre la nacionalización se volvieran realidad, en una de las bolsas de cereales dijeron que esta decisión sería un golpe mortal a intermediarios y exportadores. "Cuando lo hagan, y nosotros creemos que lo van a hacer, es el fin de nuestro negocio y el de las exportadoras", dijeron en una de las bolsas.

En el Gobierno, en tanto, en línea con las declaraciones de Domínguez, niegan que se esté trabajando en un proyecto para darle una porción del comercio al cooperativismo y crear una agencia para manejar el negocio granario. "Hemos hablado del tema, pero no estamos haciendo nada concreto", destacó un funcionario cercano a Domínguez. "Nos reunimos con la FAA y sabemos que apoyan ideas de este tipo, pero no estamos analizando ningún proyecto de ellos. Sí vemos que hay una suerte de cartelización por la cual las grandes exportadoras manejan el 90% del negocio, y nos gustaría que eso cambiara", señaló el funcionario.

"Queremos que las empresas nacionales participen más del comercio, pero todavía no tenemos definido cómo se va a hacer. Lo que no haríamos, a menos que la Presidenta lo pida, es volver a las retenciones móviles, como se publicó en algún lugar. Eso sería un suicidio después de lo que pasó en 2008", dijo la fuente.

En el sector privado califican como descabellada la mera idea de recrear algo parecido a la vieja Junta Nacional de Granos.

"Hoy no hay motivo racional para apoyar la creación de una agencia estatal de control de comercio, para hacer lo que hace con mucha eficiencia el mercado", dijo Raúl Dente, asesor de la Federación de Acopiadores y directivo de la Junta de Granos hasta su disolución, en 1991. "La prueba de esto es que el único producto que no está intervenido, la soja, es el que cuenta con una comercialización más transparente. Los cultivos que tienen problemas son los intervenidos, como el trigo y el maíz. Es absurdo pensar en corregir un vicio nacido de la intervención con más intervención", señaló.

Para Dente, sería difícil reproducir la antigua estructura de la Junta, que supo tener puertos y elevadores propios. "Hoy hay todo un sistema comercial y logístico privado que antes no existía, porque lo tenía el Estado. Y además una serie de instituciones privadas, como las bolsas, que garantizan en forma eficiente un comercio libre y transparente", dijo.

Con esta visión coincidió Gustavo López, director de la consultora Agritrend y otro ex directivo de la Junta que escribió el libro Vamos al grano, en el que analiza el rol del Estado en el comercio granario en el pasado. "Estatizar el comercio no es una decisión que se puede tomar en forma ligera, por las complicaciones que implicaría", señaló López.

"Primero, el Estado debería tener la potestad para hacer compraventa de granos y contar para eso con partidas especiales y volúmenes interesantes de dinero. Segundo, habría que crear una infraestructura para manejar los graneles. Luego está el hecho de decidir si se respetan los precios de mercado o se ponen precios sostén. Y finalmente, el tema de vender la mercadería. Si lo hacés por tu cuenta como Estado, es muy complicado, y si lo hacés a través de los privados, es lo mismo que lo actual, pero más costoso e ineficiente", analizó López, que se desempeñó en la Junta de 1980 a 1991.

López tampoco cree que el otorgamiento del 30% de las exportaciones de granos a las cooperativas sea una buena idea. "Esto implica hacer lo mismo que se hace hoy con los cupos a determinadas exportadoras. Poner cupos desalienta la competencia y genera las diferencias de precio que se producen hoy en los cultivos intervenidos. Además, de aplicarse esto, habría que ver que las cooperativas tengan capacidad para concretar esas exportaciones, y no las terminen haciendo a través de las grandes cerealeras", dijo.

Dentro del arco político, uno de los que más criticaron el virtual proyecto de estatizar el comercio es el legislador de Unión Celeste y Blanco por Buenos Aires, Jorge Srodek. "Es evidente que los problemas que existen en la comercialización son consecuencia de la intervención. Es claro entonces que mayor intervención nunca podría ser la solución" declaró.

En las entidades, en tanto, el proyecto de estatizar la comercialización y darles una porción de esta a las cooperativas genera nuevos motivos de división. Así, mientras FAA aplaude la idea, en el resto de la Comisión de Enlace la rechazan.

"Nosotros propusimos a Domínguez lo de las cooperativas, y nos gustaría que se aplicara. Ahora, si van a intervenir más en el comercio, es importante que no lo hagan con una visión nostálgica, pensando en la Junta, sino buscando una herramienta que se maneje en forma mixta y que dé igualdad de oportunidades a todos", destacó Pedro Peretti, directivo de FAA, entidad vinculada a la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), virtual beneficiaria del proyecto oficial.

"La Sociedad Rural cree que lo peor que hizo el kirchnerismo es haber destruido el mercado, cuando nosotros creemos que lo peor fue promover la concentración del negocio. La vuelta al libre mercado no va a solucionar eso, por eso queremos que el Estado participe", dijo Peretti.

En la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), vinculada a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), no creen, en consonancia con el resto de las entidades, que la movida oficial para favorecer a las cooperativas sea beneficiosa. "Nosotros no queremos prebendas para comerciar, sino poder operar con igualdad de oportunidades y en un mercado transparente y libre. Si el Gobierno quiere que las empresas nacionales participen más, podría empezar por darles más ROE a estas empresas, y hacer verdaderas políticas de incentivo a su desarrollo", señaló Carlos Garetto, presidente de Coninagro.

Mercedes Colombres
LA NACION