Con un jefe de gobierno, Mauricio Macri, encendido en su ambición de proclamarse como un competitivo candidato a Presidente frente a un oficialismo kirchnerista que delimita su radio de acción, en ocasiones, mirando hacia otro lado. Así, casi como desconociendo a la gran urbe porteña por la que pasan seis millones de habitantes cada día, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encarna en funcionarios de su gabinete las cruzadas con la ciudad por dilemas territoriales, jurisdiccionales y políticos. La demorada finalización de la autopista Illía, que beneficiaría a 60.000 conductores, primero, y la usurpación de viviendas en un complejo habitacional en Villa Soldati, más tarde, signaron una semana, la que pasó, con infortunados enfrentamientos y chicanas políticas. Dilemas que sólo retroalimentan una pésima relación que en los últimos cuatro años de mandatos de ambas gestiones no aportaron, siquiera, coletazos productivos. Muy por el contrario. Salvo en los ámbitos legislativos, donde unos y otros lograron firmar varios acuerdos.

El jueves pasado, el gobierno nacional y el porteño protagonizaron un nuevo duelo verbal a causa de una toma de viviendas en Soldati. El gobierno nacional no había cumplido la atinada orden de la justicia federal de desalojar el complejo habitacional usurpado por cientos de pobres, que, paradójicamente, le robaron a otros pobres. Sobre la orden judicial incumplida, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, advirtió que la usurpación de las 204 viviendas no era "un caso federal" y que por lo tanto debía ser la Policía Metropolitana y no la Federal quien ejecutara la orden. Macri retrucó molesto: "Lamentablemente la presidenta doctora [Cristina] Kirchner ha decidido una vez más que no se respete lo que decide la Justicia y no se aplique la ley. Y eso va en contra de la posibilidad de futuro de todos los argentinos".

Algo de razón tiene Macri, al margen de las intenciones políticas que mandan sus vidas: la Policía Federal debe acatar la orden judicial o, en el peor de los casos, actuar de manera solidaria para que se cumpla la ley ¿O está a favor del desorden?. ¿No son, acaso, la Capital y la Nación parte de un mismo país? Debería preocuparles a los funcionarios nacionales, amén de las disputas de competencias y jurisdicciones, que cientos de familias de Soldati o del Parque Indoamericano o de la Villa 31 usurpen y destruyan inmuebles, y burlen cualquier tipo de regla social. Debería querer, también, ser garante de las leyes y de las instituciones. Pero... Parece que no; que si está en territorio de Macri lo importante es que ese empresario ávido para sacar provecho cuando su rival lo posiciona en víctima, cargue con el peso de la culpa. Una lástima; Macri no es Buenos Aires, es apenas uno de los tres millones de habitantes que vivimos en ella.

Pese a los reiterados desaires de la Casa Rosada, el vértigo de la venidera contienda electoral sorprende a estos funcionarios con nuevas estrategias en su afán de no perturbar el humor social; de no crisparlo más de la cuenta. Tal vez sea esta una de las causas por las cuales Cristina Fernández pidió, ante paros sorpresivos e insólitos, que se garantice el servicio de trenes y de aviones. Si hasta pregonó con indignación, como cuál vecina de barrio, por el fin de los "tediosos" cortes de calles. La pregunta es: ¿Por qué no lo hizo antes?

Con encuestas en mano, el oficialismo nacional ahora empieza a entender que ya no es tan buen negocio ir contra la voluntad popular del ciudadano medio, que quiere llegar a su trabajo o a su casa en horario. Y que debe ofrecer mayor resistencia a las presiones gremiales. Política inversamente proporcional a la que practicó en los últimos años, con el pope sindical Hugo Moyano, entre otros correligionarios, en la mesa chica de la Casa Rosada. Con la toma de Soldati, al gobierno nacional se le escapó de nuevo ese íntimo deseo de minar el camino de su adversario. Pero está archicomprobado que culpar a Macri no hace más que fortalecerlo. Y si no que los digan las encuestas sobre quién queda mejor parado tras las usurpaciones de viviendas y la inacción de una Policía Federal, a veces, atada de pies y manos.